Urgen cambios a la ‘Ley Lafkenche’

Experto acusa falta de realismo en el momento del diseño de la actual legislación y explica cuáles son las modificaciones más apremiantes.

Desde la promulgación en 2008 de la Ley 20.249 que crea la figura jurídica del espacio costero marino de los pueblos originarios (ECMPO), son más de 4 millones de hectáreas y actualmente hay 81 solicitudes pendientes. En la práctica, esta ley asigna, indefinidamente, superficies del borde costero marino hasta las 12 millas de mar territorial a una comunidad indígena o una asociación de ellas para que las destinen a usos consuetudinarios de diversa naturaleza, como medicinales, recreativos, cosmológicos, religiosos.

Sus impactos negativos tienen más que ver con la forma en que se ha implementado que con el contenido estricto del cuerpo legal, explica el investigador de Faro UDD Jorge Cordero Frigerio, cientista político y Magíster en Estudios Públicos especializado en temáticas como resolución de conflictos y estudios de paz, estudios indígenas, teoría política y democracia. “Hay dos tendencias que están muy marcadas al respecto a cuáles son los lugares que concentran la mayor cantidad de solicitudes, que son Los Lagos y Biobío, aunque hay una diferencia muy abismal entre una y la otra y, así, en el Biobío, las primeras solicitudes aparecen recién a partir del 2021 y así sucesivamente ha aparecido un ECMPO decretado cada año”, afirma.

¿Podríamos decir que estos decretos son una fuente de conflicto socioeconómico?

Yo lo matizaría. Siempre es complejo hablar de este tipo de leyes y muchas veces genera cierto resquemor a raíz de los conflictos que son más visibles. Me refiero, por ejemplo, el caso de Aysén que es emblemático y también hace un par de meses en la zona de Ancud, o de Chiloé y Los Lagos donde ha aparecido focos de conflicto. Pero más que por el instrumento en sí, los problemas están en la forma en la que se aplica la ley, eso es lo que genera el conflicto.

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Impacto de la Ley 20.249 y la Creación del ECMPO

Por entregar una aproximación, al analizar la cantidad de hectáreas que se han entregado a nivel nacional decretadas como ECMPO, llegan a 250 mil o 300 mil, y si uno observa la solicitud que se hizo en Aysén a comienzos de este año era por más de 600.000 hectáreas, entonces las solicitudes son las que son problemáticas, más que el instrumento en sí. Cuando estos instrumentos se prestan para el abuso del derecho es cuando aparecen los focos de conflicto.

¿A qué puede deberse que la ley deje espacio para estas desproporciones?

Vale preguntarse cuáles fueron los problemas de implementación en la construcción de la ley lafkenche que permite que hoy día se abuse del derecho. Eso habla de un problema de diseño y de técnica legislativa que debiera corregirse el corto y mediano plazo. Si no, este tipo de focos de conflicto van a seguir apareciendo. Porque ya nos hemos dado cuenta que estas solicitudes, si se mal utilizan o se desnaturalizan de su foco real, pueden utilizarse para frenar proyectos, por ejemplo, que se escapan del origen por el cual fue legislado.

¿Estos problemas de diseño se deben a la falta de participación?

Toda norma de este tipo tiene que someterse a consulta o, por lo menos, a que haya participación activa de indígenas en la construcción del proyecto. De lo contrario, es muy fácil que se deslegitime porque a lo que tienen que apuntar es a generar un consenso dentro de la población indígena. De hecho, la construcción de la ley tardó una cantidad significativa de años en legislarse y dispuso de amplia participación por parte de comunidades indígenas.

¿Esto se logra a través de consultas o existen otros mecanismos?

Ciertamente está la consulta, pero también puede establecerse una mesa de diálogo en las zonas más afectadas. De hecho, recuerdo la propuesta que elaboró la comisión presidencial en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y una de las sugerencias era que ellos tenían un diagnóstico político muy bien realizado respecto a los posibles conflictos que iba a generar esta ley. Ya que en 2016 todavía no habían tantos problemas relacionados con esta ley, no eran noticia en la discusión nacional y una de las cosas que ellos sugerían es que era necesario elaborar una mesa de diálogo para poder abordar los nudos críticos de, una manera participativa antes de que empezasen a adelantar conflictos más grandes.

Hay que considerar este tipo de instrumentos para aquellas reformas que son de largo plazo como estas. En temas que trascienden al gobierno de turno y que van en línea de mejorar la ley en un sentido mucho más amplio, no sólo focalizado en los puntos que producen conflictos.

Urgen cambios a la ‘ley lafkenche'

¿Cómo hacer participar en la discusión a quienes han levantado la voz ante estos decretos como el caso de trabajadores de la industria pesquera?

Es muy complejo, tanto que va más allá de quienes trabajan en la industria. También hemos visto muchos pescadores artesanales y sus organizaciones de pescadores artesanales e, incluso, comunidades indígenas, que es algo que no se comenta mucho, pero también hay indígenas que trabajan de la pesca y que también se ven afectados.

Pero esto más que incluir estas voces, la resolución de este tipo de problemas tiene que ver con reformar lo que hay que reformar y me parece que está claro cuál es el principal tema que genera conflictos: la suspensión de concesiones marítimas, esa suspensión inmediata es lo que genera focos de incertidumbre, porque es muy difícil poder proyectar temas productivos en determinadas zonas, si es que la concesión está suspendida por una cantidad de años exorbitante y no logra tramitarse. Hay un consenso entre los expertos en este temas y es que debiera establecerse una modificación a ese punto, o sea, discutir cuándo debe ir a sus generarse la suspensión de la concesión marítima, que no sea inmediato cuando recién se establece la solicitud.

¿Por qué el legislador dejó este punto así?

Yo creo que simplemente se pensó que la capacidad estatal iba a cumplir con los plazos establecidos, nunca se pensó que los procesos se iban a demorar mucho más. Se consideraba que todo este proceso administrativo no iba a demorar más de un año y en la práctica sucede que está hasta ocho años tramitándose y ahí es donde se produce la incertidumbre. No se consideró las limitaciones de las instituciones del Estado. De hecho, de acuerdo a un análisis que hicimos, hasta el 2023, el foco de las solicitudes se concentraba mayoritariamente en la CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena), que es una institución que tiene limitaciones de recursos, pero especialmente de capital humano que impiden que estos temas puedan resolverse en los tiempos que corresponden.