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Positivo impacto para personas y mipymes muestra la ley de Insolvencia

El Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, destacó que la nueva Ley 21.563 hoy permite que un mayor número de personas y pequeñas empresas puedan reorganizar sus deudas de manera eficiente, con menores costos y menos trámites burocráticos.

Este domingo 11 de agosto se cumplió un año desde que la Ley N.º 21.563 entró en vigor. Ofrece procedimientos simplificados que han ampliado las oportunidades para que personas y micro y pequeñas empresas que enfrentan problemas de sobreendeudamiento, puedan llegar a acuerdos de pago con sus acreedores.

Al evaluar los resultados de este aniversario, el Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, comentó que “hoy Chile cuenta con una legislación en materia de insolvencia mucho más moderna, expedita y accesible para los ciudadanos”.

Destacó, como ejemplo, el incremento significativo en las renegociaciones de . Este proceso ahora es accesible de gratuita para más personas, ya que se incluyen a deudores que emiten boletas de honorarios. Antes de la reforma, estos contribuyentes solo podían optar mayormente por la liquidación de bienes para saldar sus obligaciones financieras.

Impacto de la Ley en las Renegociaciones

Entre agosto de 2023 y julio de 2024 se han solicitado 1.527 renegociaciones, de las cuales el 66% (1.014 casos) corresponden a deudores que emiten boletas de honorarios, lo que evidencia el impacto positivo de la nueva en este aspecto.

Otro de los objetivos de la nueva normativa fue facilitar el acceso de las MIPEs a una reorganización simplificada en casos de insolvencia. La autoridad resaltó que este proceso es “más flexible, menos burocrático y más económico en su acceso, gracias a la intervención de veedores especializados. El cobro promedio de administración del proceso se ha reducido significativamente, pasando de 400 UF a solo 100 UF promedio. Esto permite que más empresas tengan una segunda oportunidad, preservando y manteniendo la continuidad de la cadena productiva.

Para aquellas empresas de menor tamaño y personas que no estén en capacidad financiera para proponer a sus acreedores una propuesta de reorganización de sus deudas, la nueva ley también dispuso de un nuevo procedimiento, la liquidación simplificada, que eliminando al máximo la burocracia, ha permitido que el procedimiento reduzca su tiempo de tramitación de más de dos años a cuatro meses en promedio. Esto permite a las empresas deudoras y personas volver a insertarse en la economía y poder acceder a productos financieros.

Educación financiera al debe

A pesar de los logros alcanzados, Sánchez reconoció que aún persisten desafíos, especialmente en el ámbito de la educación financiera. “Existe aún un bajo conocimiento del texto legal, lo que dificulta el acceso oportuno a estos procedimientos. Por ello, estamos trabajando en un de co-creación junto a gremios de MIPEs, universidades y otras instituciones públicas para mejorar la difusión de la ley.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a informarse a través de las plataformas virtuales www.superir.gob.cl y www.tenlaclara.cl.