-
Por Gonzalo Pérez, jefe de Estudios del Consejo de Política de Infraestructura
Catorce años de sequía continua en medio de un escenario de cambio climático, una población en aumento que requiere suministro de agua potable y sectores económicos que tienen una demanda creciente de recursos para la producción, son algunos elementos que revelan la crisis hídrica en Chile.
Y como todo problema relevante, se necesita una respuesta urgente. Por eso, la desalinización surge como una alternativa para entregar suministro a la industria, a la agricultura y al consumo humano.
La implementación de una política en la materia requiere definiciones respecto a los objetivos a perseguir y también al rol que tendrá el Estado en la planificación de estas obras. Entre los desafíos que surgen están el uso y manejo del borde costero, los posibles impactos ambientales y la complementariedad de estas inversiones con otras iniciativas relativas al agua, entre otros temas.
Hoy existen 24 plantas desaladoras en operación a nivel nacional, las que producen 7.940 litros por segundo. En paralelo, otras 22 están en etapa de construcción o de planificación. La mayor parte de estas iniciativas corresponde a proyectos privados que persiguen abastecer de agua a la minería en la macrozona norte, lo que ha permitido que se reduzca la utilización de aguas continentales. Otras plantas se han impulsado para entregar suministro potable a ciudades donde hay una fuerte escasez, como es el caso de Antofagasta y también se instalará otra en Quintero, un proyecto multipropósito.
También se debe observar que en el mundo existen 20.000 plantas desaladoras funcionando, siendo Israel, líder en la materia.
A pesar de que la desalinización aparece como una opción relevante para hacer frente a la crisis -en conjunto con otras medidas para aumentar la oferta y mejorar la gestión-, si proyectos de este tipo son impulsados solamente por privados, el recurso hídrico llegará únicamente a los que son capaces de pagar por él, dejando de lado a otros usuarios que requieren agua y que poseen una baja capacidad de pago, como por ejemplo, los que viven en sectores rurales.
Es allí donde el Estado debería jugar un papel más relevante en términos de planificar la infraestructura para asegurar el agua destinada al consumo humano y para las pequeñas y medianas industrias, impulsando proyectos multipropósito con tarifas diferenciadas para los distintos usos y que permitan generar los volúmenes que justifiquen estas importantes inversiones.
El Ministerio de Obras Públicas ya está avanzado al anunciar la concesión de dos nuevas plantas en las regiones de Coquimbo y O'Higgins en los próximos años. Además, la cartera está realizando importantes estudios de demanda donde se evalúa el impacto que tendrían estas obras para el sector agrícola (los grandes consumidores).
En esa línea, la correcta planificación de estas inversiones es clave a la hora de analizar los beneficios y también los impactos que tienen estos proyectos. Un buen camino es continuar observando la experiencia internacional al tiempo de que se deben continuar los análisis a nivel local con diversas instituciones y comunidades.
