La Asociación Gremial de Trabajadoras de Plantas de Procesamiento de la Industria Pesquera y Salmonera del Biobío se reunió con el delegado presidencial del Biobío, Eduardo Pacheco para exponer e interiorizarse sobre la situación pesquera y los posibles impactos del actual proyecto de fraccionamiento pesquero.
Este proyecto se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Senado, y de mantenerse en los términos que salió de la Cámara de Diputados, podría afectar unos 6.500 empleos en la región, de los cuales 3.500 son ocupados de mujeres, principales jefas de hogar.
La reunión se realizó en cumplimiento del compromiso asumido por la ministra del Interior, Carolina Tohá, tras su encuentro con dirigentes de la pesca industrial durante su visita a la región la semana pasada.
De acuerdo con las trabajadoras, la ministra instruyó al delegado presidencial a reunirse con las organizaciones sindicales para evaluar el impacto del proyecto de fraccionamiento en la empleabilidad, una preocupación planteada en diversos espacios por la asociación gremial. Pacheco, en representación de la ministra, se comprometió a recopilar antecedentes y apoyar a las trabajadoras en la defensa de sus empleos.
Paola Sanhueza, presidenta de la asociación gremial de Trabajadoras de Plantas de Procesamiento de la Industria Pesquera y Salmonera del Biobío
Paola Sanhueza, presidenta de la asociación gremial, explicó que el objetivo de la reunión fue transmitir al delegado la preocupación que existe en el sector por el proyecto de fraccionamiento que, según las trabajadoras, afecta gravemente el empleo en la región.
«Estamos viendo con mucha preocupación cómo estos proyectos de ley van debilitando el derecho al trabajo. Necesitamos que las autoridades se comprometan con nuestra causa y defiendan los empleos locales», afirmó Sanhueza.
La dirigente agregó que esta reunión da continuidad a encuentros previos, como el sostenido con la ministra del Interior donde se planteó la necesidad de que el gobierno tome una postura clara frente al fraccionamiento. «Ya le planteamos a la ministra Tohá nuestra inquietud, y ahora esperamos que el delegado pueda transmitir directamente nuestra situación y lograr una mayor protección para los trabajadoras», señaló.
Las trabajadoras esperan que estas gestiones ayuden a proteger los empleos y visibilicen el rol de las trabajadoras de las plantas de procesamiento. Sanhueza enfatizó «la importancia de unir a las organizaciones para impulsar un movimiento que defienda el derecho al empleo y la independencia económica, fundamental para el sustento de sus familias y hogares», concluyó la dirigente sindical.
