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Normativa que otorga derechos en borde costero cumplió 16 años y ha estado en entredicho durante los últimos meses. Diversos actores explican por qué.
La ley 20.249 de 2008 creó los espacios costeros marinos de los pueblos originarios (Ecmpo) para preservar el uso consuetudinario de dichos espacios. Esto mantiene las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades indígenas vinculadas al borde costero. Sin embargo, con el paso de los años, este cuerpo legal ha mostrado la dificultad de su aplicación. Cada vez son más los actores que llaman a rechazar las solicitudes sometidas a su escrutinio. Estos procesos incurren en largos trámites que no llegan a buen puerto.
Jorge Cordero Frigerio, académico e investigador de Faro UDD, tiene una tajante postura sobre esta ley. “Es necesario considerar su reforma”. Si bien es una ley bien intencionada, en la práctica hay una distancia grande entre los plazos que fija la ley lafkenche y la capacidad real del Estado para cumplir con los tiempos. Especialmente por parte de la Conadi, lo que constituye una gran fuente de incertidumbre. Esto afecta a los sectores productivos, pescadores artesanales y a las mismas comunidades indígenas que hacen una solicitud.
Desde el Consejo del Salmón, asociación gremial formada por cinco empresas de salmonicultura (AquaChile, Australis Sea Food, Cermaq, Mowi Chile y Salmones Aysén), su director corporativo Rodrigo Pinto Astudillo manifiesta una opinión similar.
“La ley Lafkenche tiene una buena intención y un buen espíritu, sin embargo, luego de varios años de aplicación, la experiencia ha demostrado que tiene importantes vacíos y debilidades que hacen urgente atender y mejorar. Sus actuales tramitaciones han derivado en la generación de conflictos en algunas regiones y comunidades. Es urgente su revisión y perfeccionamiento”, asegura.
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LEY LAFKENCHE: ALGUNAS URGENCIAS
El académico advierte, “hay otras dimensiones de la ley Lafkenche que pueden reformarse rápidamente y destrabar algunas de las trabas inmediatas. Por ejemplo, aplazar la suspensión de concesiones marítimas en tramitación solo en aquellos Ecmpo que se encuentren en una etapa avanzada de tramitación o en aquellos donde ya exista un fallo”. Entre los problemas más urgentes de corregir, destaca “se requiere agilizar el proceso administrativo. Si se cumpliesen los tiempos efectivos, habría menos conflicto y mayor certidumbre en los actores de la región”. Para esto es importante analizar la situación de la Conadi, pues la mayoría de los procesos en trámite se encuentran estancados en el informe de derecho consuetudinario.
En este punto, Paola Sanhueza Brevis, presidenta de la Asociación Gremial de Trabajadores de la Industria Pesquera Salmonera, es enfática. “No es posible que la Conadi, sin rendirle cuentas a nadie, impulse solicitudes a diestra y siniestra sin siquiera recabar los antecedentes como corresponde. Creo que ahí tenemos una falencia muy grande, eso hay que mejorarlo con reglas claras”.
En la misma línea, el director del Consejo del Salmón afirma que “la propuesta de suspender el otorgamiento de Ecmpo mientras se tramita la moción parlamentaria de modificación legal, debe ser analizada. Sobre todo, considerando lo ocurrido en Aysén en febrero, cuando dos comunidades de menos de 38 personas solicitaron la concesión de más de 600.000 hectáreas, es decir, el equivalente a más de 40 ‘Islas de Pascua'. Esto provoca tensiones en la comunidad territorial y productiva de la región”.
Este mismo caso, Paola Sanhueza “despertó mucho la voz de alerta porque tenemos muchas fuentes laborales en la industria. Con esta solicitud, afectan no solo al sector productivo más grande, sino también a la pesca artesanal, y la miticultura y paralizan todo tipo de actividad futura en el mar”.
Llaman a mejorar ‘ley Lafkenche'
MAYOR REPRESENTACIÓN: MÁS LEGITIMIDAD
En otro punto, Cordero aconseja que se discuta la forma en que este articulado sea reformado. “Para una actualización profunda se requiere de un mecanismo participativo que incorpore a todos los actores involucrados: sectores productivos, comunidades indígenas, pescadores artesanales, comunidad académica, autoridades locales (principalmente de Los Lagos y Biobío) y autoridades nacionales. En ese sentido, es interesante mirar la propuesta de la Comisión Asesora Presidencial liderada por el fallecido Obispo Vargas. Esto es crear una mesa de diálogo local. Puede ser un punto de partida para una reforma de largo plazo”.
En cuanto a recomendaciones que se le podrían hacer al Legislativo, desde la academia, el investigador UDD afirma que “es importante tomarse en serio la discusión respecto a la nueva ley de Pesca que se discute en el Congreso. Parte de los problemas anclados a la Ley Lafkenche podrían resolverse o mediarse en esta discusión legislativa que en el pasado no consideró como correspondía a los indígenas. En el mismo sentido, recomienda “adelantarse. Es muy probable que una reforma significativa de esta ley deba someterse a consulta indígena, por lo que una mesa de diálogo puede dotar de legitimidad la reforma a la ley”.
CONTROLES DE ADMISIBILIDAD
En un sentido práctico, Pinto sostiene que se requiere “incorporar controles de admisibilidad en las solicitudes, en el número e identidad de solicitantes, superficies solicitadas, mecanismos formales de participación de las comunidades del territorio y actividades productivas. Estas actividades incluyen pesca, acuicultura, transporte, logística, obras públicas, turismo, etc.”. Además de establecer “controles a la admisibilidad de fondo de las solicitudes, principios de respeto a la coexistencia con actividades productivas ya existentes en el territorio. Debe eliminarse el efecto suspensivo de las solicitudes y también la existencia de solicitudes sucesivas o superpuestas. Además, regularse por vía reglamentaria el mecanismo de revisión, aprobación o rechazo de las solicitudes. En fin, confiamos en que el Congreso pueda avanzar en la moción de la **Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado”.
Finalmente, la dirigenta de los trabajadores enfatiza que “es súper importante fijar límites en cuanto a la cantidad de hectáreas, contar con espacios señalados, lo más consensuado posible. Deben estar todos los actores representados, incluyendo a los trabajadores que actualmente no estamos considerados y deberíamos estar presentes también como federaciones o confederación. Porque son nuestras fuentes laborales las que están en riesgo”.
