La reciente resolución del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de poner término anticipado al procedimiento de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto “Tierras Raras”, ubicado en Penco, puso a la permisología en el centro de la discusión regional y nacional, especialmente, porque en su fase inicial implicaba una inversión de US$ 130 millones para la zona.
Con esta motivación, Faro UDD realizó un análisis sobre la situación de los proyectos de inversión en Biobío en el que se identificó, entre otros, una tasa de aprobación de proyectos evaluados en mínimos históricos y plazos de tramitación a nivel local por sobre el promedio del resto del país.
De acuerdo con los datos recopilados por Patricio Órdenes Alfaro, investigador de Faro UDD a cargo del análisis, explica que “del total de proyectos ingresados, sólo un 28% se encuentra en estado aprobado, lo que implica que sólo el 10% del total de la inversión ingresada a evaluación ha obtenido aprobación al 2022. Esto significa que, de los 1.932 millones de dólares ingresados a evaluación, la inversión que se encuentra en estado “aprobada” al 2022, apenas llega a 195 millones de dólares”.
Por otro lado, el promedio de tiempo de evaluación para proyectos situados en la Región del Biobío llegó a 1.666 días, muy por sobre el promedio nacional de 1.059 días, lo que se traduce en más de un año y medio de demora. Esta situación no sería nueva ya que ha ido en aumento en los últimos cuatro años.
Estudios de Impacto Ambiental, promedio de días totales de tramitación
En medio de este panorama, Órdenes advierte que “hay importantes oportunidades de inversión para la región que se están desaprovechando producto de los mayores costos que implica una permisología ambiental excesivamente extensa. Por ejemplo, la oportunidad regional que significa la inversión en tierras raras, las cuales son un conjunto de 17 elementos distintos que han sido considerados clave para la transición energética y están particularmente presentes en la ciudad de Penco. A 2026 se estima que explotará el mercado de los autos eléctricos, y con ello las tierras raras tendrán una fuerte demanda”.
Para el investigador, el desafío es “compatibilizar el cumplimiento de la regulación ambiental con una tramitación de permisos más eficiente, con menores plazos y mayor claridad, de tal forma de no desincentivar la presentación de proyectos de inversión a futuro. Un sistema de permisos ambientales con excesivos tiempos de tramitación actúa como un ralentizador para la presentación de proyectos, lo cual tiene un impacto significativo no sólo sobre los agregados de inversión a nivel regional, sino también sobre la creación de empleos y las dinámicas salariales de las propias personas”.
