Normativa aprobada en 2023 ha permitido prorrogar beneficios estatales por otros cinco años.
Claudio Rojas Foncillas es administrador de la Asociación de Canalistas Bío Bío Sur, que administra el recurso para riego de más de 40 mil hectáreas de tierras de producción agrícola ubicadas al sur de la Región del Biobío y al norte de la Región de La Araucanía, entre Mulchén y Angol.
El representante comentó que “nosotros somos asiduos participantes de la ley de fomento al riego y es fundamental la percepción de estos bonos para telemetría y automatización de algunos sectores de nuestro canal matriz y derivados. Nos permite tener un control del sector donde están emplazadas estas compuertas y, además, hacer gestión hídrica, que es lo más importante”.
Las declaraciones las formuló en el contexto de una ceremonia encabezada por autoridades del Ministerio de Agricultura. En ella se entregaron las obras de revestimiento del canal Duqueco Cuel, en el sector San Manuel, en Los Ángeles, provincia de Biobío. El Ministerio de Agricultura otorgó bonos por casi $1.600 millones en el marco de la aplicación de la ley de Fomento al Riego y Drenaje N°18.450, cuyos beneficios el Congreso Nacional prorrogó a fines del año pasado.
Esta normativa se define como un instrumento de fomento que bonifica hasta en un 90% obras de infraestructura y sistemas de riego tecnificado. Ya sea para realizar nuevas construcciones como para su mejoramiento, pudiendo postular a estos beneficios tanto personas jurídicas como naturales.
La ley de riego, dice Claudio Rojas, “es para nosotros una herramienta fundamental. Sin ella, difícilmente podríamos hacer este tipo de inversiones que son cuantiosas para nuestros regantes”.
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Desafíos de aplicación de la ley
En la misma línea, el presidente de Sociedad Agrícola del Biobío, Socabío, José Miguel Stegmeir Schmidlin, afirmó sobre la aprobación de la prórroga de esta ley de fomento productivo que “era muy necesaria y lo demuestra el hecho de esta importante asignación de recursos”.
En cuanto a la forma en que se han realizado los procesos de postulación a los beneficios de esta ley, Stegmeier asegura que “han sido transparentes y realmente orientados a soluciones esenciales para los regantes. Es la correcta forma de asignar recursos de esta naturaleza”.
“Idealmente, esperamos que podamos mantener esta normativa por muchos años más, sobre todo por el evidente cambio climático que está ocurriendo. Para adaptarse a él, es esencial mantener instrumentos como éste”, enfatiza el también presidente del Consorcio Agrícola del Sur (CAS).
José Miguel Stegmeir, presidente de Sociedad Agrícola del Biobío, Socabío,
Disponibilidad de recursos
En un tema más ligado con la contingencia, ante el hecho de que mucha de la infraestructura de riego sufrió daños en los últimos episodios meteorológicos extremos registrados en la zona en mayo y junio pasados, Stegmeier afirmó que “cuando, por eventos de fuerza mayor, tal como han sido los causados por las crecidas de los ríos recientes, deberíamos tener recursos inmediatamente disponibles. Por ejemplo, de Estados de Emergencia Agrícola para reparar las obras que puedan resultar dañadas. Son obras de carácter urgente, por lo que los programas normales no logran bajar los fondos a tiempo”, afirma.
En relación con la importancia de incorporar tecnologías como en el caso de los proyectos que se dio a conocer este viernes, Stegmeier asegura que “telemetría, compuertas inteligentes, revestimiento de canales, etc., son los mecanismos indicados para lograr una mejor distribución de las aguas. Así es que estos anuncios van en la dirección correcta”.
El presidente de Socabío afirma eso sí que, “en las próximas líneas que permitan la operación de esta ley, se debiera aumentar la cobertura también hacia los productores medianos, obviamente sin descuidar la opción de que la pequeña agricultura tenga también suficientes recursos para tecnificar el riego”.
