Por: Viviana Véjar, profesora investigadora de Faro UDD
En vista de los últimos acontecimientos ocurridos en Chile, a propósito del millonario desfalco del cual fue protagonista la organización social “Democracia Viva”; cuya labor fundamental, según consta en su propia página web, es la de “mantener vivas las democracias en contextos hostiles”, se hace necesario abordar a un par de cuestiones que no merecen pasar desapercibidas en la discusión pública.
Dada la misión corporativa mencionada, no me puedo imaginar un contexto más hostil que el que estamos viviendo hoy: un aumento sostenido del crimen, la normalización de actos terroristas a los que se les ha denominado “violencia rural”, la sensación de inseguridad que sufre la ciudadanía, la radicalización de algunos sectores que defienden posturas ideológicas de nicho y, por supuesto, el mal uso de fondos públicos que tienen como objetivo basal el funcionar como emparejadores de cancha y no como caja pagadora de favores políticos, ni menos como botín de guerra.
Ya lo decía muy claramente el economista austríaco F.A. Hayek en su libro “Camino de Servidumbre” respecto de las intenciones de los así llamados “socialistas”; estos, defendiendo públicamente la justicia social, la igualdad y la seguridad, terminan socavando la posibilidad de distribuir riqueza porque requieren de la abolición de la propiedad privada de los factores de producción. No toman en cuenta que dichos medios para lograr tales fines constituyen un dilema de grandes proporciones, dado que la riqueza se produce y se acumulan los incentivos correctos y nunca será el Estado el creador de riquezas a menos que sus burócratas aprendan a crearla y multiplicarla a ritmos mayores que lo que demoran en gastarla.
El caso chileno ha demostrado de forma brutal que el Estado presenta fallos que son mucho más obscenos moralmente que los denominados fallos de mercado, ya que estarían malgastando el dinero que con mucho esfuerzo ha sido extraído de las rentas de todos los ciudadanos; no sólo de los que gozan de rentas altas, sino que, a través del consumo, de los ciudadanos que perciben las rentas más bajas. Este fallo del Estado se produce porque las rentas, que una vez fueron propiedad de los ciudadanos, al trasladarse a las arcas fiscales se convierten en un bien público, por lo tanto, pierden el estatus de propiedad privada y pasan a ser recursos comunes; no excluibles y rivales.
El hecho de que los recursos públicos sean no excluibles pero rivales indicaría que pueden ser usados libremente para el fin que la administración de turno determine arbitrariamente ya que, por lo general, no están obligados a realizar una rendición moral del gasto efectuado, pagando así un alto costo de oportunidad en el uso de estos recursos; a decir, si el dinero es transferido a instituciones cuyo trabajo es al menos dudoso, ese dinero ya no podrá ser utilizado para satisfacer las reales necesidades de la ciudadanía, objetivo que constituye el origen de la legitimidad de la excusa para cobrar impuestos.
La externalidad negativa que surge de este pseudo intercambio se produce ya que tanto los agentes económicos y políticos son buscadores de renta; los primeros lo hacen por medio de la eficiencia en el uso de los recursos privados, pero los segundos, lo hacen por medio del aprovechamiento de las rentas que involuntariamente fueron extraídas del bolsillo de alguien más que las ganó.
