La líder gremial sostiene que el proyecto de ley de pesca tiene muchas inconsistencias y falta de conocimiento de quienes lo elaboraron, que evidencian que no hay un entendimiento de cómo funciona el sector pesquero industrial.
Este 2024 Macarena Cepeda Godoy cumplirá 8 años como timonel de los Pescadores Industriales del Biobío.
Con su presencia gentil, de suaves y delicados modos, la ingeniera civil químico de la Universidad de Concepción ha sabido navegar por las turbulentas aguas que han golpeado al gremio y conducirlo con inteligencia y sobre todo con la convicción que le da un conocimiento acabado del sector y que traspasa al conversar con ella sobre la contienda que se les viene con el proyecto de una nueva ley de pesca que el Ejecutivo presentó en diciembre pasado.
La nueva norma legal la rebate con argumentos claros, enfáticos y firmes, la líder gremial, la primera en ser nombrada presidenta en los 73 años de historia del gremio pesquero.
“Vemos que el proyecto de ley tiene muchas inconsistencias y falta de conocimiento de quienes lo elaboraron. Es evidente que no hay un entendimiento real de cómo funciona el sector pesquero industrial y también, según han manifestado algunas organizaciones artesanales en la Comisión de Pesca, hay un retroceso respecto de lo logrado, por ejemplo, en materias asociadas a la ley Bentónica que, si bien fueron resueltos en dicha ley en el nuevo proyecto se vuelve atrás”.
Como está planteada, la ley significa un estancamiento para el sector pesquero industrial. No hay incentivo a la inversión y significaría una destrucción de todo el desarrollo que ha tenido la pesca industrial en todo este tiempo, sostiene.
LICITACIÓN
La primera es la idea de licitación como un mecanismo de asignación de recursos, que es el menos usado en pesca y con efectos negativos que incluso se ha eliminado como mecanismo de asignación en algunos países.
Precisó que existe un fraccionamiento que rige la actividad pesquera industrial hasta el año 2032 y ese fraccionamiento entró en vigor con la actual ley de 2012. “Este fraccionamiento se acuerda en 2011 antes de que inicie la tramitación de la actual ley, por lo tanto, fue una medida respaldada por todos quienes lo aprobaron y tiene que estar vigente hasta 2032. Es parte de las condiciones que le permitieron a la pesca industrial cambiar las autorizaciones indefinidas por las Licencias Transables de Pesca (LTP) por 20 años con renovación, es decir, rigen hasta 2033”.
La nueva ley plantea que las LTP tengan una duración de 10 años.
“Se comprenderá que con 10 años no hay actividad que quiera invertir cuando hay barcos que tienen una vida útil de 25 a 30 años. Ese tipo de condiciones habilitantes para una actividad económica, lo que hace es precarizar esa actividad, porque los tenedores de esas licencias transables a 10 años no van a querer invertir para mejorar los estándares del, solo van a estar cumpliendo con el mínimo”, señala.
LA EQUIDAD Y EL ROYALTY
Otra de las materias que se plantea es redistribuir, para terminar con los “privilegios injustos”, como se ha dicho, de la pesca industrial. “Cuando uno se pregunta cuáles son esos beneficios que en la zona centro-sur logramos obtener no los encuentro”, dice Cepeda y explica por qué.
“Cuando se aprueba el fraccionamiento, la pesca industrial de la región del Biobío perdió en todas las pesquerías. Eso significó un traspaso de US$38 millones de la época que fue la valorización equivalente a esas cuotas. Eso fue un traspaso no una venta. En el fondo lo entregó gratuitamente, lo que se tradujo en una real disminución de la participación industrial”.
Asimismo, se empezó a pagar un impuesto específico a todo evento, que hasta antes del 2012 no existía y a la fecha el sector ha pagado más de US$600 millones por este concepto.
“Este tributo se paga en función de la cuota que cada uno tiene, es decir, si una compañía no pesca toda su cuota igual debe pagar y, además, está incorporado el valor de las licitaciones del jurel, merluza, sardina y en todos aquellos recursos que han alcanzado el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), además de las patentes pesqueras y certificaciones”.
La incidencia del impuesto específico sobre la valorización de los desembarques es del 13%. Mientras que en países pesqueros como Perú es el 3,0% y el 7,0% en otros casos.
“La carga impositiva que tenemos nos pone desventaja respecto de otros países pesqueros y además es un impuesto que en algunas pesquerías es muy relevante en relación con las utilidades de las empresas. Además, se nos permitió cambiar autorizaciones indefinidas que teníamos por un instrumento que es la LTP que es finita por 20 años y que se pueda renovar y que contempla el 15% de licitación.
Entonces, agrega, “cuando se parte de la premisa de que con la anterior ley se ganó, estamos partiendo de una base que es equivocada e injusta”, argumenta la presidenta de los industriales pesqueros del Biobío.
ESTAMOS A FAVOR
“Nosotros estamos a favor de una nueva ley de pesca que realmente signifique una mejora para el sector pesquero en su conjunto. Hoy la propuesta considera materias como investigación, fiscalización, combate a la pesca ilegal, pero cuando vemos que se están aumentando en 11 los funcionarios de Sernapesca, da la impresión de que el cambio para abordar el tema de la pesca ilegal no va a ser muy efectivo”.
Esto también evidencia incoherencia y poca profundidad, advierte. “De hecho, hay temas de técnica legislativa en el proyecto de ley que están equivocadas y que hacen referencia a artículos que no corresponden”, puntualiza.
Hemos hablado mucho también de certificar las pesquerías y avanzar en la certificación propia de los desembarques para combatir la pesca ilegal, pero ese tipo de cosas no están incorporadas en la ley y, en temas de fomento al consumo humano, no se ve cómo se va a avanzar en esta línea, sostiene.
“La Pesca Industrial nunca se opondrá a mejorar, actualizar o adaptar el ordenamiento pesquero a las mejores prácticas pesqueras, ambientales y de sostenibilidad disponibles en el país y el mundo y está disponible para colaborar con nuestro conocimiento, experiencia, para aportar al desarrollo del sector”.
DIALOGOS SORDOS
El Ejecutivo y la Comisión de Pesca se dieron febrero y marzo para escuchar la opinión de los distintos actores sobre el proyecto y votar la idea de legislar a fines de marzo. A la fecha se ha escuchado a 10 organizaciones de las cuales 9 han sido artesanales y una industrial (Sonapesca), del extremo norte.
“Esperamos que esta “equidad” con la que se espera tratar la tramitación de este proyecto de ley sea real, se nos escuche y se quiera entender la realidad de las distintas macrozonas del país”, dice Macarena Cepeda.
Es que aquí no es llegar y decir que con la licitación se resuelven todos los problemas, afirma.
“Cuando te dicen que te van a sacar una parte importante de lo que te permite hoy realizar ese desarrollo económico la verdad es que no puedes seguir conversando. Es como si te dijeran mira, te vamos a cortar las piernas, pero te vamos a construir un parque super bonito para que salgas en tu silla de ruedas. Lo que vas a decir es que ¡no me corten las piernas! y luego vemos como mejoramos el entorno”, grafica Cepeda.
BIOBÍO: CAPITAL PESQUERA
A juicio del gremio, este es un proyecto de ley refundacional respecto de la pesca industrial y estiman que ese cambio tan radical va a generar un daño de envergadura mayor.
“La ley de la jibia, que significó la pérdida de unos 8 mil empleos en el Biobío, va a quedar chica al lado los efectos que pueda llegar a tener esta. Vemos que este cambio se tiene que hacer con los actores. Se recogió la opinión de éstos, se analizó por el Ejecutivo y la Subsecretaría y se hizo una propuesta que después no fue conversada ni con la pesca artesanal, ni la industrial ni con las pymes”.
La gran preocupación, añade, “es cómo desde la capital pesquera de Chile podemos opinar con datos y con información técnica sobre esos efectos, porque hay una gran diversidad de actores en la región, añade. Este ecosistema que se da entre la pesca artesanal, pymes y la pesca industrial no se da en otras regiones y es muy importante que la autoridad entienda estos encadenamientos y cómo nos vinculamos y ahí yo siento que falta”
El sector aporta a nivel regional 6.500 mil directos se concentran en las comunas de Tomé, Talcahuano, Coronel y Lota, donde operan 23 plantas, abastecidas por una flota de 33 barcos. Asimismo, sólo en la Región del Biobío, existen 372 pequeñas y medianas empresas que prestan servicios a este sector donde laboran otros 4 mil trabajadores y concentra el 60% del total de los desembarques nacionales (artesanal e industrial).
Finalmente, la líder gremial, hizo ver que en la región del Biobío son pocas las actividades ancla que siguen con dinamismo, que sostienen el empleo y los encadenamientos, y la pesca industrial está en una condición dinámica.
“Estamos trabajando sobre recursos pesqueros saludables, que están recuperados y podemos proyectarnos, pero el proyecto de ley nos pone el freno de mano. Y, precisamente cuando necesitamos que las actividades que están sanas puedan tirar el carro nos vemos enfrentados a una ley como esta. La verdad es que no se entiende qué está pensando el Ejecutivo. Se esperaría que incentiven aquellas actividades que están funcionando bien, pero parece que hoy el interés es sacar los patines y nivelar para abajo”, concluyó la presidenta de Pescadores Industriales del Biobío.
