Reiterando su disposición al diálogo con el fin de contribuir al desarrollo y crecimiento de Chile y del Biobío, los principales gremios productivos de la Región entregaron sus impresiones tras la primera Cuenta Pública del Presidente de la República Gabriel Boric, ante el Congreso Pleno. Y si bien valoraron el tono conciliador y convocante del discurso echaron en falta más claridad en materia de políticas públicas en cuestiones como la actividad pesquera, seguridad ciudadana, violencia rural y el restablecimiento del Estado de Derecho, y en la casi nula mención a sectores como el comercio exterior y el silvoagropecuario tan relevante para la seguridad alimentaria del país.
«En materia de pesca y acuicultura cumpliremos nuestro compromiso de avanzar en una nueva ley, que nazca libre de cuestionamientos y fruto de un debate abierto y transparente, es lo que dijo el Presidente respecto del sector pesquero. 
Pero para Macarena Cepeda Godoy, presidenta de los pescadores industriales del Biobío, este anuncio no fue de gran novedad. “Ya el ministro de Economía Nicolás Grau, había anunciado la tramitación una nueva Ley de Pesca y le habíamos transmitido en su oportunidad que este anuncio era de gran importancia para nuestro sector. Esto nos da esperanza, pues entrega algo de estabilidad y un tránsito jurídico normal (y legal) a nuestra actividad, luego de años de amenazas de anulaciones y derogaciones inconstitucionales o legislaciones fallidas y antojadizas, como lo fue “Ley de la Jibia”, que destruyó más de 2 mil puestos de trabajo”, recordó.
Sí, la dirigente de la pesca industrial, destacó las señales y anuncios para el sector artesanal en el marco de la reformulación de la política de fomento de la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala que, según explicó, mejoraría los instrumentos de apoyo del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala. Sin embargo, se echó de menos “algún anuncio sobre dotar de más y mejores atribuciones al Servicio Nacional de Pesca para el combate a la pesca ilegal artesanal que está acabando con recursos pesqueros como la Merluza Común, especialmente entre las regiones del Maule, O´Higgins y Valparaíso”.
“Los más de 6.500 hombres y mujeres que trabajamos en las plantas y barcos de la pesca industrial del Biobío tenemos la ilusión en poder participar con nuestros puntos de vista frente al Gobierno, en igualdad de condiciones que la pesca artesanal, y aportar conocimiento y experiencia construida en más de 100 años de historia pesquera en esta parte del país”.
Una corrección necesaria
Macarena Cepeda reafirmó la necesidad, dijo, de “aportar en una modesta y humilde corrección al Presidente, quien afirmó que es hora de que el Estado sea capaz de desarrollar política “que estimulen esta actividad destinada preferentemente al consumo humano, avanzando en la soberanía y seguridad alimentaria. Pues desde el Biobío queremos decirle al Presidente Boric, con mucho orgullo, que el 85% de las capturas que ejecuta la pesca industrial del Biobío tiene como destino la mesa de los chilenos. Entre ellos, el congelado de jurel, merluza común y langostinos, las conservas de jurel en agua, aceite y tomates y los apanados de merluza”. Y agregó que “los más de 6.500 hombres y mujeres que trabajamos en las plantas y barcos de la pesca industrial del Biobío tenemos la ilusión en poder participar con nuestros puntos de vista frente al Gobierno, en igualdad de condiciones que la pesca artesanal, y aportar conocimiento y experiencia construida en más de 100 años de historia pesquera en esta parte del país”, sentenció.
En tanto, el presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma) Juan Ignacio Ugarte, valoró el llamado al diálogo y a buscar acuerdos en las materias que inquietan y ocupan al país. En esa línea destacó el reconocimiento que hace el Gobierno de la grave inseguridad que se vive en el sur del país y la destinación de recursos extraordinarios a las policías, así como el impulso de una política de Estado contra el crimen organizado “que es lo que estamos viendo en el robo de madera y otras acciones gravísimas de violencia en el sur”. No obstante, sostuvo que “faltó dar prioridad a la seguridad de las personas y a la necesidad urgente de restablecer el Estado de Derecho en la zona, paso fundamental previo a cualquier diálogo o acción que el estado quiera impulsar. La solución del tema tierras no resuelve el terrorismo y violencia que vive la Araucanía y Biobío. Ambas cosas van por caminos diferentes y los atentados contra las personas y robo de madera obedecen a organizaciones criminales que realizan actos terroristas. Recordemos, además, que el mundo de la madera, de acuerdo a cifras oficiales, representa del orden del 15% del total de tierras reclamadas por las comunidades”.
Ugarte relevó que “como mundo de la madera hemos ofrecido nuestra colaboración para enfrentar la emergencia habitacional señalada por el Presidente, construyendo edificios de madera como parte de la meta de las 260 mil que fijó para su mandato”.
Comercio exterior y descentralización
Desde el mundo de las pequeñas y medianas empresas representado en la Asociación de Exportadores de Manufacturas (Asexma Biobío), su gerente general, Alfredo Meneses resaltó las iniciativas respecto de profundizar en ciertas cuestiones que el país requiere en forma urgente resolver, como el tema de seguridad pública, el apoyo a las empresas de menor tamaño y el incentivar o cuadrar que existe una oferta de subsidios acorde a reactivar el sector de la pequeña y mediana empresa. “Se echa de menos eso si, el que no haya habido ninguna mención a la importancia que tiene el comercio exterior para Chile en donde, hace bastante rato, los actores que intervenimos en esta actividad estamos pidiendo una política nacional en torno al comercio exterior y lamentablemente allí nada se dice”.
Meneses extrañó que las menciones o propuestas en torno a la descentralización sean bastante simples. “Solamente se habla de las zonas extremas y no olvidemos que el centralismo afecta a todo aquello que no está en la Región Metropolitana y que una u otra forma los que vivimos en regiones somos mudos testigos, y digo mudos porque efectivamente así es, de las desigualdades. Creo que aquí también faltaron elementos donde se demuestre un real interés en profundizar la descentralización y no solo con el traspaso de competencias a la región. Creo que se requiere bastante más que aquello”.
Según José Miguel Stegmeier, presidente de la Sociedad Agrícola del Biobío (Socabio A.G), llamó la atención que se pretenda que el Estado asuma una serie de actividades que son más propias de los privados, en los distintos ámbitos productivos.
Otro aspecto preocupante “es la reiteración de que el déficit hídrico en algunas zonas, cambio climático de por medio, es responsabilidad de los usuarios de agua para riego, cuando la realidad es que esta precariedad del abastecimiento en algunos sectores rurales se debe fundamentalmente por falta de inversión pública y, en relación a nuestro sector silvoagropecuario, nos parece que no fue lo suficientemente relevado, especialmente si consideramos la importancia que este tiene para la economía de varias regiones del país”.
Si destacó el reconocimiento, correcto, que se hizo de las pymes, “las cuales desde el estallido de violencia, pandemia y situación internacional incluida, son las que mayor daño han sufrido, llegando muchas incluso a quebrar y desaparecer en este periodo…Creo que fue una cuenta que si bien reconoció de lo que se ha logrado como país en estos últimos 40 años, de alguna manera en ella se insiste en intentar lo que prácticamente sería una refundación de nuestra nación, con todos los riesgos e inconvenientes, que esto puede significar”, señaló el dirigente del agro.
“Las ideas siguen estando poco claras. Escuchamos un marco general con ganas de avanzar en aumentar la inversión y fomentar el crecimiento, pero no vemos anuncios económicos concretos en cómo será…”.
Buenas intenciones
La Cámara de la Producción y del Comercio (CPC Biobío) lamentó en tanto, que se siga en la dinámica de las buenas intenciones y sin planes concretos para hoy. “Hoy no escuchamos avances en materias de seguridad en la macrozona sur…No sentimos ni vemos el sentido de urgencia de este terrible flagelo para nuestra región. Cuando el Presidente Boric habla de la importancia que tiene para el país el recuperar la inversión no podemos dejar de lado que sin seguridad no hay inversión. Las familias, los trabajadores, emprendedores y empresarios de la macrozona sur requerimos de medidas urgentes en materia de seguridad para poder recién avanzar en la capacidad productiva”, declaró el presidente de la entidad, Álvaro Ananías.
A juicio del gremio empresarial, “las ideas siguen estando poco claras. Escuchamos un marco general con ganas de avanzar en aumentar la inversión y fomentar el crecimiento, pero no vemos anuncios económicos concretos en cómo será. Continua la incerteza en relación a las reformas de pensiones y tributarias que se presentarán próximamente en el Congreso: Creemos que es necesario avanzar, siempre hay disposición a participar en un pacto tributario que permita que la productividad del país vuelva a crecer, necesitamos conocer el detalle de los proyectos que permitan que avancemos como país. Para recaudar más impuestos se requieren emprendedores y empresas funcionando bien y en un entorno económico favorable y seguro”, precisó.
Señal positiva
Desde la academia, Ricardo Fuentes, director de la carrera de Ingeniería comercial de Universidad Andrés Bello, una señal positiva fue el tema de la seguridad. “De acuerdo a lo que hemos visto a partir de nuestro Índice de Percepción Empresarial Regional, Iper, una de las preocupaciones de los empresarios locales recae fuertemente en temas de seguridad.
Por esto es que los anuncios en cuanto a las indicaciones para la creación del Ministerio de Seguridad Pública, Protección Civil y Convivencia Ciudadana y las reformas a las policías son auspiciosos”.
Para fuentes, “la falta de seguridad afecta la inversión, el crecimiento y empleabilidad por al menos dos canales. Primero, eleva costos directos de las empresas al entorpecer y ralentizar el transporte de insumos y productos. Además, contribuye a la incertidumbre de aquellos sectores productivos más expuestos a las consecuencias de la delincuencia o la violencia. Esta mayor incertidumbre no solo genera reticencia de parte de los inversionistas a comprometer fondos propios para la ejecución de nuevos proyectos, ya que el costo de oportunidad de invertir en este tipo de negocios aumenta, sino que además, encarece las fuentes de financiamiento que complementan estos fondos”, concluyó.
