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El atentado de este viernes a una faena de CMPC en Mulchén generó el repudio de las organizaciones gremiales. Mientras que desde el gobierno, aseguraron que esta materia es prioritaria para la actual gestión y destacaron la disminución sostenida de episodios de atentados incendiarios en la macrozona.
“¿Hasta cuándo se seguirá permitiendo que estos grupos operen con total impunidad? Van a ser más de 30 años de violencia hacia nuestro sector, afectando a trabajadores, sus familias y empresas”, aseveró este viernes la gerenta regional de la Corporación Chilena de la Madera, Corma, Margarita Celis Plá.
Las declaraciones las formuló tras el ataque incendiario registrado en la mañana de ayer en un predio de CMPC en Mulchén que dejó un saldo de siete vehículos y maquinaria productiva completamente destruidos y un lienzo que llamaba a la inmediata liberación de los procesados por hechos similares en la zona.
La representante gremial hizo referencia a las víctimas fatales que se han registrado en este tipo de hechos y apuntó a que “mucho se habla de que Chile tiene que volver a crecer, atraer inversiones y generar empleo, (pero) eso no será posible si no se restablece lo más básico: la seguridad. Sin seguridad no hay inversión, no hay trabajo, no hay futuro para las regiones”.
“Exigimos al Estado tomar medidas urgentes y efectivas para identificar y desarticular a estos grupos. No es aceptable que el desarrollo del sector forestal ocurra bajo estos constantes ataques”, afirmó.
Las declaraciones gubernamentales
Por su parte el secretario regional ministerial (i) de Seguridad Pública Carlos Uslar Venegas aseveró que “la seguridad es un punto prioritario de este Gobierno, el que hemos abordado de manera intersectorial, donde el Ministerio Público, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones y el Ejército han cumplido un rol fundamental, no sólo en la prevención, sino además en la persecución penal”.
“Los atentados incendiarios han disminuido en la región del Biobío”, afirmó Uslar, “y seguiremos trabajando en la desarticulación de grupos delictuales para bajar y eliminar la violencia rural que afecta a todos los habitantes”.
En esa línea, la autoridad sostuvo que, en lo que va de este año, “se ingresaron seis querellas por atentados incendiarios y debemos lamentar la ocurrencia de tres hechos graves, en dos de los cuales el Gobierno decidió querellarse por Ley Antiterrorista, evaluando la acción que se interpondrá por los hechos (de este viernes), conforme a los antecedentes que se recopilen y permitan su calificación jurídica”.
“Desde Santiago es fácil analizar lo que ocurre”
Quien también apuntó a la inseguridad a la que están expuestos quienes se desempeñan en este ámbito productivo fue el gerente de la Asociación Gremial de Contratistas Forestales, Acoforag, René Muñoz Klock quien comentó que “no podemos trabajar, se encañona a los trabajadores, se queman los equipos de trabajo y, sin duda que eso, si no se controla, pasa lo que está ocurriendo hoy día: cualquiera se da el lujo de atacar una faena forestal, destruir, y dejar sin trabajo, en este caso, a doce personas y no pasa absolutamente nada”.
El representante de los contratistas reconoció que desde 2022, que calificó como “el año más violento”, en que se produjeron más de cien ataques de este tipo, “ha habido una disminución importante, pero eso no quita que pensemos por qué tenemos que trabajar bajo estas condiciones. La persona que va a trabajar al bosque no sabe si va a volver”, afirmó.
Acerca de las declaraciones del ministro de Seguridad Pública Luis Cordero quien aseveró que hace tiempo que no había un atentado incendiario en Mulchén, Muñoz sostuvo que “las autoridades hoy día relativizan las cifras, pero aquí estamos hablando de personas que van a trabajar, sometidas a este ambiente de inseguridad, de violencia terrorista, no de sólo de violencia rural”.
Muñoz Klock comentó que, tras el ataque ocurrido a principios de mes en la comuna de Los Sauces, “le dijimos al ministro de Seguridad, al señor Cordero, que lo esperábamos para conversar acá en la zona, lo invitamos a la zona, a conversar con los contratistas, con los empresarios y con los trabajadores a que les cuenten cuál es la realidad porque, desde Santiago, es fácil analizar lo que ocurre”.
Hechos en rango del terrorismo
En la misma línea de los dirigente gremiales, el senador por la circunscripción 10 Gastón Saavedra Chandía también se refirió a la situación. “Evidentemente, estamos ante hechos que entran en el rango del terrorismo”, sentenció el legislador y destacó la gravedad de que estos hechos se produzcan durante la vigencia de medidas de excepción constitucional.
“Es urgente la convocatoria de todos los equipos de seguridad e inteligencia para dar respuestas mucho más precisas y contundentes, que impidan que estos hechos se sigan repitiendo, no sólo en la provincia de Biobío, sino en toda la región”, aseveró y, en el mismo sentido, cerró llamando a rediseñar las estrategia de seguridad ya que, sostuvo, “las operaciones actuales no son iguales a las anteriores, y nunca se puede hacer más de lo mismo cuando hay sujetos con objetivos distintos actuando en el territorio”.
Solidaridad gremial
Desde la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC Biobío, su presidente Álvaro Ananías Itaim manifestó su solidaridad con el gremio forestal y llamó la atención en que este nuevo ataque incendiario se produjera sólo horas después de que el Presidente se refiriera al informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
