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Por Viviana Véjar Himsalam, economista y profesor Investigador Faro UDD
En la economía neoclásica es habitual tratar el tema de los fallos del mercado. La teoría pone el énfasis en que estos no siempre asignarían de mejor manera los recursos, sobre todo cuando son un grupo de terceros ajenos al mercado los que juzgan las supuestas distorsiones y no los mismos agentes que participan del mercado. Los fallos de mercado se deben corregir, y es el Estado quien debería ser el encargado de hacerlo, sobre todo en el caso de la falta de bienes públicos.
Se argumenta que los privados no tendrían incentivos para proveer de este tipo de bienes, porque al ser no excluibles – como la iluminación de las calles o una señal de TV abierta – todas las personas podrían gozar del bien o servicio sin tener que pagar por su uso, debido a que los costos de cobrar por su uso serían mayores que los ingresos que se percibirían: se trataría de un mal negocio, sin ganancias.
Sería, entonces, responsabilidad del Estado proveerlos. Sin embargo, sabemos que el Estado utiliza recursos públicos para poner a disposición este tipo de bienes y, por lo tanto, no opera bajo la lógica de pérdida-ganancia; aunque debería. Porque el mal uso de los recursos públicos hace que la recaudación de impuestos sea poco eficiente, ya que los fondos fiscales no sólo provienen de los ricos, sino que también se obtienen del bolsillo de los más pobres a través del IVA; impuesto al consumo que constituye la mitad de todo lo que se recauda anualmente.
En Chile, unas 800 mil personas reciben $460.000.- mensuales. Por concepto de IVA solamente, las personas en la menor escala de ingresos del país aportan mensualmente $69,9 mil millones de pesos. Al año, el aporte a las arcas fiscales de los más pobres, los que realizan trabajos menos calificados, rondaría los $839 mil millones de pesos. Resulta que este grupo mayoritario de trabajadores de menores ingresos estarían financiando bienes públicos a las personas de rentas más altas, por lo que se viola el principio de igualdad ante la ley.
Por ejemplo: financian indirectamente a TVN, el canal estatal que opera a pérdida. Este canal, que se le trata como bien público – aunque en estricto rigor no lo sea –, debiese tener una responsabilidad social con las personas menos afortunadas y no seguir financiando sueldos y programas millonarios a costa de la ineficiencia que se produce a falta de un cálculo económico racional.
En este caso, los free riders del estatismo ocasionan un daño mucho más severo y generalizado porque se burla del sacrificio de la clase trabajadora chilena al concentrar los beneficios y descentralizar los costos. Para que unos pocos puedan gozar de la programación – irrelevante a estas alturas – del canal estatal, se necesita contratar a los “rostros” que se benefician de sueldos que superan varias veces el salario mínimo. El director de TVN ha dicho que los sueldos se pagan con publicidad, es decir, con dinero privado. Pero, esta declaración es engañosa y además agrava la falta: al fin y al cabo, ¿las pérdidas se producen a pesar de los ingresos por concepto de publicidad? ¿Qué tipo de responsabilidad social es aquella que hace mal uso de los fondos fiscales, sosteniendo una empresa que opera a pérdida, a costa del dinero que con mucho sacrificio obtienen las familias de ingresos más bajos?
