Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, sostiene que un cambio en el fraccionamiento actual, en favor del sector artesanal, significaría un fuerte golpe para el Fisco en materia de recaudación tributaria.
Desde el año 2012 a la fecha el sector ha aportado al erario público por estos conceptos una suma que supera los US$700 millones.
“Chile es el país donde la pesca industrial soporta la mayor tasa de cobros fiscales específicos al sector y es la única actividad que opera sobre recursos renovables que paga royalty a todo evento, independiente si se pesca o no”.
Así lo hizo ver Macarena Cepeda Godoy, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, consultada por los aportes impositivos de la industria al Estado, una materia de la que no se habla en las discusiones del nuevo proyecto de ley de Pesca de este Gobierno.
La iniciativa se encuentra en su primer trámite constitucional y en septiembre recién pasado, la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, aprobó en general por 11 votos a favor y uno en contra, un nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial (boletín 17.096).
COMPLEJO PANORAMA
Con ello y según recoge el Boletín Regional N°15 del Núcleo de Humanidades y Ciencias Sociales, Faro UDD, para el sector industrial el panorama con esta nueva ley se ve complejo. Se reduce su fracción de la cuota global de captura, menor a la vigente por aumentarse las deducciones para investigación, consumo humano e imprevistos, y se disminuye el plazo de las licencias de pesca de 20 a 10 años.
Efectivamente, el texto propone el citado fraccionamiento de carácter permanente, para las cuotas globales de captura de las pesquerías. La participación de cada sector se determinará considerando los desembarques reales realizados, en consideración a antecedentes científicos y registrales. También define una regulación respecto de los aumentos de cuota global de captura del recurso jurel; derivados de decisiones de administración de la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur.
Macarena Cepeda, presidenta de Pescadores Industriales del Biobío
TRIBUTOS PARTICULARES
Como actividad productiva, el sector pesquero industrial está afecto a tributos particulares de relevancia para la recaudación fiscal, como la patente única pesquera (28%), un impuesto específico o royalty (41%), certificación y pago por licitación (3%) y 28% por subastas (PEP y LTP Clase B), explica Macarena Cepeda.
Es así que desde el año 2012 a la fecha el sector ha aportado al erario público por estos conceptos una suma que supera los US$700 millones.
En este sentido, es que la ejecutiva sostiene que “un cambio en el fraccionamiento actual, en favor del sector artesanal, significaría un fuerte golpe para el Fisco en materia de recaudación, la que se vería fuertemente disminuida”.
“En impuesto específico y patentes, las empresas que tienen operación principal en el Biobío representan más del 60% del total nacional”, aseguró la ejecutiva.
Este impuesto específico está asociado a las toneladas que cada empresa tiene derecho a extraer anualmente de cada recurso. En cambio, la patente única pesquera está asociada a las embarcaciones de los titulares de permisos y/o licencias que efectúan actividades extractivas y depende del tamaño de la embarcación.
MAYORES COSTOS, MENOR EMPLEO
La investigación de Faro UDD, advierte que el aumento de la cuota del sector artesanal producto del fraccionamiento encarecería los costos de la industria, puesto que deberá comprar a dicho sector los recursos extraídos a un precio mayor, mismo efecto que podría provocar la reducción de las Licencias Transables de Pesca (LTP) de 20 años a 10 años asignadas mediante criterios históricos y el aumento de las subastas públicas, por cuanto las obligaciones de pago asociadas a estas últimas son mayores que el de las licencias históricas.
En esa línea, ahonda en que este cambio en las reglas del juego podría provocar que el tiempo para amortizar las inversiones realizadas (10 años) sea insuficiente y, en el largo plazo, un encarecimiento de estas.
La ley vigente contempla dos tipos de LTP, las de clase A que se asignan mediante criterios históricos, y las de clase B que resultan de la subasta de un porcentaje máximo de 15% de las LTP clase A. La propuesta del Gobierno busca modificar los porcentajes asignados a ambas clases de licencias. Así, las LTP asignadas mediante criterios históricos pasan de un 85% a un 50%, y las asignadas mediante subastas públicas de un 15% a un 50%.
Finalmente, hace ver que en materia de empleo, el fraccionamiento propuesto de la cuota global de captura entre industriales y artesanales podría tener efectos indirectos en el empleo formal, especialmente si se considera que en el sector artesanal hay una mayor prevalencia de empleo por cuenta propia, que es donde se concentra el empleo informal en el rubro. Esto supone un problema para las pesquerías del norte, donde se propone el mayor traspaso de la cuota del sector industrial al artesanal.
