Según el órgano contralor, la única opción para hacerlo es mediante una ley que los autorice.
“Las municipalidades no pueden vender o distribuir gas a sus vecinos sin una ley que los autorice. No se advierte inconveniente en que la entrega de ese producto se realice al amparo de un programa de asistencia social, de conformidad con las reglas generales”.
Así se manifestó la Contraloría General de la República respecto a la postura de los municipios del país en cuanto a vender “gas a un precio justo”
En un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, la Contraloría primero contextualizó que en un comienzo «se han dirigido a esta Contraloría General las municipalidades de Calera de Tango, Paine, Buin e Isla de Maipo, solicitando un pronunciamiento respecto de la procedencia de que dichas entidades comunales puedan expender gas licuado, como un modo de atender las necesidades de la comunidad local, sin perseguir fines de lucro».
PROGRAMA SOCIAL
Primero, consultaron si en cumplimiento de su deber de asistencia social, es posible financiar a sus vecinos parte del valor del gas que estos adquieran a los distribuidores establecidos, previa elaboración de un programa asistencial a cuyo cargo se imputará dicho gasto y de la evaluación de las necesidades de los beneficiarios que cumplan los requisitos.
“En cuanto a la primera de las interrogantes formuladas, cumple con hacer presente que esta Contraloría General se ha pronunciado sobre la materia en los dictámenes de 2021 y de 2022, manifestando que no obstante la delicada situación planteada por las entidades edilicias respecto del alza de los combustibles, estas solo podrían vender y/o distribuir gas a sus vecinos en la medida que el legislador las autorice expresamente, lo que no acontece en la especie”, remarcó.
Agrega el citado pronunciamiento, que el cumplimiento de la aludida función municipal de asistencia social debe considerarse referido a procurar los medios indispensables que permitan paliar las dificultades de las personas que se encuentren en una situación de indigencia o de necesidad manifiesta, debiendo entenderse por “estado de indigencia” la carencia absoluta de medios de subsistencia, un estado permanente de escasez de recursos; y por “necesidad manifiesta”, la carencia relativa e inmediata de los medios para subsistir, esto es, un estado transitorio en que si bien el individuo dispone de los medios para subsistir, estos resultan escasos frente a un imprevisto.
Así, corresponde a los municipios evaluar las condiciones en que se encuentran los requirentes de la asistencia social -los que deben ser habitantes de la comuna de que se trate, atendido que las funciones municipales deben ejercerse dentro del respectivo territorio local-, a través de los correspondientes informes sociales, considerando para tales efectos los métodos, sistemas y procedimientos que estimen más adecuados, siempre que ellos sean objetivos y de aplicación general.
VALES
Sobre esta resolución, la Municipalidad de Chiguayante, a través de su cuenta de Facebook, indicó que “Contraloría acaba de decir, otra vez, que los municipios no pueden vender gas, pero sí distribuir vales. Pero, lo que no dice la Contraloría es que estos vales deben ser comprados a las mismas tres empresas. El contralor Nacional desoye el llamado de la Fiscalía Nacional Económica -que sugirió prohibir a estas empresas distribuir gas- e incentiva que se siga enriqueciendo a las tres empresas de Gas, Abastible, Lipigas y Gasco. Chiguayante terminará con el abuso de los oligopolios. Por eso y mucho más ¡¡¡Gas a precio justo ahora!!!”.
Recordar que la semana pasada, el gobierno y los municipios por el Gas a Precio Justo llegaron a acuerdo para iniciar, en las próximas semanas, el modelo que implicará tres fases: seis mil cilindros iniciales, distribuidos en distintas comunas para totalizar más de 100 mil bombonas en los próximos meses, que permitirán dar una competencia real al oligopolio creado por las tres principales distribuidoras del país.
El acuerdo implica que Enap compre los balones y los cargue con gas. Luego, serán entregados a los municipios para su distribución, con un precio que debería llegar a los $17 mil por cilindro de 15 kilos.
