La Cámara de la Producción y del Comercio, CPC Biobío, manifestó su inquietud ante la iniciativa legal que impulsa el gobierno a través de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (Sbap) que actualmente se encuentra en discusión en la Comisión Mixta del parlamento.
Observamos con preocupación la indicación que permitiría que no se renueven ni otorguen nuevas concesiones en áreas marinas protegidas para la industria salmonera y sus derivados, en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. Dicha normativa, pondría en riesgo los 2.400 empleos directos que existen hoy en las plantas de procesamiento de salmones que operan en las provincias de Biobío y Concepción, dicen desde el gremio regional.
Este viernes recién pasado más de 10 mil trabajadores del salmón se manifestaron en las calles de Puerto Montt, Puerto Natales y Quellón en Chiloé en contra de este proyecto, ya que perjudicaría los empleos del sector, sostuvieron los trabajadores.
“El descontento que hoy tenemos, y los oídos sordos que ha hecho el gobierno con respecto al proyecto que se está discutiendo en la comisión mixta donde no han querido escuchar a los trabajadores. Somos alrededor de 70 mil trabajadores. Todos estos proyectos solo perjudican y empobrecen nuestro país. Vamos a defender nuestro derecho al trabajo”, dijo Paola Sanhueza, presidenta del sindicato de Blumar.
La dirigente agregó que “las empresas no tienen proyección ni estabilidad para seguir funcionando”.
Defensa de la empleabilidad
Mientras que el presidente de la Multisindical de Trabajadores del Salmón y Ramas Afines, Alejandro Santibañez, indicó, que “hoy día los trabajadores están más unidos que nunca (…) Creemos que es injusto que por secretaría quieran sacar a los salmoneros del sur de Chile. Más que a los salmoneros, a los trabajadores”, sentenció.
Desde la multigremial de Biobío señalan que “es nuestro deber defender la empleabilidad regional y alertar a nuestros parlamentarios sobre los riesgos laborales que medidas como estas implicarían, afectando la calidad de vida de nuestros habitantes”.
Por ello llamaron a los diputados y senadores a cuidar los empleos de la región del Biobío, y ponderar los impactos que leyes como estas pudieran provocar, tal como ocurrió con la ley de la jibia que dejó a cientos de trabajadores de la región, especialmente mujeres, sin su fuente laboral.
“Como gremio siempre estaremos disponibles a aportar al debate de políticas públicas, toda vez, que éstas permitan conciliar la protección del medio ambiente y la biodiversidad con el desarrollo productivo de las industrias que brindan empleo y mejoran la calidad de vida de miles de familias. Sin embargo, tenemos la firme convicción que ese debate debe ser acompañado de grandes consensos y no de caminos ideologizados”, sostienen desde la CPC Biobío.
Finalmente, agregan que “lo que necesita hoy nuestro país son certezas, y consideramos que esta normativa viene a sumar el grado de incertidumbre existente, lo que se traduce en un riesgo para la inversión y el desarrollo económico especialmente de nuestras regiones”.