Tras publicarse en el Diario Oficial el traspaso de la División de Gobierno Digital (DGD) desde la Secretaría General de la Presidencia al Ministerio de Hacienda, y que comenzaría a regir a partir del 1 de marzo de este año, desde la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología (Chiletec) manifestaron sus aprehensiones sobre este cambio en la gobernanza digital del Estado.
Según explicó Francisco Méndez, vicepresidente de la asociación gremial, “que esta división esté cerca de la billetera es un cambio interesante, ya que puede solucionar temas de recursos, pero que no estaría resolviendo las atribuciones que estos servicios deberían tener para una efectiva transformación digital del Estado. Las facultades de Gobierno Digital estarán suscritas dentro del marco de atribuciones y competencias que hoy esta última dispone y que datan de 1957, lo que restringiría su autonomía para tomar decisiones que apunten a modernizar la gestión pública y no significaría el verdadero cambio que se necesita”.
Méndez agregó que “un tema relevante es la interoperabilidad gubernamental y, en este caso, no habría un cambio importante porque esta nueva ley no crea una figura que le entregue a esta nueva Secretaría de Gobierno Digital un espacio para que pueda influir en las otras instituciones en temas orgánicos de normas, decretos y funciones, y solamente lo va a tener desde el punto de vista técnico, lo que en la práctica es lo mismo que ocurre hoy día. Si el Gobierno quiere que este cambio genere los resultados esperados, es relevante que se piense en una institucionalidad que tenga las atribuciones necesarias para una transformación digital del Estado, con atribuciones, facultades y recursos ad hoc al tamaño del desafío y los resultados que todos proyectan”.
PRIORIDADES DEL PAÍS
Frente a los desafíos que deberá enfrentar esta nueva secretaría, el vicepresidente de Chiletec afirmó que “deberán posicionar la transformación digital como algo propio del Estado y no de una administración en particular, que realmente contribuya a la alta administración, en la comprensión de que este es un tema que forma parte de la función sustantiva de cada institución y no sólo un tema tecnológico. También, deberá fortalecer las capacidades y distinciones de funcionarios y ciudadanos para un uso efectivo de las soluciones que se implementen, ya que esto debe ser parte de una arquitectura de Estado”.
En relación a las expectativas que tiene Chiletec, Méndez explicó que “este cambio debería generar una mayor coordinación entre los actores en temas de prioridad país, mayor asignación de presupuestos, y un fortalecimiento de las compras públicas. Esto debería traducirse en acelerar el desarrollo de una plataforma transversal de servicios digitales compartidos que integre naturalmente las soluciones verticales de cada sector, aprovechando las sinergias gestionadas por una institucionalidad adecuada, lo que debería traducirse en una demanda más articulada hacia la industria. No son suficientes los importantes esfuerzos técnicos que se han desplegado”, precisó.
“Es dificultoso para una institución pública conservar y mantener a sus equipos de especialistas actualizados y vigentes en las nuevas tecnologías, así como conocer de las experiencias de este sector en el trabajo directo con instituciones del Estado en donde se vive, en la práctica, las limitaciones y capacidades existentes. Esperamos que este cambio sea de una institución en evolución hacia lo requerido y que convoque a la academia y a la industria, integrándoles en las definiciones estratégicas de modernización, incorporando las capacidades y especialización de las empresas en definiciones que impactan al país y a sus ciudadanos, esto en un marco de transparencia y de competitividad. Hay países en la región que lo han entendido así y que cuentan con la institucionalidad adecuada al desafío y su contribución en la transparencia y el desarrollo económico del país, los resultados están a la vista y otros por comenzar a reflejarse”, sentenció el integrante de la asociación gremial.
