Por Allan Mix, presidente Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia (Sochimu)
En los últimos años, los hospitales y centros de salud se han convertido en escenarios recurrentes de violencia. Lo que debería ser un espacio seguro para el cuidado y la recuperación de la salud enfrenta diariamente amenazas que comprometen gravemente su funcionamiento y la integridad de quienes trabajan allí, así como de los pacientes.
La Urgencia del Hospital Padre Hurtado, una institución clave para la atención de salud pública en la zona sur de Santiago, estuvo paralizada unos días debido a los graves hechos de violencia sufridos en los últimos meses, lo que ha obligado a sus funcionarios a cesar actividades. A modo de ejemplo, a finales de año, un tiroteo dejó a dos enfermeras heridas con perdigones. Por ello, la consigna de los trabajadores, «menos balas, más seguridad», es un grito desesperado que no puede seguir siendo ignorado.
Este episodio no es un caso aislado. Días antes del hecho mencionado anteriormente, el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (SAR) de Los Quillayes sufrió dos ataques consecutivos, que dejaron daños materiales y detuvieron la atención a la comunidad. Desde agresiones verbales hasta ataques físicos, el personal de salud enfrenta un entorno laboral cada vez más hostil, que afecta su salud mental y física. Las consecuencias no se limitan al equipo sanitario; también los pacientes ven interrumpida su atención en momentos críticos.
Entonces, ¿quién se hace cargo? ¿Cuánto más podemos tolerar que los hospitales se transformen en campos de batalla? Es urgente implementar un enfoque integral que combine medidas de seguridad efectivas, protocolos estrictos y una revalorización del rol del personal sanitario. Esto incluye controles de acceso rigurosos, refuerzo de la presencia de seguridad y campañas educativas para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de respetar estos espacios vitales.
El Estado y las instituciones tienen el deber de garantizar un entorno laboral digno y seguro para los trabajadores de la salud. Las palabras de apoyo son insuficientes, mientras la inseguridad se suma al agotamiento mental y físico de los trabajadores que deben interactuar directamente con los agresores. Se necesita una acción concreta que respalde a quienes, en medio de esta crisis, continúan trabajando con profesionalismo y vocación. La violencia no puede normalizarse.
El sistema de salud pública está en riesgo vital. La inacción no solo pone en peligro la integridad de los profesionales, sino también la esencia misma de un sistema que, pese a sus falencias, sigue siendo un pilar fundamental para millones de chilenos. Es hora de que autoridades, instituciones y sociedad civil asuman su responsabilidad y trabajen en conjunto para poner fin a esta alarmante situación.
