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Gremio de la pesca industrial estima en US$2 millones el impacto del paro en Coronel

Ante la toma ilegal en Puerto Coronel, que suma más de 50 días de inactividad, los Pescadores Industriales del Biobío y sus empresas socias: Landes, Blumar, Camanchaca, FoodCorp y PacificBlu declararon como “de extrema gravedad, la paralización de las operaciones de Puerto durante más de siete semanas,  lo que ha desencadenado una seria de  externalidades negativas que han impactado fuertemente a la economía y a todo el sistema productivo, especialmente en la Región del Biobío”. 

Desde el inicio del paro, permanecen al interior de Puerto Coronel 85 contenedores inmovilizados, con productos congelados como jurel, salmón, choritos, además de harina de pescado, equivalentes a 2.000 toneladas de carga que tenían como destino mercados internacionales. Toda esta está en riesgo de perderse debido a que desconocemos el estado de almacenamiento de la carga, señalan. 

Los Pescadores Industriales del Biobío, hacen ver además, el caso de un barco destinado en un 100% a la carga de jurel congelado, que esperaba cargar 6.200 toneladas que no ha concretado la operación de embarque. A lo anterior, se suma otra serie de costos adicionales que hemos debido asumir para realizar exportaciones desde la zona del país, al igual que la diferencia tarifaria por salir por otros puertos con navieras con las que no existen contratos.

Todo esto ha generado un impacto económico de US$2 millones, ya sea por pérdidas en producción, incumplimiento de contratos de exportación o costos adicionales que hemos sido forzados a asumir. 

“Como gremio, parte de un ecosistema productivo importante para , nos preocupa la forma en que el Gobierno ha declarado que  el conflicto corresponde a una toma violenta e ilegal que se trata de  un “conflicto entre privados” y forzando a la empresa tomada a conversar con quienes apedrean sus buses e impiden acceder a trabajadores contratados que desean laborar. La acción violenta y unilateral de un grupo de trabajadores es lo que hoy está bloqueando la reanudación de las actividades portuarias”.

Lo cierto, arguyen, “es que la situación se transformó en una cuestión de Estado, ya que es la imagen de Chile la que termina arrastrando riesgos al no permitir la exportación ni la importación de productos, contraviniendo contratos y vulnerando derechos constitucionales. Es tarea del Estado garantizar el libre tránsito y el resguardo de infraestructura crítica sensible para la región”. 

Por todo lo anterior, es que finalmente, hacen un llamado al Ejecutivo a ser parte activa de las soluciones, a hacer respetar el Estado de Derecho sin condiciones y así garantizar a todos los sectores productivos que siguen acumulando pérdidas, un pronto retorno a la normalidad. “La no puede seguir en un clima de incertidumbre, pues hay inversiones, negocios y familias que esperan una pronta respuesta”, concluyen.