Según la compañía, el sábado 12 de marzo de 2022, un grupo de personas liderado por María Curriao Reinado, ha mantenido bloqueado el acceso a Central Pangue desde el 24 de enero.
Enel Generación denunció que a pesar de que Fiscalía correspondiente resolvió dar protección a la empresa y sus trabajadores, y así lo notificó a Carabineros, y que la SEC solicitó a la Delegada Presidencial Provincial el auxilio de la Fuerza Pública para que, dentro de otros, se reponga el libre acceso a las instalaciones de la central, hasta el momento no hemos recibido en la práctica el auxilio requerido.
Ello luego de que la empresa explicara que el sábado 12 de marzo de 2022, un grupo de personas liderado por María Curriao Reinado, que ha mantenido bloqueado el acceso a Central Pangue desde el 24 de enero, invadió violentamente las instalaciones ubicadas a 87 km al sudeste de la ciudad de Los Ángeles, en la Región del Biobío.
“Ingresaron por la fuerza a la central y obligaron a nuestro personal de seguridad y servicios a abandonar sus puestos de trabajo. La continuidad operacional de las unidades de generación eléctrica e, incluso, la integridad de la obra hidráulica, así como la seguridad de nuestro personal y contratistas, han quedado seriamente comprometidas”, según comentó la compañía.
Agregó que las acciones de fuerza como estas ponen en peligro la generación de la Central Pangue (467 MW) y del resto de las centrales que pertenecen a la cuenca del Biobío, las cuales suman 1496 MW, con el consecuente riesgo del abastecimiento eléctrico, más aún en la actual situación de estrechez energética.
Asimismo, se compromete la operación de las obras hidráulicas de la presa Pangue, con impacto, en el caso, sobre el abastecimiento de agua para riego y otras actividades que dependen de este vital recurso, y lo que es de mayor gravedad, con potenciales serias consecuencias en la población e infraestructura de la cuenca aguas abajo de la presa.
De acuerdo a Enel, “la señora Curriao se encuentra en medio de procesos judiciales y demandada por las mismas familias de su comunidad, por no haber transparentado el destino de fondos equivalentes a 300 millones de pesos recibidos en favor de familias pehuenches, en el contexto de un convenio suscrito por Enel y estas familias en 2017. Parte mayoritaria de la comunidad original liderada por la señora Curriao solicitó su inhabilitación como presidenta y crearon una nueva organización que hoy se encuentra vigente”.
En atención a esta grave situación descrita, Enel ha presentado reiteradas denuncias ante el Ministerio Público requiriendo medidas de protección en resguardo de sus trabajadores e instalaciones.
En paralelo, se ha informado a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles lo que está ocurriendo (cartas del 24 de enero, 11 de febrero, 04 de marzo y 10 de marzo de 2022) y hemos pedido, en virtud de las potestades que la ley asigna a la institución, disponer las actividades necesarias para asegurar el normal funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Pangue, necesaria para la seguridad del Sistema Eléctrico Nacional. Comunicaciones del mismo tenor han sido enviadas al Coordinador Eléctrico Nacional, Carabineros de Chile y a la Delegada Presidencial Regional Biobío, responsable del orden público y de la seguridad de la población en todo el territorio.
