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Además de la afectación directa a las arcas fiscales que advierte el rector de la Universidad del Desarrollo (UDD), un experto de la Universidad de Concepción (UdeC) advierte sobre las consecuencias de una sociedad que se acostumbra a los “perdonazos”.
A partir del anuncio presidencial sobre la creación del Financiamiento Público para la Educación Superior (FES), realizado el pasado lunes en cadena nacional, el gobierno ha lanzado una intensa campaña para posicionar el proyecto de ley. Este proyecto busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), con el objetivo de garantizar el acceso igualitario a la educación. Las reacciones ante esta iniciativa no se hicieron esperar.
“Este es un proyecto que, sin duda, está hecho para cumplir con una promesa de campaña, pero tendrá un costo absurdamente alto para las arcas fiscales”, afirmó el rector de la UDD, Federico Valdés Lafontaine. Según Valdés, esta medida no respeta las prioridades de los habitantes de Chile y, además, pone en riesgo la sustentabilidad del sistema universitario a largo plazo.
Impacto en las Universidades y Estudiantes
Valdés cuestionó el propósito de profundizar la lógica de la gratuidad si los rectores adscritos a ella se quejan de que el mecanismo de fijación de aranceles los asfixia. “Las consecuencias las pagarán, primero las universidades, y después los estudiantes”, subrayó el rector.
En contraste, el vicerrector de Asuntos Económicos de la Universidad del Bío-Bío (UBB), Mauricio Gutiérrez Urzúa, sostuvo que “cualquier iniciativa que apunte a modernizar y mejorar el financiamiento es bienvenida, especialmente si garantiza un acceso equitativo y sostenible para los estudiantes. Nuestro compromiso principal es asegurar un impacto positivo en el desarrollo académico de nuestros estudiantes”.
Compromiso Institucional
Gutiérrez explicó que, como institución, la UBB está acostumbrada a adaptarse a cambios significativos en el sistema de financiamiento. Nuestro objetivo es brindar estabilidad y continuidad en el proceso educativo, asegurándonos de que el impacto de estos cambios siempre beneficie la formación y futuro profesional de nuestros estudiantes.
Claudio Parés Bengoechea, académico de la Universidad de Concepción (UdeC), explicó que, aunque la sociedad decida financiar públicamente la educación, sigue siendo un bien privado. Esto significa que, aunque existen externalidades positivas, el principal beneficiado es el individuo.
Parés detalló que, con el CAE, casi todos los beneficios terminaban en el sector bancario. Con la nueva propuesta, la idea es que los egresados mantengan los beneficios generados por sus estudios. Esto plantea una salida razonable ante el “zapato chino” en el que se había metido el gobierno, al prometer una condonación universal.
El Riesgo de los ‘Perdonazos’
La práctica del “perdonazo” tiene un efecto negativo en la sociedad, según Parés. Este comportamiento reduce los incentivos de los ciudadanos para cumplir sus responsabilidades, afectando el compromiso con deudas como las habitacionales y comerciales. Parés destacó la importancia de premiar a quienes han cumplido con sus obligaciones y evitar que las medidas beneficien a quienes abandonaron sus estudios.
El rector Valdés enfatizó que la condonación es un insulto para quienes han cumplido puntualmente sus cuotas. “Hoy en día, el sistema universitario se equilibra gracias al aporte de los cuatro quintiles más ricos. La reducción de este aporte podría poner en serios aprietos financieros a las mejores universidades del CRUCh y a instituciones privadas masivas.
Retorno al Crédito Solidario
Parés describió el proyecto como un retorno al sistema de crédito solidario de los ’80 y ’90. La diferencia es que ahora, la deuda será con el Estado, aunque sigue siendo una deuda a pagar en condiciones preferenciales. Es crucial que se fijen aranceles responsables para evitar desfinanciar a las universidades o sobrecargar al Estado con costos elevados.
Participación Activa de Instituciones Educativas
El vicerrector de la UBB, Mauricio Gutiérrez, afirmó que sus equipos están comprometidos con la discusión legislativa para defender los intereses de los estudiantes. A través de asociaciones como el CRUCh, G9 y AUR, las universidades buscarán asegurar que las voces y necesidades de los estudiantes sean escuchadas en este proceso.
