Por Osvaldo Artaza, decano Facultad de Salud y Ciencias Sociales Universidad de Las Américas
Se avecina la fecha concordada entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento para nuevos proyectos de ley de reforma a la salud. Dicho compromiso, especialmente relacionado con eliminar las preexistencias, fue parte de la negociación para viabilizar la ley corta. Las expectativas y las presiones serán enormes. El nudo del problema es que eliminar preexistencias obliga a solidarizar o mutualizar riesgos. Para lo anterior, hay propuestas totalmente antagónicas. Por una parte, quienes defienden a las isapres proponen un fondo de compensación entre ellas y así viabilizar a una industria que se encuentra en crisis. Esto es consecuencia de un diseño que ha demostrado fallas.
Por el otro lado, en sectores del oficialismo, se insiste en el programa de gobierno sobre un fondo universal de salud. En este escenario, las isapres se convierten en seguros complementarios. No están dispuestos a otro salvavidas para dicha industria. Dado ese escenario, es altamente probable que no pase nada y sigamos donde mismo. Para destrabar esta compleja situación, el posibilitar un fondo de compensación interisapres podría explorarse. Esto exigiría profundos cambios que generen beneficios a la mayoría de la población. O, derechamente, tirar el mantel y cambiar radicalmente las reglas del juego.
En lo primero, podría barajarse que las aseguradoras privadas cambien sus mecanismos de pago. Se generarían incentivos a la contención de costos e incorporarían equipos de salud familiar moduladores de la demanda. O que derechamente contribuyeran a financiar y a utilizar la atención primaria municipal. Esto haría más eficiente la prestación de servicios. En la segunda opción, el mayor conflicto se centra en el debate de si las cotizaciones en salud son parte o no de la seguridad social y si debe o no prevalecer la libertad de elegir donde aportarlas. Quizás podríamos concordar a través de una reforma tributaria. Así se podría poner fin a las cotizaciones como en muchas partes del mundo desarrollado. En ese caso, el sistema de salud se universalizaría y financiaría solo por impuestos generales. En paralelo, se contaría con un mercado bien regulado de seguros privados voluntarios.
Ante el evento de que ni lo uno ni lo otro sea viable y del riesgo de una no reforma, no quedará otra que ocuparse de otras reformas urgentes. Entre ellas, el sistema de licencias médicas, la gestión hospitalaria y la mejora del Fonasa. Donde prontamente estará el 90% de los chilenos.