José Pérez Debelli, presidente de la Anef, afirmó que existe un porcentaje muy significativo de la población, para la cual los servicios públicos como salud, educación, seguridad, y otros, son parte de sus vidas diarias.

Desde hace mucho que se viene hablando de la modernización del Estado y desde todos los sectores, sobre todo porque el actual contexto demanda un ente más eficiente, donde los recursos públicos sean utilizados con el sentido de urgencia que se requiere, pensando en esa ciudadanía que hoy es más demandante, donde se puedan liberar procesos burocráticos, a fin de la necesaria e indispensable acción del Estado, sobre todo en favor de los sectores más desprotegidos de nuestro país.

Así lo aprecio José Pérez Debelli, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), entidad que​ reúne a más de 70.000 miembros de todos los órganos centrales del gobierno.

En conversación con www.trade-news.cl,el dirigente nacional indicó que también existe un porcentaje muy significativo de la población, para lo cual los servicios públicos como salud, educación, seguridad, infraestructura, transporte y otros, son parte de sus vidas diarias. No obstante, lo anterior, es un profundo error establecer como sinónimos la modernización del Estado con disminuir el rol del Estado, cuestión que obedece más a una cuestión ideológica. 

Está comprobado, dijo, que la pandemia enseñó y “tenemos la certeza de la esencial labor y estratégica que cumple el Estado en favor de los derechos y condiciones de vida de las y los habitantes de nuestro país. Por eso, desde la Anef, hemos señalado que la modernización del Estado no puede ser a costa de las y los funcionarios públicos”. 

Cree que la razón del surgimiento de una jurisprudencia administrativa y judicial que permita, por ejemplo, proteger los derechos de los trabajadores públicos da cuenta de la extrema precariedad, que no se habla, y “que tenemos los funcionarios públicos, donde un 80% de las personas que se desempeñan en la profesión pública son a condición de honorarios y contrata, es decir que se van renovando anualmente”. 

– ¿La confianza legítima fue un paso adelante?

-Frente a esta realidad de profunda injusticia e inequidad en el ámbito público surge el desarrollo de criterio jurisprudencial de la Contraloría General de la República en materia de la confianza legítima, que fue una conquista sindical, y también donde se pudo relevar la importancia, en plena pandemia, de contar con un instrumento como es la tutela de derechos fundamentales, para asegurar esta protección laboral que tiene todo trabajador y trabajadora. Eso ha permitido la reincorporación de funcionarios y funcionarias, el pago de indemnización por años de servicio y sustitutiva por aviso previos, mediante la tramitación de acciones laborales a través del procedimiento ordinario del Código del Trabajo. Creemos que lo se requiere para una modernización del Estado es que coexista un accionar eficiente del servicio público, de calidad, dando un correcto uso de los recursos públicos, libre de una excesiva burocracia, de corrupción, y otros fenómenos que se oponen a la probidad. 

-Pero, además de lo anterior, ¿por dónde pasa esa modernización?

-Bueno, en primer término, por avanzar en reconocer que las y los funcionarios puedan trabajar en un adecuado clima laboral, libre de toda violencia y maltrato, como lo ratifica el convenio 190 de la OIT, donde se reconozcan sus derechos, así como su entrega y compromiso en el servicio público y con esa ciudadanía, donde acudimos. Eso permite también consolidar el proceso de superar la precariedad laboral actual, pasando a reconocer la titularidad del funcionario y funcionaria pública, en tanto desarrollamos esta función estratégica en el estado de Chile, y que permita sin duda desempeñar mejor su servicio y desarrollar esa carrera profesional con la tranquilidad que de que el producto y su esfuerzo sea reconocido y pueda permitir un sustento económico adecuado para los funcionarios y sus familias. 

– ¿Es clave reducir el Estado? ¿Menos ministerios, menos cargos? 

-Como ya lo hemos señalado desde la Anef, la modernización del Estado no significa disminuir su tamaño y capacidad, externalizando parte de sus labores o limitando su accionar sólo a aquellos ámbitos donde los privados no pueden o no quieren hacerse cargo. Esa visión del Estado subsidiario, que lo vivimos los funcionarios públicos, precariza estas condiciones laborales, externaliza las funciones estratégicas del Estado. Creemos que se mantiene presente en la actual Constitución donde ha probado implicar enormes inequidades de ciudadanas separando entre una minoría que tiene recursos, versus una mayoría que no los tiene de manera suficiente. Esta visión ideológica donde el Estado es un botín o nicho de negocios para privados ha demostrado y puede explicar el contexto actual que vive el país, donde el Estado no tiene la capacidad suficiente para garantizar de manera adecuada derechos sociales fundamentales, pero sí transferir millones de dólares vía subsidios en favor de intereses económicos, más allá de enormes esfuerzos y aumento de recursos que el Estado ha designado a educación, salud, vivienda o pensiones. 

– ¿La contratación por alta dirección, debe cambiarse?

– El sistema de alta dirección pública surge de una negociación sectorial Anef-Gobierno el año 2003, y se creó con el fin de aumentar la profesionalización de los cargos relevantes en la administración del Estado, surge la Dirección Nacional de Servicio Civil, a su vez de disminuir la excesiva discrecionalidad que hoy posee el Presidente de la República a fin de nombrar cargos de su exclusiva confianza. De esta forma, la alta dirección pública permite, a través de un proceso de designación más idóneo y transparente fundado con criterios técnicos, una continuidad de las políticas públicas más allá del cambio del signo político del gobierno de turno. El este sistema debe mantenerse. Sin duda es necesario mejorar su actual fisonomía abriendo mayores espacios para que los funcionarios y funcionarias públicos de carrera puedan optar en igualdad de condiciones a acceder a altos cargos de administración del Estado, fomentando la movilidad e incentivando la meritocracia y el reconocimiento de la labor de la función pública, donde muchas veces en condiciones muy difíciles aporta al desarrollo del país, limitación del presupuesto, poca dotación, poca presencia. También creemos que es necesaria madurez política para fortalecer la dirección nacional de servicio civil, a su equipo humano, incluso con mayor incidencia técnica en los concursos de alta dirección pública. 

– ¿Es necesario contar con gente de mayor experiencia en el aparataje público?

– La experiencia es un elemento importante y que da cuenta de funcionarios públicos que han desarrollado una trayectoria en un determinado servicio. Esto evidencia de que existen miles de personas que han estado dispuestas a dar su vida laboral a fin de aportar al desarrollo de las políticas públicas, resignificando la función del Estado y el rol esencial que éste tiene en el desarrollo de las sociedades contemporáneas. 

-Una de las quejas es la falta de empatía del Estado. Por ende, ¿cómo el Estado puede estar realmente al servicio de la gente?

-Que mejor ejemplo que el de la pandemia que nos afectó recientemente a todo el mundo y dio cuenta de la enorme importancia estratégica del Estado en la defensa y protección de los derechos de los habitantes del país, ese es el foco y el objetivo, así como sus condiciones de vida. Y por supuesto que, desde este punto de vista, hay que reconocer que el Estado más allá de sus limitaciones es hoy fundamental e incide de manera decisiva en la vida de millones de personas a través del conjunto de servicios que entregan sus organismos, tanto centralizado como descentralizado, sumando las empresas del Estado por supuesto, por tanto, creemos desde la Anef, que el Estado y sus funcionarios están y seguirán estando al servicio de las personas.