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José Tomás Méndez, Méndez y Amthauer Abogados.
Cifras del INE, en su último boletín sobre informalidad en el trimestre abril-junio de 2022, revelan que la tasa de ocupación informal alcanzó 27,1%, creciendo 1,1 puntos porcentuales en doce meses, debido a que la expansión de la población ocupada informal (14,8%) fue mayor que la registrada por el total de población ocupada (9,9%). Según dicho boletín, las categorías ocupacionales que más influyeron en el alza de la población ocupada informal fueron trabajadores por cuenta propia (14,5%), asalariados privados (15,4%), personal de servicio doméstico (46%), y asalariados públicos 8%.
Cifras muy preocupantes, por decir lo menos, por los riesgos que implica para el sistema de seguridad social, al existir un segmento de relevancia del mercado laboral en situación de precariedad, que no solo significa un alto costo para el ya alicaído sistema, sino que también mayores costos para el empleador como para la sociedad en su conjunto. A modo de ejemplo, una empresa que tiene a un trabajador sin contrato, ante un accidente de aquel, no solo se arriesga a una demanda laboral, sino que además deberá responder por todo el daño que haya ocasionado dicho accidente. A su vez el trabajador o la familia, podrá demandar a la empresa, y como no operan los seguros, será el sistema judicial el que deberá ponerse en marcha.
Así las cosas, evidentemente que al Estado y a las empresas la informalidad les resulta más cara. Y para el mismo trabajador los costos, a la larga, también son altos, pues estando contratado puede optar a beneficios como prestaciones médicas, prestaciones de carácter económico por causa de incapacidad temporal, o por invalidez parcial o total, y prestaciones de supervivencia, que en caso de que el accidente o enfermedad hubieren causado la muerte, la cónyuge sobreviviente podrá obtener el 50% de la pensión básica por un año prorrogable, y vitalicia en algunos casos, de un 30% para la madre de los hijos, o de un 20% para los hijos en ciertos casos.
Las cifras del INE sin duda preocupan, pero al mismo tiempo, son una voz que nos alerta a hacer las cosas bien. Nuestro sistema laboral está siendo sometido a profundas reformas, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, entre otras cosas, pero no sacaremos nada en limpio si no hay un cambio cultural de cada uno de los actores del mercado: el trabajador debe exigir la regularización su relación laboral con sus cotizaciones al día; el empleador, dar cumplimiento a su rol protector de la vida y salud de sus trabajadores; las mutualidades e Instituto de Seguridad Laboral, educar en la prevención; y la autoridad, contribuir en su rol educativo y mejorar la fiscalización. De lo contrario, la informalidad seguirá costándonos muy cara como sociedad.
