Por Jorge Serón F. ex presidente de Corma Biobío
Vivimos en una época marcada por la desconfianza hacia la clase política y una creciente preocupación por la falta de probidad y ética en ciertas actuaciones de las nuevas generaciones que han llegado al poder. Sin embargo, más allá de enfocarnos en su falta de experiencia o capacitación respecto al funcionamiento del Estado, es necesario reflexionar sobre la dificultad que están teniendo para distinguir lo que está bien de lo que está mal.
La formación y conocimiento en el ámbito político son sin duda aspectos importantes para el ejercicio de la función pública. Sin embargo, no podemos ignorar que muchas de las conductas cuestionables que observamos en la clase política no pueden atribuirse a la falta de conocimientos técnicos o jurídicos. La raíz de este problema parece estar en una carencia más profunda: el desconocimiento o desprecio a principios éticos fundamentales y la pérdida del sentido común.
El sentido común es la capacidad de discernir de manera intuitiva y razonable lo que es adecuado y lo que no lo es en una determinada situación. Es la capacidad de entender el impacto de nuestras acciones en los demás y en la sociedad en su conjunto. Lamentablemente, parece que, en la política actual, esta capacidad se ha perdido en gran medida.
Es preocupante ver cómo ciertas acciones políticas se justifican bajo argumentos técnicos o legales, sin considerar el impacto ético que pueden tener. La búsqueda del beneficio propio, el enriquecimiento ilícito y la falta de transparencia parecen por momentos prevalecer sobre el bienestar común y la honestidad.
En este sentido, es fundamental reconocer que la ética no se limita a un conjunto de normas o reglas que se deben cumplir, sino que es una guía interna que nos permite distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. La ética permea todas nuestras acciones y decisiones, tanto en la vida privada como en el ámbito público.
La solución, no solo radica en incrementar la capacitación técnica o jurídica de los servidores públicos, sino en fomentar con fuerza una cultura de la probidad y de los valores éticos. Es responsabilidad de todos promover la ética en el actuar político y ciudadano, castigando duramente a quien o quienes no tengan el comportamiento adecuado que su función pública o la sociedad les demanda.
La ciudadanía también tiene un rol importante en este proceso. Es esencial estar atentos a las prácticas cuestionables y exigir transparencia y rendición de cuentas a nuestros representantes. La participación de la sociedad es un poderoso instrumento para promover una cultura en que la probidad sea un valor fundamental en la gestión del Estado.
Las faltas a la probidad, el privilegiar amigos y familiares y otros actos ilícitos en la política no pueden justificarse como errores o falta de capacitación. Son acciones mal intencionadas que buscan beneficios particulares y deben ser enfrentadas por la autoridad con determinación y firmeza para fortalecer las instituciones y garantizar un servicio público al servicio de todos los ciudadanos.
