El gremio local solicitó realizar un llamado extraordinario al Serviu durante este segundo semestre. Junto con ello, presentó 11 medidas que podrían incentivar a los desarrolladores inmobiliarios a reevaluar su postulación.
Durante el año 2022, más de 3 mil viviendas postularon al Subsidio de Integración Social y Territorial conocido como DS-19, para cubrir poco más de 1.600 cupos reservados en la Región del Biobío. El DS-19, permite a familias de diferentes realidades socioeconómicas, acceder a soluciones habitacionales en barrios bien localizados y cercanos a servicios con apoyo del Estado.
Sin embargo, en 2023, la situación es diferente, pues para un total de 2.000 cupos de viviendas reservadas para la región, se presentaron sólo seis proyectos con 1.127 viviendas, es decir, existen casi 900 cupos no cubiertos.
“Existe un desinterés de las empresas en querer postular a este tipo de proyectos, básicamente, porque las están enviando a construir a sectores donde el valor del suelo es demasiado costoso. Además, la falta de financiamiento por parte de los bancos está golpeando cada vez más. Si a esto sumamos el sobrecosto en el valor de los materiales y la burocracia que deben enfrentar las empresas a la hora de solicitar los permisos de construcción, se produce la tormenta perfecta”, afirmó la vicepresidenta del gremio local, Miladi Garfe.
Preocupados por esta situación que suma una nueva complejidad a la actual crisis habitacional, es que la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Concepción, se reunió con los equipos del Serviu para solicitar un nuevo llamado excepcional con condiciones especiales. En paralelo, presentó un plan que incluye 11 medidas que podrían incentivar a las empresas desarrolladoras a reevaluar su postulación.
Entre las medidas propuestas por el gremio a las autoridades están evaluar un aumento del precio de la vivienda vulnerable hasta 1.500 UF; la homologación nacional de precios de sectores emergentes y medios; liberar cupos por comunas; actualizar polígonos de comunas; equiparar montos de subsidios entre casas y edificios; generar crédito de enlace en un solo pago, para generar liquidez en las empresas desarrolladoras y acelerar inicios de obras, entre otras medidas.
“Si Biobío pierde esos subsidios en favor de otras regiones del país, los perjudicados serán las familias vulnerables que esperan contar con su casa propia, pero también la clase media que puede optar a este programa. Es por eso que estamos trabajando con el Serviu para poder revertir lo que está pasando, pues sin duda, viene a agravar la crisis habitacional que vive la región. Estamos a la espera del análisis que la autoridad haga de nuestra propuesta”, concluyó la vicepresidenta Miladi Garfe.
