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Autoridades y empresarios acuerdan agilizar proyectos sin relajar estándares ambientales para dinamizar la economía regional
En el marco del tercer aniversario del Gobierno, la ciudad de Concepción fue sede de la segunda sesión del Gabinete Pro Crecimiento, instancia clave para destrabar inversiones en la región del Biobío. Con una proyección de 15 proyectos por US$2.000 millones, el plan busca generar 3.500 empleos en construcción, principalmente en los sectores de infraestructura y energía. Paralelamente, se llevó a cabo la quinta sesión del Foro del Plan de Fortalecimiento Industrial, espacio de diálogo público-privado liderado por la secretaria ejecutiva Carolina Parada, con el objetivo de consolidar el desarrollo productivo en la zona.
El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, destacó la importancia de la articulación entre el sector público y privado para agilizar la ejecución de proyectos estratégicos. “Lo que hacemos es identificar cuáles son las gestiones en materia de permisos sectoriales que están demorando la materialización de estos proyectos, a través de un trabajo de una identificación público-privada, y definimos cómo poder acelerar aquello”, señaló Grau. A su vez, subrayó que si bien el foco está en destrabar inversiones, esto no significará relajar los estándares ambientales.
«Necesitamos un mundo privado pujante»
Desde la Delegación Presidencial Regional, Eduardo Pacheco puso énfasis en la necesidad de una mayor inversión privada para complementar los esfuerzos estatales. “No basta con la inversión importantísima que está haciendo el Estado. Necesitamos un mundo privado pujante que esté desarrollando proyectos de inversión en la región y generando empleo”, sostuvo. Pacheco también detalló que en 2023 se aprobaron más de US$500 millones en inversión, mientras que en lo que va de 2024 la cifra alcanza US$36 millones, destinados a proyectos pesqueros y de vivienda.
El sector forestal también tuvo un rol clave en la jornada, con la participación del presidente de Corma Biobío, Alejandro Casagrande. Según explicó, los proyectos de infraestructura y energía son positivos, pero deben complementarse con iniciativas que generen empleo permanente. “Vemos una tremenda oportunidad aquí para los sectores productivos y para las propuestas que están en el Plan de Fortalecimiento Industrial. De los US$2.000 millonesque vimos hoy, la mayoría son en infraestructura y energía, pero eso tiene que conversar con los proyectos productivos que dan trabajo permanente”, afirmó. Además, solicitó al Gobierno asegurar un financiamiento de US$1.500 millonespara reforestar 42.000 hectáreas de bosques quemados en la próxima década, beneficiando a pequeños y medianos propietarios.
No relajar los estándares ambientales
Uno de los proyectos destacados fue el parque eólico San Matías, impulsado por A.E.S. Andes. Su director de Medio Ambiente, Juan Carlos Monkeberg, valoró la intervención del Ministerio de Economía en la agilización de los permisos. “En mi experiencia personal, no había visto un nivel de involucramiento directo de un ministro de Economía. En el proyecto eólico San Matías, sin bajar los estándares ambientales, hemos logrado acelerar y destrabar cosas que no aportan valor a la protección del medio ambiente”, comentó Monkeberg. Además, señaló que la actual permisología impone plazos prolongados que no necesariamente significan una mayor protección ambiental, planteando la necesidad de reformas normativas.
El debate sobre la simplificación de permisos sin sacrificar regulaciones ambientales fue un tema central en la discusión. En esa línea, Grau reafirmó el compromiso del Gobierno con una estrategia equilibrada: “Tenemos una preocupación por no relajar ni los estándares ambientales ni los estándares sectoriales, pero sí creemos que es posible acelerar mucho la materialización de los proyectos sin por ello disminuir el estándar regulatorio”.
Las autoridades proyectan consolidar este impulso mediante reformas normativas y financiamiento para iniciativas estratégicas. Entre las metas principales figuran la recuperación de 42.000 hectáreas de bosques en un plazo de 10 años y la promoción de viviendas de madera construidas con insumos de productores locales. Con la presencia de 18 empresas y gremios como la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
