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Parlamentarios propusieron esta medida para desincentivar la inmigración, pero expertos creen, incluso, que es discriminatoria.
Expertos catalogaron de inviable y discriminatoria la propuesta los congresistas Víctor Pino y Yovana Ahumada, quienes presentaron un proyecto de resolución solicitando que se establezca la creación de un impuesto a las remesas de dinero enviadas por personas naturales, desde Chile hacia países de América del Sur y el Caribe, como una forma de desincentivar la migración irregular.
En caso de ser aprobada por la Cámara de Diputados y Diputadas, la propuesta determina que el Presidente Gabriel Boric, en conjunto con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, debe enviar un proyecto de Ley al Congreso con el mecanismo para llevar a cabo esta medida tributaria.
Para Patricio Gana, contador y director de AK Contadores, el impuesto a las remesas le parece absolutamente discriminatorio “¿Por qué se le cobraría a países de América Latina, por ejemplo, y no a personas que envían dinero a Europa o a otros países? Me parece tremendamente discriminatorio”, remarcó.
Dijo que no tiene ningún sentido incluso de humanidad. “Quizás podría aceptarse un proyecto de estas características si tuviese una tasa impositiva muy baja, casi imperceptible, pero, aun así, le estás cobrando a personas que tienen una situación humanitaria muy delicada. Por lo tanto, ya desde ese punto de vista es un proyecto que no me gusta para nada”, hizo ver.
Antidemocrática
En tanto, Álvaro Moraga, socio de Moraga & CIA, agregó que un impuesto a las remesas que salen del país con el fin de desincentivar la inmigración es una iniciativa parlamentariamente inviable, técnicamente deficiente y políticamente regresiva y antidemocrática.
“Inviable, porque la iniciativa legal en materia de impuestos es exclusiva del Ejecutivo. Técnicamente deficiente, ya que, entre varios otros argumentos, las remesas que salen del país de personas con su situación migratoria al día ya tienen su situación tributaria cumplida, por lo que al gravarlas con un impuesto especial se estaría duplicando su carga impositiva; políticamente regresiva, ya que el costo de este impuesto a remesas que se envían por, y va dirigida a, personas de muy escasos recursos significaría que son precisamente ellos, los más pobres, quienes se verían afectados. Finalmente, y lo que resulta sorprendente y grave es que en el proyecto se hable en particular de 3 países, lo cual es discriminatorio, inconstitucional y contrario a los más básicos principios del derecho internacional”, explicó.
Estimó que Chile necesita menos impuestos y un sistema tributario simple que incentive la inversión. Indicó que el tema no pasa por más impuestos, sino por dotar a la UAF y al SII de más recursos y de mayor inteligencia para detectar las transacciones irregulares sin que ello signifique ahogar a los canales regulares, ya que la experiencia internacional muestra que ello es un incentivo automático a la aparición de canales informales no regulados.
A su vez Pablo Cifuentes, socio de CBC Abogados, afirmó que el proyecto parece bien inspirado -en cuanto pretende desincentivar la inmigración irregular y el ejercicio de actividades comerciales ilícitas por parte de inmigrantes-, pero el establecimiento de nuevos impuestos, que finalmente castigan a todos por igual -justos por pecadores-, no parece una medida que realmente contribuya al propósito que se persigue, cuya solución de fondo, naturalmente pasa por establecer un control riguroso de las fronteras y de la seguridad pública por parte de la autoridad, y muy particularmente por parte del Gobierno, y no por la imposición de nuevos gravámenes.
