Por Cristóbal Cifuentes Torres, abogado Portafolio Legal, magister Dirección y Gestión Tributaria Universidad Adolfo Ibáñez, académico Derecho Universidad San Sebastián
La inseguridad se ha convertido en un tema central en el debate nacional, no solo por sus implicaciones sociales, sino también por sus consecuencias económicas. En Chile, la creciente percepción de inseguridad está teniendo efectos tangibles y negativos en nuestra economía, afectando diversos sectores y reduciendo el potencial de crecimiento del país.
Los economistas han señalado que la inseguridad podría restar hasta 0,3 puntos porcentuales al PIB anual. La razón es clara: los inversionistas buscan entornos estables y seguros para garantizar el retorno de sus inversiones. En un clima de inseguridad, el riesgo percibido aumenta, lo que puede llevar a la desinversión o a la reubicación de capitales hacia países con menores índices de delincuencia.
Un reciente informe del Foro Económico Mundial destaca que la inseguridad pública es un factor clave que obstaculiza el crecimiento económico y limita la inversión en Chile. Esta situación se ve agravada por la ineficacia en la implementación de políticas públicas para reducir la violencia y fortalecer el estado de derecho.
El sector turístico, una fuente crucial de ingresos para Chile, también sufre las consecuencias de la inseguridad. Los turistas, al igual que los inversionistas, priorizan destinos donde se sientan seguros. La disminución en la afluencia turística afecta a múltiples sectores económicos, desde la hotelería y la restauración hasta el transporte y el comercio local.
Además, el comercio minorista y las pequeñas y medianas empresas (pymes) enfrentan altos costos adicionales en medidas de seguridad, como la instalación de cámaras, alarmas y contratación de personal de seguridad. Estos gastos reducen los márgenes de ganancia y, en algunos casos, pueden llevar al cierre de negocios, afectando el empleo y la economía local.
La crisis de seguridad también tiene un impacto psicológico significativo en la población. La constante exposición a actos delictivos genera estrés y ansiedad, lo que a su vez afecta la productividad laboral. Trabajadores preocupados por su seguridad y la de sus familias no pueden rendir de manera óptima, afectando la eficiencia y la productividad de las empresas.
El costo de la delincuencia en Chile es elevado. Según estudios del Centro de Estudios Públicos (CEP), la delincuencia no solo representa una pérdida directa de bienes y servicios, sino que también implica un gasto considerable en medidas preventivas y en el sistema judicial. Estos recursos podrían ser destinados a otros sectores críticos como la educación y la salud, fomentando así un desarrollo más integral y equitativo del país.
A pesar de los esfuerzos por reducir la violencia, la inseguridad sigue siendo un obstáculo importante para la inversión y el crecimiento económico en Chile. El fortalecimiento del crimen organizado y la constante impunidad han generado un ambiente de creciente intranquilidad y preocupación. El costo de la violencia en el país se refleja en un freno significativo a la inversión, limitando el potencial de crecimiento económico.
La inseguridad en Chile está teniendo un efecto tangible y negativo en nuestra economía. Es imperativo que las autoridades tomen medidas efectivas para combatir la delincuencia y restablecer la confianza en la seguridad pública. Solo así podremos garantizar un entorno propicio para la inversión, el turismo y el bienestar general de la población.
En este contexto crítico, ¿podemos permitirnos no tener inversión y crecimiento económico? La inseguridad no es solo un problema social; es un desafío económico que requiere atención y acción inmediata para asegurar el futuro desarrollo de Chile.
