- “Hasta el año pasado a la fecha el MOP tenía alrededor de 55 obras licitadas y adjudicadas en la región y en este momento no pasa de las 20. Existen los recursos, los dineros y la voluntad, pero las cosas no salen…”. Bernardo Suazo, presidente de la CChC Concepción.
El alza el precio de los materiales del 30% en pandemia y post estallido social, normas que frenan las inversiones porque se han encarecido los costos, la eliminación de incentivos como el IVA a la construcción, las dificultades de las familias para adquirir una vivienda llevando las cifras de allegados y campamentos a niveles vergonzosos, son solo algunas de las consecuencias de la compleja crisis que mantiene anclada a la industria de la construcción del Biobío, desde hace 4 años.
Es la tormenta perfecta, asegura el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, CChC Concepción, Bernardo Suazo en conversación con www.trade-news.cl.
Hasta el 2019 el sector venía con un crecimiento bastante estable, no era un gran crecimiento, pero tampoco un decrecimiento. A partir del “estallido social” se generó un cambio radical en muchos temas que, sumados a la pandemia y la situación mundial de también afectaron. “Hubo una subida de alrededor de un 30% en el precio de los materiales, aunque este año se han estabilizado en un 14%”, dice y suma que nuevas normativas que han ido encareciendo el costo de invertir hasta en un 12%.
¿Vivienda propia?, imposible
Asimismo, afirma que de acuerdo con los cálculos del gremio, en 2019 una familia que lograba tener un ingreso mensual de alrededor de $1.5 millón podía acceder a una vivienda de 1.800 a 2.000 UF con una cuota de crédito razonable. “Ahora, esa familia debe tener un ingreso cercano a los $2 millones 700 mil y eso significa que es imposible para esta clase media emergente acceder a una vivienda. Estas personas han tenido que arrendar y cuando no es arriendo es ser allegados, que en estos dos últimos años han subido un 74%”.
Lo anterior es muy importante de entender, dice el presidente de la CChC, Bernardo Suazo y destaca que el Gobierno ha focalizado bastante bien el tema en el segmento de la población más vulnerable, pero mientras tanto crece aceleradamente este segmento que está bastante oculto, que esta clase media emergente.
Aquí advierte que hay discrepancias con las cifras que al respecto exhibe el Gobierno. “Ellos hicieron su propio conteo. La Cámara de la Construcción lo hizo con la Fundación Techo. La diferencia radica en que el Ministerio de Vivienda no incluye las viviendas que son casi inhabitables y por eso afirmamos que hay muchas más viviendas en emergencia y que suman más del millón. Solo en la Región del Biobío son unas 90 mil viviendas las que consideramos que faltan. Ese es el déficit habitacional”.
Por eso es por lo que efectivamente, hay una emergencia, dice Suazo y para ello, han propuesto, primero, ajustar el subsidio habitacional, porque si no, no se llega a precio simplemente, sostiene. “Estamos trabajando fuertemente con el Serviu. En general hemos tenido una super buena relación con el Gobierno en todos sus ámbitos sobre todo a nivel regional, pero a veces, lamentablemente, es difícil llegar al nivel central. En general, los directores de servicios y todos entienden cuando se les plantean las cosas, pero evidentemente ellos tienen ciertas restricciones y no es tan fácil destrabar cosas”.
- ¿Perciben como gremio la intención de parte de las autoridades del Gobierno en la región de contribuir en la búsqueda de soluciones, más allá de participar en mesas de esto o lo otro, hay gestión?
Puede ser que tengan trabas internas, pero hay voluntades. Tengo un ejemplo ahí, porque desde que llegó la directora del Serviu, María Luz Gajardo a principios de octubre, tenemos una mesa de “nudos críticos” e incluso ella llegó con una propuesta, llevó terrenos al Comité de Vivienda nuestro para ver cómo hacer un llamado especial al famoso Decreto DS-19 de Integración, porque para este año había 2.000 cupos a los que se presentaron 6 empresas y las seis ocuparon finalmente unos 1.000, es decir, en la región se perdieron la mitad de los cupos disponibles que ahora se redistribuirán en otras regiones si es que no hay un llamado especial. Ella está muy dispuesta a hacer ese llamado, pero sigue habiendo trabas de otra índole como el precio de los terrenos que no da mucho, pero ella tiene la voluntad de ir para adelante. También hemos tenido reuniones con el seremi de Obras Públicas, Hugo Cautivo, con quien hemos estado trabajando en conjunto. Tiene bastante voluntad.
- ¿En esa línea, cuál es la situación en las otras áreas de la industria de la construcción, como infraestructura por ejemplo?
Nosotros fuimos acérrimos defensores de la Ruta Pie de Monte en su momento, porque según se decía no se podía porque el Plan Regulador Metropolitano no estaba aprobado y el seremi de OO.PP. Hugo Cautivo, está lanzando la licitación de esta Ruta para fines de año o principios del próximo. En las regiones se sabe hacer más que en la capital. Aquí hay gente experimentada que sabe cómo hacer las cosas. El tema fundamental es el centralismo. Uno de los mayores atrasos en el Ministerio de Obras Públicas es porque está obligado a pasar por el Ministerio de Desarrollo Social prácticamente todas sus licitaciones. No es el regional el que ve el proyecto, por lo tanto, hay que ponerse a la fila de todos los proyectos del país y obviamente, ese Ministerio no tiene la capacidad de hacerlo.
- ¿Qué impactos han tenido estas prácticas en la actividad del sector en el Biobío?
Hasta el año pasado a la fecha, el MOP tenía alrededor de 55 obras licitadas y adjudicadas en la región y en este momento no pasa de las 20. Existen los recursos, los dineros, la voluntad, pero las cosas no salen, lo que es muy complejo porque estamos en un momento en que hay muy poca inversión privada. Lo que sostiene a las empresas cuando hay crisis es la inversión pública, sobre todo en infraestructura y no se ha dado por un tema de logística, de centralismo, de exceso de control. Creo que el Gobierno en todas sus reparticiones tiene más personas destinadas al control que al hacer y de ahí viene todo el tema de la “permisología”, que está siendo agobiante. Se han parado millones de dólares de inversión por temas de permisos. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) es uno de los ejemplos más claros en ese sentido. Sin embargo, la Cámara de la Construcción, sus socios, las empresas, nunca han querido saltarse la norma. Lo único que pedimos es eficiencia. No puede ser que un proyecto se demore en promedio 4 años en evaluación.
¿La industria de la construcción tiene los recursos y la disposición a invertir si es que se destraban estos escollos burocráticos?
La intención de salir adelante siempre está. El tema es si conviene o no con este sistema. Muchas inversiones están frenadas por esto. En general, un socio que tiene un buen proyecto cree que es rentable y ve que en todo el sistema aparece la obligatoriedad de pasar por el SEA, normalmente frena la inversión, porque sabe que la inversión es rentable en ese momento, porque uno saca una proyección de dos o tres años, pero no de 8. Y el problema fundamental es que aparte del SEA, esto pasa por una instancia política, entonces hay proyectos que pasan todas las instancias técnicas y cuando ya han pasado 5 años, llega a una instancia política específica y se rechaza. Eso tampoco genera certeza.
- ¿De qué magnitud es el golpe que esta contracción del sector ha tenido en el empleo en el Biobío?
Hasta 2019 el sector de la construcción generaba en la región de 60 a 65 mil empleos. A noviembre de 2023 se han perdido 17 mil empleos. Estamos a un ritmo de 2 mil empleos por mes y creemos que a comienzos del próximo año vamos a haber perdido 20 mil empleos. Es decir, estamos perdiendo a un tercio de la fuerza laboral de la industria de la construcción. A mí me llama la atención cuando veo que peligra que cierre Huachipato con 20 mil empleos y viene hasta el Ministro, pero en la construcción estamos perdiendo como locos y nunca hemos logrado que haya una voluntad o preocupación potente de parte del gobierno.
- ¿Pero el gobierno dice que la economía va bien, recuperándose?
Me complica ver a personeros de Gobierno decir que la economía va bien. Efectivamente, el PIB regional es de un 6,0% y engloba todo, pero el Índice de Actividad de la Construcción Regional (Inacor) está en un –7,4%. Esto significa que todo el resto de las actividades económicas en los próximos meses van a empezar a bajar. La construcción dinamiza la economía que hoy vive un momento que no es tan real, entonces el futuro no es muy auspicioso. Nuestras proyecciones y de acuerdo con el catastro que tenemos de nuestras obras, nos hacen prever que la construcción caerá este año cerca de un 10%, la cifra más baja de los últimos 5 años. Aquí hay ilusiones. Cuando vemos cifras de crecimiento hay que fijarse contra qué estamos midiendo, entonces las cifras pueden ser muy mentirosas. Por ejemplo, si comparamos con el 2019 que fue un año “normal”, este año estamos un 9,0% por debajo de esa cifra. Es decir, por mucho que crezcamos el próximo año, no vamos a llegar jamás a los niveles de 2019. Estamos viviendo un momento de crisis es verdad, pero estamos tratando de movernos por todos lados, desde la normativa hasta la parte financiera.
- El gobierno ha lanzado programas de apoyo para reactivar al sector como el Fogaes y el ofertazo de créditos hipotecarios del BancoEstado.
La campaña de crédito hipotecario es solo por diciembre y hasta el día de hoy las inmobiliarias no tienen claro cómo operar. Con el Fogaes pasó lo mismo. Dura hasta abril, lo que deja fuera un montón de proyectos que podrían haber optado y le ponen tal nivel de burocracia que es imposible. La gente que ha postulado es mínima. Para lo que sí ha servido es para introducir competencia entre los bancos, donde ha funcionado bastante bien. Hemos propuesto que se amplíe a 24 meses ó 48 meses para poder generar proyectos, que en la industria de la construcción toman mínimo dos años.
- Los permisos de edificación son una buena referencia de cómo se proyecta la actividad. ¿Cuáles son las cifras para este 2023 en esta materia?
Este ha sido el año en que entró el menor número de permisos de edificación de los últimos 30 años, es decir, estamos a nivel de 1992. Esto quiere decir que en los próximos años no va a haber construcción. Desde que se modificó el Plan Regulador, han entrado dos permisos de edificación de edificios en Concepción. No podemos densificar la ciudad, tampoco expandirla y no podemos tener infraestructura.
Somos una ciudad de servicios. Tenemos 20 mil estudiantes en la UdeC, 12 mil en la del Bío-Bío, como 9 mil en la Santa María, una población enorme donde tenemos la posibilidad de desarrollarnos como ciudad, pero estamos coartados por ciertos grupos de interés. Tenemos que ponernos de acuerdo, pero con una cierta armonía. Hay mucha ambigüedad en las normas, en el tema de los humedales, por ejemplo, es evidente que hay que protegerlos, pero lo que necesitamos es saber cuáles son los límites de las normas para tener claridad a qué distancia ponernos de ese límite. Un privado siempre cumple con las normas, pero en estos momentos esos límites no están claros, ni las normas, nada.
- En el último año se han ido sumando una cantidad importante de firmas constructoras que han pedido su quiebra. ¿Cuántas de éstas son de la Región?
A nivel nacional a la fecha han cesado 72. En Concepción o en la región no han sido tantas, porque en su gran mayoría son pequeñas y medianas lo que permite adaptarse rápido al cambio de escenario. Por ejemplo, una inmobiliaria que antes tenía 4 proyectos simultáneo, actualmente tiene 1. Y, uno de los problemas más graves que ha tenido la construcción tanto de infraestructura como de vivienda han sido los flujos de caja de las empresas. Si yo tengo un contrato con el Estado y a fines de mes tengo un pago con el cual voy a seguir mi obra, pero llega el momento y no se puede cobrar ese mes ni el siguiente. Una de las principales causas de las quiebras es porque no ha habido pago oportuno.
A Claro Vicuña, empresa de Concepción, el gobierno de Chile le debía más de $34 mil millones. ¿Qué empresa puede aguantar ese ritmo? Muchas veces esto se da por descoordinación, por no entender qué hay que hacer, porque el jefe del ente público es nuevo y nunca ha entendido nada y porque los más antiguos se quedan callados y prefieren no meterse. Aquí para lograr una firma en un organismo público tienen que pasar 10 firmas antes. Los oficios están llenos de “moscas”. Como sea, el costo más alto es para las personas, porque aquí hay gente que queda sin trabajo.
