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“La pregunta es si los chilenos estamos de acuerdo en subsidiar con 1.500 millones de dólares a los transportistas”, sostuvo la destacada economista Michèle Labbé.
La Sala de la Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley que busca congelar el precio del diésel por cerca de cuatro meses y establece modificaciones al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), con el fin de que el valor de las bencinas varíe cada tres semanas, y no semanalmente como ocurre en la actualidad. A eso se suma una serie de beneficios para el transporte de carga.
La iniciativa del Ejecutivo que fue despachada a segundo trámite constitucional con 78 votos a favor, 28 en contra y 30 abstenciones, busca evitar las fluctuaciones semanales estableciendo un periodo más amplio de estabilidad de precios, lo que permitiría mantener una programación de valores por un tiempo mayor, lo que beneficiaría al transporte en general, pero también a los productos que están “indexados” al transporte, como los bienes de primera necesidad, entre otros.
Para materializar el cambio en el Mepco, la propuesta detalla la forma en que se calculará el impuesto específico a los combustibles en las distintas semanas de ese período.
Beneficios específicos
Adicionalmente, el texto aprobado presenta algunos beneficios específicos para el sector del transporte de carga, acordados en el último paro de los camioneros. En particular, se extiende la vigencia, hasta el 31 de diciembre del año 2023, del reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diésel para las empresas de este sector, beneficio que aplicará a todas las facturas emitidas durante el año tributario 2023.
Asimismo, establece el régimen de precios aplicable al petróleo diésel hasta el 15 de abril de 2023. Ello asegurará la mantención de precios por 120 días, sin cambios, estableciéndose un mecanismo que lo permite. Luego, se fija un régimen temporal aplicable para los ajustes de precio del petróleo diésel a que dé lugar la operación del Mepco, en el periodo comprendido es entre el 15 de abril de 2023 y el 15 de abril de 2024. Aquí se define un máximo de alzas de 0,25 UTM por metro cúbico cada 21 días.
Para la economista Jefe de Dominus Capital, Michèle Labbé, este proyecto que amplía los beneficios para los transportistas supone para el Estado de Chile un gasto de US$1.500 millones.
Explica que los transportistas, dueños de camiones de cierto tonelaje, reciben hoy día un reembolso del pago de impuestos diésel, que es un cuarto del impuesto que paga la gasolina, y que la ley pretende prorrogar por un año más.
Además, se propone una fijación de precios por 120 días y adicionalmente, se fija por tres semanas con un tope máximo anual. “Es decir, en la práctica es una fijación anual, porque con el nivel de precios que hemos tenido en el último tiempo del orden de los $12 en una semana, todavía es algo corto, pero si es que esta ley se hubiera aprobado en marzo del 2022, solo por efecto de esa ley, sin contar el aplazar en un año esta nueva ley que les devuelve el impuesto al diésel, el gasto para el país en subsidio al negocio del transporte alcanzaría a los US$1.500 millones”, afirmó a www.trade-news.cl.
¿Estamos de acuerdo?
La pregunta que cabe hacerse entonces, señala Michèle Labbé, es si el gobierno o el Estado chileno debe subsidiar a los dueños de camiones o al sector del transporte, que si bien se lleva los riesgos del negocio cuando el precio del diésel sube, también se lleva los beneficios cuando los precios caen, o debe darle las condiciones de seguridad que efectivamente hoy no tiene.
“Tengamos cuidado con esto porque aquí se está mezclando peras y manzanas. La realidad es que lo que se negoció por parte de los transportistas, se hizo poniéndole una pistola en la cabeza al gobierno, porque tenían cortadas las carreteras en periodo de cosechas y eso significa que pudieron ganarle al Estado 1.500 millones de dólares, en caso que se diera el comportamiento del diésel que se dio desde principios de año”, sostuvo la economista en Jefe de Dominus Capital.
Finalmente, precisó que eso siempre es posible hacerlo, “total el gobierno ni el Estado pagan, porque tampoco tienen plata, quienes pagamos somos todos los chilenos. La pregunta es si los chilenos estamos de acuerdo en subsidiar con 1.500 millones de dólares a los transportistas”, sentenció.
