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La Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable y Seguridad Alimentaria (Alpescas) y Sonapaesca conciben este acuerdo como una herramienta para construir en conjunto el futuro sostenible de los mares.
La Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA) no está de acuerdo con una petición elaborada por el Dr. Rashid Sumaila y el Dr. Daniel Pauly, ambos de la Universidad de British Columbia, que solicita la prohibición de toda pesca comercial en alta mar y la declaración de esas aguas como Área Protegida por Naciones Unidas.
La carta abierta está dirigida a las partes del acuerdo de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad Marina de Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), también conocido como el Tratado de Alta Mar, y afirma que la pesca en alta mar es insostenible y no rentable.
La pesca en alta mar, cuando se ordena con suficiente ciencia y regulaciones, es una oportunidad para proporcionar proteínas saludables, sostenibles y bajas en emisiones de carbono para una población en rápido crecimiento. Un movimiento robusto de alimentos azules es un componente crítico de un futuro sostenible.
Al respecto, la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable y Seguridad Alimentaria (Alpescas) y la Sociedad Nacional de Pesca de Chile (Sonapaesca) manifestaron que “el BBNJ es el proceso internacional más importante de las últimas décadas para la protección de los océanos. Por ello, desde el sector pesquero, que tenemos nuestra sólida normativa y gobernanza a partir de la Convemar, buscamos aportar en la discusión”.
Agregó que conciben este acuerdo como una herramienta para construir en conjunto el futuro sostenible de los mares, en aquellos sectores donde aún haya brechas, donde primen las bases científicas sólidas, y que a su vez se respeten los progresos, gobernanza y normativa pactados a través de Convemar -el acuerdo de Nueva York sobre especies trans zonales y las Organizaciones Regionales de Ordenamiento Pesquero (Orops).
“Dada la relevancia del proceso, es una responsabilidad ineludible contar con los antecedentes científicos y la rigurosidad correspondiente para lograr consensos transversales entre las naciones. El mismo caso de Convemar nos lleva a este análisis: los acuerdos globales en esta materia deben ser abiertos, con amplia adhesión, transparentes y sin presiones”, aseguraron ambos organismos.
Sostenibilidad biológica
En su Informe sobre el Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura de 2022, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) determinó que el 82,5% de las pesquerías mundiales han alcanzado la sostenibilidad biológica por volumen, en comparación con el 78,7% de su informe de 2020. La ciencia pesquera y las estrategias de ordenamiento continúan mejorando el equilibrio de la conservación marina y el uso máximo sostenible, asegurando que los beneficios de este recurso renovable se capturen a largo plazo.
“Unos 3 mil millones de personas en todo el mundo dependen de los productos del mar como su principal fuente de proteínas. Además, el Panel de Alto Nivel de las Naciones Unidas para una Economía Oceánica Sostenible informa que la producción de productos del mar genera hasta 250 veces menos carbono por kilogramo”, remarcó la Icfa.
En lugar de una prohibición total de la pesca en alta mar, que no se basa ni en la ciencia ni en la economía, ICFA pidió que la gestión pesquera mejorada y ampliada en todas las jurisdicciones con el objetivo de eliminar la pesca INDNR y lograr una producción 100% sostenible.
Aparte está la la implementación efectiva del Acuerdo de la OMC sobre Subsidios Pesqueros, una mayor participación de los expertos pesqueros, así como una mejor consulta entre las delegaciones de BBNJ y los representantes nacionales de las Agencias y Ministerios de Pesca en el contexto del proceso de negociación de BBNJ y los procedimientos futuros, la exclusión de la pesca del Acuerdo BBNJ, como actividades pesqueras en alta mar continuará siendo gestionada a nivel regional en relación con las especies de interés común para las Partes contratantes de un determinado instrumento legal, marco u organismo relevante y un acuerdo BBNJ que colabore o coopere efectivamente con las OROPs de una manera que no socave su alcance, mandato y competencias.
