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Por Sergio Fernández Araya, académico FACEA-UCSC
Para entender lo que ha sucedido en torno al rechazo de la idea de legislar por una reforma tributaria, planteada por el Gobierno, podemos iniciar esta reflexión preguntándonos ¿qué es o qué implica una reforma tributaria? En términos generales, es un esfuerzo por financiar de manera responsable un desarrollo sostenible en los aspectos sociales, económicos, políticos y medioambientales, por medio de distintos impuestos y mecanismos, donde se asegura que cada componente de la sociedad pague lo que le corresponde, cuidando criterios de justicia y reducción de la desigualdad, para ayudar a conformar un sistema tributario más eficiente y que garantice que todas y todos contribuyan.
Naturalmente, una reforma de esta índole busca recaudar más recursos que permitan financiar proyectos de bienestar más inclusivos, que resuelva los grandes problemas sociales que por mucho tiempo se arrastran en nuestra sociedad y que, una gran mayoría, señala estar de acuerdo en solucionar, en suma, tener un mejor Estado para todas y todos.
Cambiar el sistema tributario se ha convertido en un desafío permanente, no sólo de los últimos años, si no que, también, de los últimos tres gobiernos. Sin embargo, las múltiples modificaciones introducidas, no han dado respuesta a las necesidades que el estado chileno debe resolver. El principal motivo ha sido la dificultad de los actores políticos, económicos y sociales en establecer las bases de un sistema tributario. El actual gobierno, a través del inicio de un proceso de diálogo social, creyó tener la oportunidad de avanzar hacia un nuevo pacto que entregue estabilidad y legitimidad al sistema tributario y de esta forma entregar certidumbre a los distintos sectores. Sin embargo, como ya es de conocimiento público, esto no prospero.
Una reforma tributaria debiese tener como resultado un aumento de carga impositiva que permita acercarse a la situación que se observa en otros países del mundo. Como antecedente, la brecha de Chile respecto a países integrantes de la OCDE es de entre 9 y 13 puntos del PIB de menor carga tributaria. Si revisamos la estructura tributaria chilena, nos damos cuenta que algunos de los componentes del sistema tienen un mayor peso relativo en la recaudación. Es el caso de los impuestos a las compras-ventas y servicios y, los impuestos a la renta de las empresas. Por otra parte, la recaudación por impuestos tanto patrimoniales como a la renta de las personas es relativamente baja. Como corolario, existen elevados niveles de evasión y elusión tributaria, lamentablemente concentrados en grupos de altos ingresos.
Esperamos que, este rechazo a la idea de legislar, retome el proceso de dialogo social, se haga cargo de los aspectos señalados y permita establecer como resultado, un sistema tributario más simple, más justo y que proporcione al Estado los recursos necesarios para responder a las necesidades sociales, ambientales y económicas que en múltiples manifestaciones han planteado las ciudadanas y ciudadanos. Se requiere de un sistema más legítimo y estable, que otorgue certezas a trabajadores, empresarias/os, contribuyentes y la ciudadanía en general.