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Mientras el Gobierno habla de equidad y justicia distributiva, empresarios critican el sesgo pro recaudación en desmedro de uno pro inversión.
Finalmente se conocieron los detalles de la Reforma Tributaria del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, la que está llamada a ser un pilar fundamental de su administración, y como él mismo ha dicho, no se trata de cambios en favor de unos o en contra de otros, sino “una reforma para Chile”.
Efectivamente, tras un proceso que partió en abril con los Diálogos Sociales, el gobierno anunció la ruta y el contenido de la reforma tributaria que es la primera de los cambios estructurales de su administración. Se ha dicho que se busca avanzar en equidad y justicia tributaria para todos los contribuyentes y, asimismo, financiar otros aspectos estructurales que amplían los derechos sociales y fomentan el desarrollo productivo y regional.
Cabe recordar que un reciente informe de la Ocde titulado “Tax Policy Reviews: Chile 2022” reveló que la carga tributaria como porcentaje del PIB (Producto Interno Bruto) del país está entre las más bajas de los países miembros, con un 20,7% en 2019 lejos de la mediana que se ubica en el 34,7%. Además, sostuvo que la estructura de recaudación en el país está más concentrada en los ingresos por IVA e impuestos corporativos, y menos en los impuestos a la renta personal, lo cual fue calificado como “atípico”.
“Estos datos resultan relevantes, dado que el mismo organismo en un reporte centrado en el sistema tributario nacional concluye “que, históricamente, son pocos los países que han alcanzado la prosperidad económica con una baja carga tributaria”, detallaron desde el Ministerio de Hacienda, desde donde agregaron que a esta brecha con la Ocde, se suma que los ingresos operacionales del gobierno central se han mantenido constantes en los últimos 30 años, lo que impide avanzar en una mayor cobertura de necesidades básicas de la población en áreas como pensiones, salud y educación.
“Esta es una reforma que ocupa un lugar muy central en la agenda del Gobierno, por al menos tres razones: por un lado, porque busca generar los recursos que van a permitir financiar muchas de las reformas de carácter social, de diversificación productiva que están en la agenda de Gobierno. En segundo lugar, porque expresa la búsqueda de mayor equidad y justicia distributiva, por lo tanto, es una reforma que se concentra fundamentalmente en la tributación de las personas que tienen mayores ingresos. Y, en tercer lugar, porque genera de parte del Gobierno también una responsabilidad por un buen uso de los recursos; es decir, estamos conscientes que con esta reforma se le pide a un sector del país un esfuerzo contributivo, y eso nos obliga a usar bien los recursos, asignarlos donde hay más necesidades y usarlos de manera más transparente y eficiente”, destacó el Ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Rayado de cancha
Desde la CPC Biobío, su presidente, Álvaro Ananías, celebró el hecho de que haya sido presentada, porque así “se va viendo el rayado general de cancha y eso baja un poco el nivel de incertidumbre. Sí no nos parece muy bien que vengan muchas medidas pro recaudación y no vemos muchas pro inversión y pro productividad . Creemos que una reforma que no concilie ambos propósitos, es algo que le hará mal al país”, puntualizó Ananías.
Añadió que se extrañó además alguna señal hacia las regiones, al desarrollo de empresas en distintos territorios.
Lo nuevo en Bienes Inmuebles
Desde la consultora EY, el gerente de Consultoría en Personas, Carlos Herrera, planteó que resulta interesante detenerse en algunos puntos que afectarían a las personas naturales, específicamente aquellas que tienen más de una propiedad y han dado en arrendamiento la segunda vivienda. “Debemos recordar que la actual normativa exime del pago de impuestos por los ingresos de arrendamientos de hasta dos viviendas que estén categorizadas como DFL2. Con el actual proyecto, esta exención tributaria se eliminaría por completo, quedando afectos a Impuestos Global Complementario por los arriendos, los contribuyentes que apostaron por este vehículo de inversión en su momento”.
Otro aspecto relevante de este proyecto de reforma dijo Herrera, es la creación de una nueva exención, la que permitiría a los arrendatarios deducir del Impuesto Global Complementario el arriendo pagado, con un tope de $450.000 mensual.
“Esta es una medida que busca beneficiar a familias quienes destinan parte importante del ingreso familiar a este rubro. Esta exención va de la mano con la búsqueda de un control más detallado de quienes tienen propiedades y las dan en arrendamiento; es decir, busca también sacar de la informalidad de este rubro. De esta manera, es probable que los arrendatarios comiencen a exigir a su arrendador que informe el respectivo arriendo al SII con el fin de poder utilizar esta nueva exención tributaria”.
Herrera, agregó que el proyecto también indica la limitación de la rebaja de intereses por créditos con garantía hipotecaria, limitándolo a sólo uno para aquellas personas que tengan más de un crédito hipotecario. “Este beneficio actualmente permite rebajar de la base de Impuestos Global Complementario los intereses pagados por un monto tope de hasta 8 UTA ($5.600.000.- aprox). Cabe destacar que este beneficio dependerá del nivel de ingresos que tengan las personas durante un año calendario, dado que si obtienen un ingreso mayor a 90 UTA ($62.900.000 aprox), se debería determinar de manera proporcional, pudiendo resultar cero rebajas, según los ingresos que obtenga el contribuyente. Con todo lo anterior, vemos tres medidas que están contenidas en el proyecto de reforma tributaria que están directamente relacionadas a los bienes inmuebles que impactarán tanto a los propietarios como a los arrendatarios, por tanto, será importante seguir como avanza la discusión del proyecto en esta materia”.
Panorama político
Ahora viene la discusión en el Congreso, donde no está claro si existen los votos suficientes para su total aprobación, lo cual supone que habrá intenso diálogo y, probablemente, algunas concesiones por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, mientras desde el partido Republicano, voces como la del diputado Agustín Romero lamentan una excesiva “carga ideológica” que hará “mal al país”, el integrante de la comisión de Hacienda, Guillermo Ramírez, dijo que “nosotros recibimos la propuesta de reforma tributaria con un sabor agridulce. Dulce porque el gobierno ha demostrado capacidad de diálogo, que quiere conversar, quiere llegar a acuerdo. Si nosotros vamos a tomarnos en serio está invitación que el gobierno nos hace de participar, pero agrio porque es una reforma que va a afectar gravemente a la inversión”.
Ramírez destacó que todos los organismos, nacionales e internacionales, dicen que los dos siguientes años van a ser muy malos para la inversión en Chile, eso lesiona la capacidad de crear trabajo y no permite que los sueldos suban, y estimó que esta reforma va agudizar ese problema, “por lo tanto nosotros queremos que así como está es una muy mala reforma, demasiado grande, demasiado ambiciosa. Esperamos que el gobierno, en esta actitud que ha tenido de querer conversar, recoja nuestras críticas, no se enamore de sus propios instrumentos y seamos capaces de llegar a un acuerdo».
Así las cosas, la discusión ya parece polarizarse, porque mientras el Gobierno justifica la reforma para avanzar en desarrollo y equidad social, enfatizando la distancia que aún mantiene Chile respecto al países Ocde, aparece también otras voces, que ven en este esfuerzo un camino equivocado.
El abogado socio de Moraga CIA, Álvaro Moraga, es un ejemplo de esto, y llegó a decir que “es un proyecto propio de la izquierda tradicional, que pretende justificarse en diálogos, consensos y estadísticas estéticas, pero que descansa en el añejo principio de gravar a la riqueza, en vez de crear un marco para generar riqueza”.
Moraga ejemplificó que en materia de reforma inmobiliaria, al eliminar la exención de los DFL2, “se afecta inevitablemente el desarrollo de un área clave de nuestra economía, como es la construcción. Precisamente el DFL2 del año 1959 fue un instrumento concebido para incentivar a la alicaída economía de la época. Y hoy, en un escenario de incertidumbre jurídica nacional y de crisis económica internacional, medidas cómo esta son un evidente contrasentido”, estimó.
Con todo, subrayó Moraga, “lo verdaderamente relevante será el análisis de las normas que se hacen cargo de lo señalado, “que es la responsabilidad de usar bien los recursos, elevando la transparencia, rendición de cuentas y la disciplina fiscal, ya que para pretender pedir más, lo primero es garantizar que lo qué hay, se gasta bien, y en un marco de severas sanciones para quienes despilfarran el dinero que proviene de quienes empujan día a día nuestra economía”.
