José Navarrete Oyarce, director Magíster en Tributación
Universidad Andrés Bello
La reciente implementación de la ley contra la evasión tributaria introduce un cambio importante: los bancos deben informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre transferencias bancarias recurrentes, es decir, que superen las 50 transacciones.
Esta medida, que busca detectar negocios no formalizados o aquellos que subvaloran sus ingresos, genera inquietudes entre quienes utilizan herramientas digitales para complementar sus ingresos.
Este nuevo umbral de transferencias obliga a muchas personas a reconsiderar la formalización de actividades que antes se manejaban en la informalidad. En un entorno donde la economía digital y el trabajo autónomo están en auge, la intención es cerrar brechas fiscales y garantizar que los ingresos obtenidos en estas modalidades contribuyan al financiamiento de los servicios públicos. Este análisis examina el impacto de esta norma en las personas obligadas a formalizarse.
La medida contribuye a la formalización de manera positiva. La economía digital en Chile crece rápidamente, y con ella, muchas personas utilizan cuentas bancarias o plataformas de prepago para recibir pagos. Sin embargo, la informalidad de estas transacciones crea un déficit en la recaudación de impuestos, afectando a todos los ciudadanos.
Esta regulación traza una línea clara entre las actividades personales y las comerciales, y busca que quienes obtienen ingresos por medios digitales contribuyan equitativamente al sistema tributario.
Además, esta medida reduce la competencia desleal que enfrentan los negocios formalizados ante aquellos que operan fuera del sistema.
A pesar de los beneficios, la formalización trae retos operativos para los contribuyentes afectados. Muchas personas se preguntan si deben declarar sus actividades, incluso si las realizan a pequeña escala o como ingreso secundario.
La exclusión de ciertas cuentas de prepago del umbral de transferencias recurrentes refleja el esfuerzo del SII por adaptarse a las nuevas realidades económicas y ofrecer un respiro a quienes usan estos instrumentos ocasionalmente. No obstante, esta medida sugiere que, a largo plazo, la fiscalización abarcará más personas y cuentas de forma detallada.
Esta regulación necesita ir acompañada de orientación accesible y apoyo concreto para los contribuyentes. La falta de claridad en los procedimientos de formalización y la percepción de un cumplimiento complejo pueden llevar al incumplimiento involuntario. Es importante seguir digitalizando el SII y simplificando procesos para que todos los contribuyentes, sin importar su nivel de ingresos o conocimiento tributario, cumplan con sus obligaciones de manera sencilla y económica.
El objetivo de una economía más formalizada y transparente resulta positivo. Sin embargo, el desafío consiste en implementar esta regulación de forma justa y accesible, asegurando que cada contribuyente entienda sus responsabilidades sin enfrentar obstáculos burocráticos.
Para que la norma logre un impacto justo y efectivo, es fundamental reforzar las herramientas de educación fiscal y ofrecer asistencia que facilite el cumplimiento tributario para todos.
