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CPC Biobío, Asexma y entidades de desarrollo regional, advierten que los retrasos en la tramitación de proyectos y las incertidumbres legislativas están generando un efecto contractivo en la economía, con impacto en la inversión, el empleo y la productividad.
Un total de 23 proyectos equivalentes a una inversión total de US$548, 656 millones aprobó el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) del Biobío durante 2024. En lo que va de 2025 se han visado favorablemente 7 iniciativas, por un monto que alcanza a los US$ 63,4 millones.
Los datos, en el contexto de una economía regional contraída, con un desempleo en aumento, con un sector manufacturero industrial decaído y con una serie de incertidumbres legislativas que ponen cautela a las decisiones de inversión productiva que permitan dinamizar la actividad, preocupan a gremios del Biobío.
“Resulta particularmente complicado para la región del Biobío lo que está pasando con los proyectos de inversión que no se aprueban y particularmente en la situación que ha pasado con el cierre de Huachipato”, dice el presidente de la Cámara de Producción y del Comercio del Biobío (CPC Biobío), Álvaro Ananías.
Nivel de inversión muy menor
Y precisa Ananías que “en promedio los últimos 10 años se aprobaban proyectos del orden de 1.000 a 1.200 millones de dólares anuales. Este año 2025 solo se han aprobado 60 millones de dólares en proyectos, o sea, el nivel de inversión que está ocurriendo es bastante menor”.
Va más allá y señala que al comparar la situación de la región del Biobío con la región de Valparaíso, que de alguna forma se disputa con Biobío la posición de ser la segunda región más importante de Chile en términos de inversión, Valparaíso ya superó los 500 millones de dólares de inversión en lo que va de 2025. Por lo tanto, la situación en Biobío es particularmente compleja”.
El titular de la CPC Biobío advierte además, que si bien todo el país está sufriendo el problema de los atrasos, “los permisos en la región del Biobío son más lentos y a eso se agrega la incertidumbre regulatoria en sectores tan relevantes para nuestra región como el sector forestal y el pesquero. Y esta incertidumbre regulatoria lo que hace es que dentro de este mismo sector que normalmente se invierte, esas inversiones hoy están detenidas”.
La celeridad es clave
Para Carolina Parada Gavilán, secretaria Ejecutiva del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío, la celeridad en la tramitación de proyectos estratégicos es clave. No solo por el cierre de Huachipato, sino porque la región enfrenta un proceso de estancamiento que viene hace años, afectando el empleo. “Por eso, hemos puesto especial énfasis en fortalecer la articulación institucional, promoviendo un modelo de trabajo colaborativo entre organismos públicos y privados”.
Concretamente, detalla la ejecutiva, “estamos en una dinámica de trabajo articulada entre el Plan y la Oficina de Grandes Proyectos del Ministerio de Economía, identificando cuellos de botella y proponiendo mejoras que permitan acelerar la implementación de proyectos sin perder el rigor técnico ni ambiental, pero con una mirada alineada a la urgencia regional”.
Más específicamente sobre los tiempos de tramitación, Parada afirma que “es un dolor nacional que debiera aliviarse con el proyecto de ley de Permisos Sectoriales que se discute en el Congreso. Espero que tenga el respaldo de los parlamentarios”.
Hay una desaceleración importante
Las cifras de los últimos meses son las que dan cuenta de la situación económica regional con más claridad, a juicio de Alfredo Meneses, gerente de la Asociación de Exportadores de Manufacturas (Asexma Biobío).
Explica que la producción manufacturera de la región del Biobío tuvo un crecimiento muy moderado en términos de anuales el 2024, de 1.3%. Asimismo, tenemos que Producto Interno Bruto (PIB) regional, creció el 2023 un 5.9%, el 2024 fue un 3.8% y se estima que vamos a cerrar el 2025 con un crecimiento de entre el 1.8% al 2.2%. Esto nos anticipa el escenario base respecto a la actividad económica para este año.”
El dirigente gremial advierte también que la tasa de informalidad laboral ya se está empinando por sobre el 28%, es decir, “muchas empresas están saliendo de la formalidad y están pasando a la informalidad y eso genera un efecto muy complejo”.
Las cargas movilizadas por los puertos de la Región, también muestran unas cifras poco alentadoras. La última cifra a marzo del presente año mostró una caída interanual de un 5.1%, una caída que se arrastran desde arrastran desde abril del 2023.
Según Alfredo Meneses lo que aquí tenemos son signos de una desaceleración importante, por lo que efectivamente necesitamos inversiones, necesitamos volver a movilizar la estructura y el apalancamiento productivo de la región del Biobío y evidentemente que esta lentitud que hay en la aprobación de proyectos juega en contra de la salud económica de la región”.
Plazos específicos y perentorios
Consultada la seremi de Economía, Fomento y Turismo (s) Pamela Gatti destaca que el último proyecto aprobado fue el Estudio de Impacto Ambiental de Hidronor, el 14 de abril pasado y precisa que la Ley 19.300 y el decreto 40 del 2013 que establece el reglamento para el SEIA, son claros y específicos en cuanto a plazos y procedimientos de la evaluación ambiental de proyectos, y todos esos plazos son contados en días hábiles.
Gatti dice sin embargo que muchas veces los titulares solicitan suspensión del proceso para tener más tiempo para preparar respuestas y/o rectificaciones, y eso hace demorar más la evaluación completa. “No es que arbitrariamente el SEA quiera atrasarlo. Si el proyecto ingresara desde el comienzo con un buen diseño técnico entonces no obtendría tantas observaciones de parte de los Oaeca (Organismo de la Administración del Estado con Competencia Ambiental)”.
Cincuenta proyectos
Con respecto a las inversiones en general en Biobío, precisa que “no todos los proyectos de inversión se deben evaluar ambientalmente. La Ley establece ciertas tipologías y parámetros para ver si se debe o no evaluar, por lo que si bien el SEA funciona como un termómetro para sondear cómo anda la inversión, no contiene toda la inversión que se realiza en la región”.
En esa línea, afirma que a través del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo han identificado más de 50 proyectos de inversión que están en diversas etapas, algunas en diseño, otras en evaluación ambiental y otras a punto de ejecutarse. “Es así que en marzo de este año se abordaron 15 iniciativas de índole energética, industrial y de infraestructura que, en su conjunto, comprenden una inversión que supera los US$2.000 millones y más de 3.500 mil empleos”.
Finalmente, asegura que: “Nuestro compromiso es acelerar la mayor cantidad de inversiones y para eso realizamos un permanente monitoreo y seguimiento, acompañando a los titulares de estos proyectos para agilizar permisos y tramitaciones y destrabar nudos críticos que puedan tener en algún servicio o ministerio. Este trabajo se ha intensificado a propósito del Plan de Fortalecimiento Industrial, a través del cual se han sumado los gremios empresariales para apoyar con la aceleración de proyectos”.
