Proyecto busca modificar artículo 161 del Código del Trabajo

• Experto explica las consecuencias que implicaría cambiar esta normativa, apuntando a una mayor claridad.

Desde el 2019 a la fecha, muchas pymes se han visto en la necesidad de cerrar o reducir los costos, resultando afectados los trabajadores, que han perdido sus fuentes laborales, siendo la causal el despido por “necesidades de las empresas”.

Es por esta razón que los diputados Andrés Giordano (Ind-AD) y Gael Yeomans (CS) presentaron un proyecto de ley para modificar el artículo 161 del Código del Trabajo, que apunta a regular esta normativa.

La propuesta de los legisladores se basa en razones técnicas o económicas debido a circunstancias graves o irremediables en que se encuentre el empleador de forma permanente; que sea objetiva y se acrediten las razones con pruebas y que el despido sea realmente necesario y el trabajador o trabajadora no sea reemplazada por otra persona.

Además, incluye la posibilidad de reincorporación en las mismas condiciones previas al despido, si así lo quisiera el trabajador o trabajadora, o una indemnización que sube de un 30% de recargo a un 100%, ante una desvinculación por necesidades de la empresa injustificada.

Giordano aseguró que “nuestro propósito es evitar que las trabajadoras y trabajadores se enfrenten a eventuales abusos por parte de sus empleadores, y en esa línea, este proyecto viene a definir de forma clara cuáles son los criterios objetivos que justificarían un despido por ‘necesidades de la empresa'”.

Mientras que Yeomans sostuvo que “este proyecto de ley viene a hacerse cargo de una problemática que existe hace mucho tiempo en el seno de las relaciones laborales y que se ha venido profundizando desde el año 2019. A partir del estallido social, el promedio de despidos por necesidades de la empresa aumentó a más de 300.000 para inicios del año 2020 y luego a 600.000 durante el período de pandemia”.

Diego Messen, socio de Moraga & CIA, señaló que el hecho que se quiera sancionar el despido injustificado -invocar infundadamente la causal- implicaría un recargo de un 100% de la indemnización por años de servicio, lo que podría afectar económicamente a las empresas en el caso que deba despedir a un trabajador por esta circunstancia y no logre acreditar la real concurrencia de la necesidad del término de la relación. Evidentemente un recargo de esta magnitud y desproporcionado, podría resultar inviable para una empresa que requiere una optimización económica, reorganizar su capital humano, lo que podría estancar el desarrollo de una empresa de manera irracional. 

-¿Es efectivo que se busca proteger a los trabajadores con esta idea propuesta por los parlamentarios?

-Esto es relativo. El hecho que se busque prácticamente “derogar” la causal de necesidades de la empresa por establecer sanciones económicamente inviables, provocan la proliferación de la informalidad laboral o relaciones por plazo definido que se contraponen con la estabilidad laboral que conlleva relaciones indefinidas en los contratos de trabajo.

-Esta norma, necesidades de la empresa, es muy ambigua, se usa mucho.

-Me parece adecuado redefinirla para evitar la interpretación judicial que muchas veces es contradictoria. Pero una mejor conceptualización no debiera implicar una limitación de la causal, ni mucho menos, cuestión que se pretende con la nueva redacción del proyecto. 

-¿Existe flexibilidad en las empresas con esta normativa?

-Nuestro Código del Trabajo ya es lo suficientemente inflexible en el término de la relación laboral, en el sentido que para que esta se produzca, debe concurrir necesariamente una causal objetiva que debe ser invocada, a diferencia de lo que ocurre en otros países que basta con el desahucio -sin la necesidad de invocar una razón- para el término de la relación. Seguir instaurando este tipo de inflexiones, no me parece que contribuyan a la correcta relación laboral que deba tener un país.

-¿Es posible que este cambio, de hacer más costoso el despido, logre apoyo?

-Muchas veces, los costos que conlleva este tipo de cambios no son tomados en cuenta por los parlamentarios, por lo que no sería raro que un proyecto de estas características se tornara “popular” y los aspectos económicos fueran dejado de lados para instar a su aprobación.