Un informe de la Contraloría General de la República reveló que la Subsecretaría de Energía no ha reembolsado a Enap más de $517 millones por la iniciativa. El programa, que buscaba beneficiar a 100 mil familias, solo logró llegar a 3 mil hogares y generó cuestionamientos por el alto costo estatal por cilindro distribuido.
La historia comenzó en mayo de 2023, según lo reportado por Trade-News.cl entonces, cuando la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) inició su incursión en el mercado del gas licuado de petróleo domiciliario en la comuna de Longaví, Linares. Este ingreso se realizó a través de los distribuidores Gasnet, Glen Energy, Suma Gas y HN, con la incorporación de tres nuevos distribuidores en los días siguientes.
Entre julio y diciembre de 2022, Enap comercializó el gas que producía mediante su filial Gas de Chile, beneficiando a familias en situación vulnerable, seleccionadas por el Ministerio de Energía y los municipios involucrados. Estas familias pudieron acceder a cilindros de gas con un descuento aproximado de $10.000 por unidad, lo que representó un alivio económico significativo.
El modelo implementado representaba un cambio estructural en la distribución de gas en el país, inspirado en una iniciativa nacida en Chiguayante. El Plan Piloto lanzado en 2022 convocó a alcaldes y al entonces ministro de Energía, Claudio Huepe, y logró reducir el precio del gas, mostrando resultados positivos que llevaron a Enap a consolidarse como un nuevo actor en este mercado. Esta decisión respondía a la necesidad de muchas familias chilenas de acceder a este combustible a un precio justo.
Al momento de la implementación del plan, el Ministerio de Desarrollo Social, liderado por Giorgio Jackson, también estuvo a cargo del proyecto.
SOLO 3 MIL HOGARES
Sin embargo, poco después surgieron cuestionamientos cuando se reveló que el costo estatal por cada cilindro distribuido en el plan piloto ascendió a $117.000, sumando un total de $517 millones.
La meta del Ejecutivo era beneficiar a 100 mil familias, pero solo se logró distribuir gas a 3 mil hogares. Más de dos años después del fracaso del plan, un informe de la Contraloría General de la República, publicado por The Clinic el 15 de enero tras una denuncia del diputado Marco Antonio Sulantay (UDI), reavivó la controversia.
El documento, titulado «Informe final de investigación especial N° 858 sobre eventuales irregularidades en el financiamiento del Plan Piloto Gas a Precio Justo, ejecutado por Enap, a solicitud de la Subsecretaría de Energía», fue publicado hace nueve días.
En él, la Contraloría advierte que la Subsecretaría de Energía no ha reembolsado a Enap los costos de distribución del plan piloto, los cuales ascienden a $517.068.501. Por esta razón, la entidad deberá acreditar las gestiones realizadas ante el Ministerio de Hacienda para resolver este pago pendiente. También se señala que hubo demoras en las acciones necesarias para obtener financiamiento para el proyecto, cuya ejecución finalizó a fines de 2022.
Además, la Subsecretaría de Energía deberá presentar documentación que respalde la creación y formalización del procedimiento interno que regule el desarrollo de políticas públicas en conjunto con Enap. Este documento deberá detallar las medidas implementadas para mejorar la gestión y definir responsabilidades en futuros proyectos. Asimismo, se exigió la instrucción de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de estas irregularidades.
Ausencia de plan regulatorio
El informe también evidencia que la Subsecretaría de Energía carece de un procedimiento formal para definir metodologías de trabajo con Enap. Se señala la ausencia de un marco regulador para establecer colaboraciones entre ambas entidades en políticas públicas, además de la falta de restitución de los recursos utilizados en el plan piloto.
En cuanto a las deficiencias en el diseño del proyecto, se identificó que no se establecieron formalmente las obligaciones y responsabilidades de cada parte, ni se asignaron supervisores para su correcta ejecución. También se detectó la ausencia de una fuente de financiamiento definida, sin especificar si se utilizarían fondos del presupuesto de la Subsecretaría de Energía, utilidades de Enap u otras fuentes. Esta falta de claridad afectó la viabilidad del plan y contribuyó a su fracaso.