Presidente del Consorcio Agrícola del Sur afirma que la ley no se aplica en espíritu original, sino que se ha reemplazado con un criterio de carácter inmobiliario. Mientras que expertos coinciden en que la situación afecta actualmente a agricultores de todo el país e insta al gobierno a impulsar medidas administrativas de alivio.
“El SII interpreta y aplica equivocadamente la ley”, declara tajante José Miguel Stegmeier Schmidlin, presidente de la Sociedad Agrícola del Bío Bío, Socabio, en referencia a los procesos de reavalúos de bienes raíces llevados a cabo por el Servicio de Impuestos Internos, en virtud de la Ley N°17.235 sobre Impuesto Territorial.
“En su espíritu, los reavalúos o rebajas de las contribuciones, tienen que ser calculados en base al potencial productivo del suelo y no al valor inmobiliario. El impuesto inmobiliario se paga si eventualmente se vende el predio y la referencia impositiva es el diferencial de precio”, sostiene y agrega que, “en cambio, las contribuciones tienen que calcularse en base a la capacidad productiva, ubicación geográfica y distancia a centros poblados”, sentencia el dirigente gremial del agro.
El también líder del Consorcio Agrícola del Sur (CAS) señaló que “incluso creemos que en diversas zonas del país, por varias razones, las contribuciones deberían bajar. Específicamente, campos que están usurpados, como ocurre en La Araucanía o campos que hayan sufrido incendios o que, como pasa en la región de Coquimbo, por la sequía, no dispongan de agua para regar, debieran estar exentos o reducir sus contribuciones”.
Fuerte alza en reavalúos agrícolas agobian a productores
UN MILLÓN DE AFECTADOS
El abogado Diego Núñez Araya, experto en Derecho Tributario de la firma Araya y Cía. Abogados, detalla que “a partir del 1 de enero de 2024, Chile ha experimentado un significativo incremento en el valor de los predios agrícolas. Este proceso de reavalúo ha afectado a casi un millón de inmuebles, con un aumento promedio del 44% en el avalúo fiscal de estas propiedades”.
En ese sentido, Stegmeier precisa que “incluso hemos demandado al SII”. Estamos con un juicio que precisamente apunta a que se aplique la ley según su espíritu. Tenemos muchos ejemplos de campos usurpados o incendiados o afectados por las sequías, que han sido reavaluados como si estuvieran en situación normal”, manifiesta el dirigente gremial.
Al respecto, el académico del Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción, Hugo Moraga Flores, señala que “debemos separar dos criterios, el jurídico, que faculta al SII a realizar reavalúos de los predios agrícolas durante este año y que, si somos objetivos, estaría en directa relación con un aumento del valor de los bienes raíces que se ha estado experimentado en el país, donde el sueño de la casa propia o un terreno se ve cada vez más lejano, por las diversas barreras colocadas por los bancos y los excesivos costos de las propiedades a todo nivel de clase social”.
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CONSIDERAR EL CONTEXTO
“Pero”, distingue Moraga, “también tenemos el otro foco, el social, donde estamos insertos en una complicada situación económica con diversos cambios sociales, que tienen directa relación con las empresas especialmente con las pequeñas empresas, o la clase media, que ha visto una oportunidad en la obtención de algún ingreso a través de compra de bienes raíces.
Entonces vemos que el SII está llevando a cabo su rol, pero es el gobierno el que debería considerar la forma de llevar a cabo este cobro de reavalúos agrícolas, o establecer una metodología de tal forma de no afectar a los sectores más vulnerables o sensibles, ya sean personas naturales o pequeñas empresas”.
El cuerpo legal aludido señala que cada cuatro años debe repetirse este proceso y, en este sentido, Stegmeier advierte que “en general, este último reavalúo se aplicó en momentos en que la rentabilidad, sobre todo respecto de los cultivos anuales y la ganadería de carne, ha caído fuertemente. Esto es justamente lo que explica nuestra disconformidad, no se aplica la ley en base a lo que fue el espíritu original de ella y se ha reemplazado con un criterio de carácter inmobiliario”.
“Lo que tiene que ver con las contribuciones, es de carácter productivo y lo que se refiere a impuestos inmobiliarios, se paga en el caso de la venta de la tierra”, afirma Stegmeier.
José Miguel Stegmeier Schmidlin, presidente de la Sociedad Agrícola del Bío Bío, sobre fuerte alza en reavalúos agrícolas que agobian a productores.
MEDIDAS DE ALIVIO
En este sentido y a pesar de que las más afectadas con estos incrementos en reavalúos agrícolas son las regiones del norte del país, Diego Núñez explica que “Biobío, Ñuble, Maule, Los Lagos y Los Ríos también han visto aumentos sustanciales, con promedios que van desde el 52,4% en Biobío hasta el 40,6% en Los Ríos, por lo que, detalla “este reavalúo ha generado preocupación entre los agricultores, quienes ahora enfrentan mayores cargas fiscales en un contexto económico ya desafiante”.
En cuanto a medidas administrativas que se podrían impulsar para contrarrestar los efectos de estos procesos en la economía, Moraga destaca que, “desde el punto de vista de las empresas o personas que se ven afectadas, sólo cabe considerar esta mayor alza en el impuesto territorial, en la planificación administrativa y financiera, ya que es el gobierno quien puede aplicar algún tipo de beneficio o flexibilidad en el pago de los impuestos territoriales, ya sea a terrenos o bienes raíces que se vean afectados por las usurpaciones, incendios o sequías, haciendo la diferencia que las empresas podrían considerar este impuesto dentro de sus gastos rebajando su utilidad por lo cual podría pagar menos impuesto a la renta, opción que las personas naturales no tienen”.
Finalmente, el abogado Núñez advierte que “al estar estos mecanismos establecidos por una ley, la única forma de modificar este sistema de tasación o postergar su cobro es mediante otra ley, para lo cual se hace necesario la intervención y la voluntad política, tanto en la Cámara de Diputadas y Diputados como del Senado”.
