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La iniciativa favorecería a unas 5 millones de personas, quienes podrían optar a crédito para emprender o adquirir una vivienda, pero analistas advierten que esto encarecería el acceso a financiamiento bancario a todos los segmentos.
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley denominado “Chao Dicom”, que sanciona el uso de datos relativos a deudas impagas al 30 de abril de 2022, hasta un monto total de $2,5 millones.
Por nueve votos a favor y uno en contra, la iniciativa legal impulsada por el diputado socialista Daniel Manoichehri recibirá ahora indicaciones hasta el 13 de junio para su próxima discusión.
De prosperar, la ley beneficiaría a unas 5 millones de personas, que a juicio del diputado impulsor, traerá nuevas oportunidades a las personas, ya sea para solicitar un crédito hipotecario, u otro para adquirir capital de trabajo, en cuyo caso, se aporta a la reactivación económica de Chile, argumentó Manoichehri.
El CEO de Inversión Fácil, Cristian Lecaros explicó que básicamente la ley permite eliminar del boletín comercial a las personas que tengan deudas menores a $2 millones y medio, pero no elimina la deuda, advirtió, sino que sólo la borra del informe y eso obviamente tiene implicancias negativas desde el punto de vista de los actores financieros, sostuvo.
“El Dicom se ocupa en el corretaje, para evaluar un nuevo crédito de consumo o hipotecario. En el fondo, es un proyector de riesgo, por lo tanto, es obvio que los actores financieros no le encuentran mucha utilidad a este tipo de borronazo, porque finalmente atenta contra la libre información que utilizan los actores económicos para determinar quién merece un crédito”.
Además, añadió Lecaros, se sabe que cuando surgen este tipo de proyectos, los bancos o instituciones financieras suben la tasa a todas las personas, bajo la premisa de riesgo más alto parejo, entonces esto provocaría que personas con bajo riesgo crediticio, igualmente podrían terminar pagando tasas más caras, planteó.
Por su parte, el académico de los Programas Advance de la Universidad San Sebastián, Mario Ortiz, coincidió respecto a los efectos, al decir que hay que ser claros en que el proyecto “Chao Dicom” no es una instancia legal que busque la condonación de todas las deudas de una persona, ya que en primer lugar está acotado sólo a deudas de hasta 2,5 millones de pesos y, por otro lado, que se hayan materializado durante el periodo de pandemia y que se encuentren adeudadas al 30 de abril de 2022.
“Esta iniciativa permitiría eliminar del registro a un gran número de personas, sin embargo, hay que señalar que la información es fundamental para el mercado crediticio, pudiendo esta medida perjudicar a aquellas personas que son buenas pagadoras ya que el sistema no podría, por falta de información, discriminar entre buenos y malos pagadores en la gestión de los créditos”.