Por José Navarrete Oyarce, director Magíster en Tributación, Universidad Andrés Bello, Concepción
En estos últimos dos meses, hemos sido testigos de los embates de la naturaleza sobre
una parte importante de nuestro país, a través de fuertes lluvias que han provocado
inundaciones, destruyendo infraestructura pública, así como afectando diversos sectores
económicos, tales como la agricultura.
Lamentablemente, este no es un hecho aislado, puesto que estas grandes inundaciones se
han visto también en otras latitudes, así como otras singularidades climáticas como olas
de extremo calor, en el caso de algunos países de Europa. Si bien el cambio climático
comenzó con el inicio de la revolución industrial en el siglo XIX, durante los últimos 50
años, el efecto de la acción humana sobre el clima se ha hecho evidente y preocupante.
Si bien gran parte del cambio climático está explicado por la actividad industrial, la visión
moderna de los negocios está dando un vuelco potente hacia el concepto de
sostenibilidad, cada vez más internalizando en la estrategia de muchos negocios.
En ese sentido, el mercado está demandando en forma creciente más información acerca
del impacto climático que tienen las empresas, como un elemento importante, por
ejemplo, para definir estrategias de inversión. Estas divulgan la información al mercado a
través de distintos marcos o modelos, que se materializan en los llamados reportes de
sostenibilidad. Si bien ha habido iniciativas orientadas a la homogenización de la
información que se presenta al mercado, en el último periodo se ha dado un paso
relevante, con la emisión de las normas IFRS de Sostenibilidad, las que, se espera, sean
adoptadas como estándares mundialmente aceptados. Prueba de ello es el respaldo que
IOSCO, International Organization of Securities Commissions, entidad que agrupa a gran
parte de los reguladores de mercado mundial, ha dado a estas nuevas normas emitidas
por la Fundación IFRS, emisor de las normas de contabilidad más utilizadas a nivel
mundial.
En efecto, la IFRS S2 es una norma específica relativa al impacto que el clima tiene sobre
los negocios. En ella, se exige que las empresas divulguen los riesgos y oportunidades
relacionados con el clima, esto es, el posible efecto que el cambio climático puede tener
en la operación de la entidad. Para esto, es necesario que las máximas autoridades de
cada empresa, su gobierno corporativo, se involucren y tengan un papel activo en el
reconocimiento de los riesgos y oportunidades, así como en las estrategias que se llevarán
a cabo para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades.
La obligación de reportar estos aspectos al mercado obligará a las compañías a incorporar
el cambio climático en su estrategia, lo que, a la larga, debería tener en una reducción de
sus efectos. A modo de ejemplo, si en este análisis, una compañía determina que su huella
de carbono es superior a su competencia, tendrá que hacer los ajustes necesarios para
regularla, puesto que, si no lo hace, su valor en el mercado podría verse deteriorado, al
hacerse pública esta información.
Sin duda, la emisión de estas normas supone un cambio relevante en la forma de hacer
negocios, y que deberían implicar mejoras, tanto para el mercado como para los
stakeholders.
