Nacionalización de la minería: Rasca donde no pica

Cristian Puga

Socio Director Sustentabilidad Local

Luego de conocerse la aprobación de la iniciativa de nacionalización de la minería por parte de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención Constitucional, quedan pocos argumentos que esgrimir para defender la tesis de que gremios, empresas, trabajadores y empresarios mineros han hecho lo suficiente para integrar a la “cadena de desarrollo” a las nuevas generaciones de Chile que claman por igualdad. 

Si bien la iniciativa de nacionalización de la minería pudiese considerarse fuera de lugar -transgrede uno de los marcos de trabajo sobre los cuales se funda la Convención Constitucional-, la discusión pública generada ante esta aprobación deja entrever lo distante que estamos como sociedad de alcanzar una visión compartida respecto al modelo de desarrollo económico y social que se requiere para los próximos 50 años. 

La minería ha sido capaz de formar un ecosistema de negocios competitivo e inserto en la economía mundial, que se ha consolidado mediante capitales estatales y privados, que aporta un 13% del PIB nacional, y representa un 50% de nuestras exportaciones. Sin embargo, no cabe duda el desconocimiento del quehacer minero por parte de la sociedad, que aún lo percibe como una actividad que forma enclaves y no genera desarrollo territorial sustentable.     

Las propuestas que emanan de la Convención Constituyente pueden llegar a ser un “impulso de cambio” para el futuro Gobierno y los gremios con capacidad de influencia en la agenda pública, ya que estas propuestas recogen las legítimas demandas que afloran desde regiones que tienen el sentimiento de ser el “patio trasero” del desarrollo industrial del país. 

Teniendo presente la discusión que se desarrolla en torno a la minería, es necesario levantar la mirada y poner sobre la mesa lo que viene sucediendo en el sector energético hace ya una década. Por un lado, cabe destacar cómo una estrategia energética país ha sido capaz de encadenar una política pública, abriendo el mercado a nuevos actores y tecnologías, para hoy consolidar un Sistema Eléctrico Nacional que cuenta con el 40% de ERNC, y que tiene como meta llegar al 100% en el 2050. 

La descarbonización de la matriz energética y el desarrollo de los proyectos de su portafolio nos entrega nuevamente la gran oportunidad de poner toda nuestra atención y hacer lo necesario para gestionar un desarrollo territorial acorde a los tiempos. El desarrollo territorial es dar un significado y entender el para qué hacemos las cosas poniendo en el centro a las personas.  

Impulsar la competitividad de los territorios debiese ser un imperativo de todas industrias, teniendo como resultado probable un mejoramiento calidad de vida de las personas que ahí habitan, para que, a la vuelta del ciclo, no se trate de “rascar donde no pica”.