El acuerdo se alcanzó con la condición: que el contenido se maneje bajo reserva.
Un mecanismo especial que permite la apertura de cuentas por posibles delitos tributarios es a lo que apunta el levantamiento del secreto bancario en el proyecto de obligaciones tributarias y que fue aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
El acuerdo se alcanzó con una condición puesta por la oposición: que el contenido se maneje bajo reserva e, incluso, quedó aprobado que el Servicio de Impuestos Internos debe destruir los antecedentes si se comprueba la inocencia de las personas o entidades investigadas.
Este tema no ha dejado indiferente a distintos analistas, como Patricio Gana de AK Contadores, quien afirmó que uno de los tópicos centrales en el asunto del secreto bancario son los niveles de corrupción que presenta Latinoamérica y en países como Chile.
“El tema es que cuando estos montos empiezan a filtrar, pueden dañar negociaciones, incluso pueden afectar también la forma de competir, porque es información muy valiosa para los demás. Lo hemos visto en los casos del escándalo que tenemos de Factop y otros que hemos vivido en el pasado, como Inverlink hace algunos años, con las filtraciones que venían incluso del Banco Central”, recordó.
Entonces, dijo, cuando se da esa realidad en las instituciones, la verdad es que no se hace viable que se levante el secreto bancario, porque como sociedad “no estamos preparados, no hay sanciones cuando se vulneran los derechos de las empresas, entonces solamente dejamos vulnerables a una gran cantidad de empresas en vez de perseguir en forma correcta la evasión tributaria”.
Filtro de tribunales
Mientras que Álvaro Moraga, de Moraga & CIA, señaló que el levantamiento del secreto bancario, en la medida que se resguarden los derechos de los contribuyentes y tenga un filtro por los tribunales de justicia dada su imparcialidad, no se le ve mayor problema y, por lo mismo, es lógico que haya sido aprobada por una amplia unanimidad la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
“Lo importante en materia del secreto bancario es precisamente que existan los mecanismos de resguardo a la legítima privacidad de todos los contribuyentes y donde haya un procedimiento que garantice que un órgano imparcial, como son los tribunales de justicia, puedan resguardar que esto solo se haga en casos extremos, donde evidentemente es muy necesario que se pueda tener conocimiento de los movimientos para detectar conductas fraudulentas y directamente delictuales”, apreció.
Añadió que el proyecto de ley del Ejecutivo pretende quitar a los tribunales la facultad de determinar de manera independiente si una conducta fue o no elusiva. De hecho, rememoró que hace un par de semanas se supo que el Tribunal Tributario de la Región de Ñuble había acogido una solicitud del Servicio de Impuestos Internos en este sentido.
“Y el problema que se da es que el SII quiere volver a lo que tenía antes, que es la capacidad no solo de investigar, sino que también de juzgar. En ese sentido, lo que quiere el Ejecutivo es que sea el mismo servicio el que pueda calificar una conducta de elusiva, lo que claramente es un retroceso en materia de independencia, más aún en un servicio público que hasta hace poco gozaba de gran prestigio y hoy está fuertemente cuestionado por las eventuales intervenciones políticas que puede tener”, apuntó.
