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El cierre del último alto horno en septiembre de 2024 expuso la precariedad de más de 300 trabajadores eventuales al año, quienes, debido a una normativa laboral de 1981, no pueden acceder a beneficios del programa de apoyo gubernamental.
La clausura definitiva del último alto horno de la siderúrgica Huachipato, ocurrida el 16 de septiembre del año pasado, marcó no solo el fin de una era industrial en la Región del Biobío, sino también el inicio de una profunda crisis laboral para el 95% de los trabajadores portuarios del muelle de Huachipato.
Paradójicamente, el mismo día del cierre, el Gobierno de Chile lanzó un ambicioso programa de apoyo a damnificados y de fortalecimiento industrial que, sin embargo, dejó fuera a la mayoría de estos empleados debido a irregularidades contractuales heredadas de la normativa laboral de 1981.
Condición de «eventuales»
El problema, según indicaron dirigentes, radica en la condición de “eventuales” bajo la cual operan estos trabajadores, quienes firman más de 300 contratos por turno al año, sin que se les reconozca una relación laboral continua. Esta situación les impide acceder a derechos básicos como vacaciones e indemnizaciones, y ahora también a los subsidios estatales. Según la Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios, esta realidad afecta no solo a Huachipato, sino a un 70% de los trabajadores portuarios del país.
“Como Confederación y miembros de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria, solicitamos al gobierno que esta situación pueda solucionarse y que los trabajadores portuarios puedan acceder a los subsidios para mantenerse en sus puestos y poder llevar adelante el proyecto que se ha diseñado”, declaró la Confederación en un llamado oficial.
De lo contrario, agregan, “sólo podrán tener trabajadores con cursos incompletos de faenas Portuarias porque, aunque la ley exige práctica en recintos portuarios, hasta ahora, desde la entrada en vigor de la ley el año 2021, al menos en esta zona ninguna práctica se ha realizado, siendo por lo tanto permisos de trabajo ilegales y con el serio riesgo de generar accidentes, que en los puertos suelen ser muy graves e incluso mortales”.
EVITAR COLAPSO
Gabriel Rebolledo, coordinador de Comunicaciones de la entidad, enfatizó la urgencia de revisar el Programa para evitar un colapso del tejido laboral portuario en la región.
El impacto de esta crisis trasciende lo laboral. La empresa CAP, responsable del proyecto Huachipato 2.0, que busca transformar la zona en un Hub Logístico de graneles, enfrenta serios riesgos operativos. La falta de trabajadores especializados pone en jaque la viabilidad del proyecto, además de aumentar la posibilidad de accidentes graves debido a la incorporación de personal sin experiencia. Los actuales calados del muelle, de 12 y 8,8 metros, requieren ser adaptados para el nuevo enfoque logístico, pero sin una fuerza laboral capacitada, la ejecución de estas obras podría verse comprometida.
El trasfondo legal de esta problemática se remonta a la normativa de 1981, que estableció un régimen laboral que favorece la flexibilidad empresarial a costa de la estabilidad de los trabajadores. A esto se suma la ley de 2021, que exige prácticas en recintos portuarios para la formación de nuevos empleados, una disposición que en Huachipato simplemente no se ha cumplido, agravando la falta de mano de obra calificada.
VACÍO LEGAL
Alejandro Garrido, presidente del Sindicato Mabe del Puerto Huachipato, advierte que el vacío legal perpetúa la precarización laboral. “Tenemos compañeros con más de 20 años de experiencia que nunca han tenido un contrato indefinido. Ahora, además, se nos niega el derecho a un subsidio que debería protegernos en esta transición industrial”, afirmó.
El gremio de empresas de muellaje, por su parte, se ha opuesto históricamente a cualquier reforma que modifique el marco legal vigente, argumentando la necesidad de mantener la competitividad del sector. Sin embargo, esta resistencia ha contribuido a la perpetuación de un modelo que hoy muestra sus limitaciones más críticas.
