La presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, recordó que mientras el Gobierno busca impulsar la pesquería de jurel para consumo humano y atraer inversión privada a la Región del Biobío que vive una crisis socioeconómica, agravada por el cierre de Huachipato, el Congreso tramita una legislación que contradice estos esfuerzos.
“Tenemos como sector productivo de regiones una crítica muy profunda a la forma y el fondo de cómo se está tramitando la nueva Ley de Pesca. Se busca un logro político más que una regulación justa y equitativa”, dijo Macarena Cepeda Godoy, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, tras participar por segunda vez en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados.
La dirigente gremial desistió de hacer una presentación técnica y jurídica para intentar explicar y defender los puntos de vista del sector pesquero industrial de la zona centro sur y leyó una carta a los parlamentarios de la instancia.
Fue así que frente a esta Comisión detalló que: “A pesar de que se ha manifestado la necesidad de discutir esta Ley con transparencia y de forma democrática, equitativa y justa, desde que comenzó esta parte de la discusión, se habrán escuchado hasta hoy unas 20 organizaciones artesanales y sólo 2 industriales. Esa inequidad e injusticia también la vivimos en el proceso anterior que fue dejado de lado para concentrarse en exclusiva en los fraccionamientos vigentes”.
Agregó que “el corazón de toda regulación pesquera es saber conciliar los intereses contrapuestos de los sectores artesanal e industrial y por lo tanto esta discusión es la más relevante de los últimos 10 años, pero sin duda también de la próxima década. Entonces fijar la discusión con suma urgencia, literalmente a toda velocidad y sin una amplia participación y escucha a técnicos, científicos y voces autorizadas, más parece un diseño para alcanzar un logro político a toda costa, que una regulación justa, que genere desarrollo y que nos prepare para el futuro”.
LOS CONTRASENTIDOS
La presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío recordó que hace una semana el Ministro Grau presentó en Concepción un plan para recuperar la industrialización y el crecimiento en Biobío, ello, precisó Cepeda, “porque hay conciencia que el Biobío atraviesa una profunda crisis socio económica, la que se ve agudizada por el cierre de Huachipato. Sin embargo, mientras el Gobierno, con una mano intenta impulsar y sacar adelante mi región, a través del fortalecimiento de la pesquería del jurel para consumo humano, e intentando dar certezas para atraer una mayor inversión privada, con la otra, en el Congreso, se tramita una legislación que va en sentido totalmente contrario”.
A su vez la representante gremial explicó que “romper los fraccionamientos vigentes no sólo es un problema jurídico mayor, sino que, al aumentar la porción artesanal, particularmente en el caso del jurel, este tiene como destino la fabricación de harina de pescado y no los alimentos que incorporan mayor valor agregado y alta demanda de mano de obra. Es decir, significaría un retroceso para la industria de alimentos ligada a la pesca en la misma región que se busca impulsar esta actividad. Un verdadero contrasentido”.
Al ser consultada tras la sesión, Macarena Cepeda, puntualizó que “queremos levantar una voz de alerta, pues observamos con preocupación que no somos el único sector económico o empresarial de Chile que está siendo atropellado en sus derechos, lo que comprometerá el desarrollo del país por muchos años de no mediar el regreso de la cordura normativa y el diálogo sincero”, finalizó la dirigente gremial.
