Nueva ley de pesca: ¿Por qué nadie quiere el proyecto?

Aunque con miradas diversas -e incluso antagonistas en ciertos puntos- senador y economista locales coinciden en que el cuerpo legal propuesto no cumplirá las expectativas trazadas en su origen y podría tener un negativo impacto en la economía regional.

Diversas son las voces de preocupación que se han levantado en la región del Biobío en torno al proyecto de nueva ley de Pesca impulsado por el Ejecutivo. Aprensiones que han ido desde la verdadera motivación para empujar esta iniciativa legal, hasta objeciones sobre cómo se ha llevado el proceso y las instancias en que han participado los diversos actores. 

A fines de esta semana, el senador por la décima circunscripción Gastón Saavedra Chandía llamó a anular el proceso y comenzar de nuevo, pues, sostuvo, se están repitiendo los vicios que motivaron el reemplazo del cuerpo legal actualmente vigente. “La actual ley tiene un origen, una base que es espúrea, que permanentemente se acusaba de que los grupos empresariales influyeron directamente en el proceso legislativo y si uno observa, ahora volvemos a caer en lo mismo”, afirma el integrante de la comisión de Economía de la Cámara Alta.

El legislador reconoce que todos los grupos tienen el derecho a que sus intereses estén representados, “pero los parlamentarios no se pueden hacer cargo de esa indicaciones y hoy tenemos tanto de empresas como instituciones de la sociedad civil, ONGs y fundaciones haciendo presentaciones y presión para un proceso legislativo que no busca resolver un problema de fondo como es tener una mejor ley de pesca que tenga por eje central la sustentabilidad”. 

Economía en riesgo

Al respecto, la docente de Economía e investigadora de Faro UDD, Viviana Véjar Himsalam, explicó que, como think tank de origen penquista, su misión es contribuir desde la investigación a situaciones sociales complejas y la crisis que está produciendo la tramitación de esta ley no es la excepción. “Nos hemos reunido con representantes de la industria quienes nos han explicado por qué, así como está el proyecto, si se llega a aprobar, muchas empresas pesqueras de tamaño mediano, de capitales nacionales sobre todo, se verían amenazadas casi al punto de no poder solventar sus costos de producción y estarían en riesgo de quebrar”. 

La ingeniera comercial de la U. del Bío-Bío y máster en Economía explicó que esto generaría un monopolio, ya que prácticamente una sola empresa presente en la zona tendría la solvencia financiera para sobrevivir en el mediano plazo (Lota Protein de capitales europeos). “Esto trae otras consecuencias, como que se va a reducir bastante la cantidad de producto que los consumidores van a tener a su alcance y eso también implica a la larga un aumento en los precios y, por supuesto, el impacto en el las pérdidas de empleos, sobre todo para el empleo femenino, porque la mayor cantidad de personas que en las plantas industriales son mujeres y lo más probable estadísticamente, lo más probable es que además, sean jefas de hogar”. 

Actividad económica importante

La académica sostiene que, uno de los puntos del proyecto de ley que más amenaza a la industria es el aumento de la cuota a los artesanales quienes, además, tienen menos capacidad de producción dado que sus embarcaciones pueden trabajar en promedio 5 meses al año, en comparación con los 11 que funcionan las naves industriales, disminuyendo aún más la disponibilidad de los productos y empujando los precios al alza. “Eso generaría un daño a nuestra economía, en general, porque en la región del Biobío, la pesca es la tercera actividad económica más importante”. 

En este punto, la economista, además enfatiza que “la pesca artesanal le vende mucho de su producción a la pesca industrial, por lo que, técnicamente hablando, aumentarles la cuota artesanales tampoco tiene mucho sentido porque tampoco tienen la capacidad de captura que se requeriría”

De acuerdo al senador Saavedra, el futuro cuerpo legal debe “primero proteger los recursos que nos quedan y segundo resolver el problema social de la generación de empleo y cuidar que haya crecimiento económico”, pero advierte que “ésas parece que no son las visiones que tienen quienes hoy día están encabezando este proceso legislativo”, por lo que aconseja “terminar con este proceso y cuando haya un momento más proclive, sin elecciones de por medios, desarrollar una propuesta más acorde, con una base científica en base al cuidado de los recursos”. 

Discusión abierta pero sin presiones

Si bien el proceso de discusión parlamentaria en el caso de esta ley se ha realizado de forma particularmente abierta, con sesiones realizadas en los territorios de las regiones en que la actividad pesquera tiene mayor relevancia, el senador Saavedra advierte que hay una línea que no se debe cruzar. “Algunos buscan poder alcanzar su propósito mezquino, intereses que cuando uno los escucha, ellos sólo piden que les suban la cuota de los recursos, que no están por el camino de la sustentabilidad”. 

“Esperamos que el gobierno que tiene la iniciativa en esta ley, tenga la capacidad para observar que este proceso no hace bien al país y si llegan a la conclusión de detener el proceso y anularlo, bienvenido sea por los intereses del país, más que por los intereses particulares de algunos”, sentenció el senador. 

“La economía y la política, a veces toman caminos opuestos”, sentenció la investigadora. “Hay mucho desconocimiento en la población, en general, de cómo funcionan la economía y las industrias, así es que, muchas veces, lo político tiene poco de técnico y mucho de populista y, a la larga, se ven los efectos en el empleo, en los precios, la escasez y luego, como pasa tanto tiempo entre la causa y el efecto, no se hacen los diagnósticos correctos”. 

Finalmente, Véjar llamó a las autoridades a recurrir a la academia para ante este tipo de situaciones. “Estamos abiertos a tener estas discusiones económicas y técnicas con nuestras autoridades para que ellos también se puedan informar y puedan mirarlo desde todas las aristas posibles antes de aprobar o rechazar una ley”.