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Tras la votación de este martes en la Comisión Mixta del Senado que decidió reducir la cuota de la merluza común, los gremios advierten el grave perjuicio para la pesca industrial y llaman al Gobierno a revertir la Ley de Fraccionamiento que afectará a miles de familias.
Un duro golpe para la Región del Biobío, especialmente para el sector de la pesca industrial significó el reciente anuncio del cierre de PacificBlu, empresa que genera 800 empleos directos y otros 2.400 indirectos. Ante este escenario, los gremios productivos y organizaciones empresariales de la región informaron la suspensión indefinida de su participación en el Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío (PFIBB) impulsado por el Gobierno.
En una declaración pública, los gremios responsabilizan directamente a la Ley de Fraccionamiento Pesquero, impulsada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso, del inminente cierre de la compañía a partir de enero de 2026. Acusan que la normativa fue legislada sobre la base de “cifras erradas” y que sus efectos profundizarán el desempleo y la crisis económica en la región, tal como ocurrió con el cierre de Huachipato.
“En la práctica, el gobierno ha impulsado la destrucción de puestos de trabajo formales y de buena calidad. Así Chile no crece ni se desarrolla”, afirman los gremios en el documento.
Lamentan que “proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo y respaldados con entusiasmo de todos los parlamentarios que no sufrirán sus efectos, deriven en el cierre de nuevas empresas acá en el Biobío”.
Piden al Presidente y al ministro Grau revisar las medidas
Los gremios explican que desde el inicio del plan regional se sumaron con “voluntad y esfuerzo”, en el marco de una colaboración con las autoridades para enfrentar la crisis industrial. Sin embargo, recalcan que no están dispuestos a transformarse en “partícipes de un golpe tan grande para la región ocasionado por una política pública”.
El retiro del plan va acompañado de un llamado urgente a los parlamentarios a agotar las pocas instancias legislativas que aún quedan para revertir la normativa, y al Presidente Gabriel Boric y al ministro de Economía, Nicolás Grau, a revisar la coherencia de las medidas que impulsan para la región frente a las iniciativas que presentan en el Congreso.
“Es tiempo de actuar con transparencia y honestidad y no jugar con las certezas jurídicas mínimas que las empresas requieren para invertir en la región y el país”, señalan.
Pese al quiebre, los gremios reiteraron su disposición a seguir colaborando con las autoridades y actores regionales para promover soluciones que apunten al desarrollo económico, la estabilidad laboral y el fortalecimiento del aparato productivo del Biobío.
Acciones de la Secretaría Ejecutiva del PFIBB
Por lo pronto y en esa misma línea, la secretaria Ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, Carolina Parada Gavilán, afirmó con determinación que: “Como Secretaría Ejecutiva del Plan, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Aún nos queda la opción en el Parlamento, porque la comisión mixta tiene una última sesión el próximo martes».
Por eso es que sostuvo, hasta entrada la tarde de ayer, conversaciones con la empresa PacificBlu en sus instalaciones de Talcahuano, para interiorizarse sobre los porcentajes mínimos que permiten su operación y con dichos antecedentes pedir al ministro Grau que defienda esa posición en la sesión del martes próximo.
“El Ministerio de Economía tiene un compromiso con el Plan de Fortalecimiento Industrial y necesitamos que ese compromiso se vea reflejado en el Congreso. Lo mismo le pediremos a todos los parlamentarios de Biobío. Es momento de actuar unidos como región para defender el empleo”, sentenció Carolina Parada.
“Hay tiempo para corregir”
El senador (PS) Gastón Saavedra, miembro de la Comisión de Economía del Senado, entre otras, se refirió a las consecuencias que tendrá en la pesca industrial de la zona y particularmente en Talcahuano la ley de Fraccionamiento. Según el parlamentario, la normativa representa un nuevo golpe al empleo.
“Esto es un nuevo balde de agua fría para el empleo, de tres sucesivos: el cierre por la Ley de la Jibia, el cierre de Huachipato y ahora esta ley, que pone en jaque a unas 3.000 personas que podrían quedar cesantes de manera directa”, afirmó.
Enseguida, emplazó al ministro de Economía, Nicolás Grau, y al subsecretario de Pesca, Julio Salas a actuar con responsabilidad y a utilizar los mecanismos constitucionales disponibles para modificar los efectos de la ley. “Un veto sustitutivo podría enmendar lo que fue, un debate con un diagnóstico equivocado y cifras que no corresponden a la realidad. Aún hay tiempo para corregir”, expresó.
Criticó de paso a los parlamentarios que, según él, no defendieron el empleo regional. “Aquí hay responsables con nombre y apellido. Diputados del Frente Amplio, del Partido Comunista, e incluso parlamentarios de oposición de nuestra región que no tuvieron la valentía de defender el emprendimiento local”. Es inaceptable, agregó, la abstención del diputado Romero, cuando lo que se necesitaba era una postura clara en defensa de la merluza y la industria pesquera del Biobío, señaló.
Pasar a la ofensiva
Consultado sobre si es tiempo de lamentaciones o hay algún tiempo para la acción, el senador Saavedra dijo que “no es el tiempo de las lamentaciones. Este es el tiempo de pasar a la ofensiva respecto de la defensa del empleo”.
Afirmó que “todos los dirigentes sindicales, los propios trabajadores, y todos los que estamos en el rango de autoridad del color que sea, si es de la región del Biobío no puede dejar pasar esta situación que es un acto de abuso y avasallamiento respecto de un derecho que es el derecho al trabajo y que estaría siendo conculcado por un proyecto que, a mi entender, es lesivo para los intereses de la región del Biobío, que es absolutamente antagónico a lo que ministro de Economía ha venido a instalar en la región, como es el plan de fomento del empleo, posterior al cierre de Huachipato.
Finalmente, Saavedra enfatizó que el desarrollo del Biobío ha sido posible gracias al trabajo de sectores como el forestal, el pesquero y el industrial, y que es deber de las autoridades proteger esas fuentes laborales. “A partir del trabajo, nuestra región crece y nuestras familias logran escalar socialmente. Por eso, es indispensable defender con decisión lo que hemos construido”, concluyó.
