Expertos creen que, si bien reconocen aspectos positivos en la medida, los profesionales también aseguran que podría generar una nueva fuga de capitales e incertidumbre para los inversionistas.
En un nuevo impulso por fortalecer la lucha contra la evasión y elusión tributaria, el Gobierno persistirá en su propuesta de levantar el secreto bancario, una medida que generó controversia durante la fallida reforma tributaria en marzo. La iniciativa, que busca mejorar la transparencia y eficacia en la fiscalización tributaria, fue confirmada por el Presidente Gabriel Boric, quien adelantó el envío de un proyecto de ley.
Al respecto, expertos en la materia salieron a analizar la medida anunciada por el Gobierno, reconociendo que podría contribuir para detectar evasión, elusión y lavado de activos, pero también aseguran que implica riesgos importantes a la economía.
Álvaro Moraga, abogado tributario de Moraga y Cía, comentó que “es un planteamiento populista e irresponsable. Populista, porque el levantamiento del secreto bancario existe previa orden de los tribunales de justicia. Irresponsable, ya que en momentos donde la indefinición constitucional genera un alto grado de incertidumbre para los inversionistas”.
“Este tipo de anuncios de megáfono en la voz del propio Presidente de la República, sin ningún estudio ni proyecto previo que se pueda conocer en detalle, lo único que consigue es profundizar la incertidumbre, ahuyentar la inversión, y con ello mantener paralizada nuestra economía”, aseguró Moraga.
Visión similar comparte Michel Aguilera, director de Litigios y Controversias en Cabello Abogados Tributarios, quien explicó que en la legislación tributaria chilena ya se contempla un procedimiento para levantar el secreto bancario, el cual permite al SII requerir información directamente a los bancos. Si este último no accede, el SII puede recurrir al Tribunal Tributario y Aduanero competente.
Por esto, Aguilera detalló que “probablemente el proyecto de ley anunciado por el Gobierno buscará establecer un mecanismo mediante el cual la autoridad administrativa pueda acceder a la información sin necesidad de una autorización judicial previa”.
“Si bien una medida de este carácter teóricamente podría agilizar las investigaciones o fiscalizaciones que lleve a cabo el SII. Por otro lado, implicaría una transgresión clara al derecho a la protección a la vida privada que se encuentra consagrado constitucionalmente, según lo dispuesto en el artículo 19 N°4 y N°5 de la Constitución Política de la República”, advirtió.
Además, sostuvo que la medida “significaría entregar a la autoridad administrativa una gran cantidad de información reservada de las actividades económicas de los contribuyentes cuya revelación para otros fines podría implicar riesgos importantes para el funcionamiento del mercado”.
Sobre las luces y sombras de esta iniciativa también se refirió Patricio Gana, experto tributario y director ejecutivo de AK Contadores, quien coincidió que la propuesta permitiría tener “más datos para detectar evasión, elusión y sobre todo el lavado de activos” y una buena herramienta para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
Sin embargo, “también tiene desventajas, especialmente ahora que se han conocido irregularidades y eventual pago de coimas en el SII y la CMF. Si esta información se filtra puede lesionar gravemente los intereses de los contribuyentes”.
Según el experto, los problemas que podría generar esta medida van desde conflictos familiares hasta un impacto en el mercado. “En el mundo de los negocios, de filtrarse dicha información podría generar problemas en las negociaciones entre contribuyentes, conflictos legales, así como eventuales e injustificadas persecuciones políticas hacia ciertas personas”, aseguró.
Otro efecto sería, “una nueva fuga de capitales, aunque mucho más acotada de la que vivimos en el período previo al Plebiscito del proyecto de constitución 2022”, concluyó Gana.
