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Industriales pesqueros del Biobío llaman a consumidores a respetar la veda de la merluza y denunciar su venta ilegal

La cuota de merluza común es de 42 mil toneladas. Sin embargo, en el Comité de Manejo de este recurso, sectores de la estiman que extraen otras 45 mil toneladas sólo de ilegal.

A las cero horas de este viernes 1 de septiembre comienza la tradicional veda reproductiva de la Merluza Común, conocida popularmente como “pescada”. Esta prohibición de captura, que se extiende por 30 días, rige para el sector pesquero en su conjunto y se ejecuta para asegurar una adecuada reproducción y desove de este recurso a fin de mantener su sostenibilidad en el tiempo. 

Al respecto, los pescadores industriales del Biobío, a través de la jefa de Sustentabilidad, Monserrat Jamett Leiva, llamaron a los consumidores a cumplir un rol fundamental. “Si las personas ven o les ofrecen Merluza ‘fresca' durante septiembre deben saber que se enfrentan a un pescado que fue extraído del mar de manera ilegal, y si la compran y consumen, están afectando la conservación de la especie y atentando contra el medioambiente. Les pedimos que por favor denuncien”.

Monserrat Jamett dijo que lamentablemente este valioso recurso pesquero no se recupera y se mantiene en un delicado estado pues está afecto a pesca ilegal. Es decir, se capturan muchas toneladas de Merluza Común por sobre la capacidad que tiene el recurso para reproducirse y mejorar su condición. 

“Actualmente, la cuota nacional de merluza común es de 42 mil toneladas. Sin embargo, en el Comité de Manejo de este recurso (una instancia oficial entre los actores pesqueros y el Estado), sectores de la pesca artesanal estiman que extraen otras 45 mil toneladas sólo de pesca ilegal. Es decir, unas 87 mil toneladas de merluza. A este ritmo es probable que las próximas generaciones no conozcan lo que es esta maravilla gastronómica”, apuntó la especialista.

Los pescadores industriales del Biobío han señalado que su visión sobre esta grave problemática pasa también por dotar de más y mejores técnicos, tecnológicos y humanos al Servicio Nacional de Pesca. “Es deber del Estado entregarles una mayor protección y seguridad a estos funcionarios públicos para que puedan hacer frente a verdaderas mafias que comercializan y financian la pesca ilegal”, señalaron desde el gremio.

Monserrat Jamett, agregó que es muy importante que la nueva incorpore la obligación de certificar el 100% de los desembarques de merluza y de todos los recursos pesqueros. “Esto permitirá que los chilenos estemos seguros de que la pesca que se hace en Chile es sostenible y se ajusta a las cuotas de captura fijadas por la ciencia”, concluyó.