Dos de los principales gremios de la región del Biobío, representados por la Cámara de la Producción y del Comercio (CPC Biobío) y la Agrupación de Organizaciones Productivas del Biobío (AGOP), condenaron los recientes atentados contra la infraestructura crítica de la zona, como los ocurridos en el sector Confluencia de Chillán donde el puente ferroviario sobre el río Itata resultó con severos daños tras un ataque con explosivos y el registrado en la Provincia de Arauco donde desconocidos derribaron torres de alta tensión.
“Como multigremial consideramos de la mayor gravedad que hechos como estos atenten contra la infraestructura crítica, afectando la conectividad de las regiones. Este tipo de acciones terroristas, van justamente en contra del desarrollo de nuestra región, pero especialmente en contra de la seguridad de los trabajadores, de los emprendedores y afectan las certezas para quienes hacen empresa nuestra zona.
A diario, miles de familias, trabajadores, emprendedores y empresarios del Biobío nos vemos enfrentados a organizaciones que sólo buscan atemorizar a la ciudadanía con acciones violentas y desde el Gobierno no se visualizan respuestas efectivas de prevención y de seguridad”, dijeron desde la CPC Biobío.
“Hacemos un llamado al presidente Gabriel Boric y al Ministerio del Interior a gestionar respuestas efectivas de prevención y seguridad. El Gobierno debe realizar todos los esfuerzos para reestablecer a la brevedad el Estado de Derecho en el Biobío y generar acciones con mayor efectividad, ya que nos enfrentamos a organizaciones terroristas que sólo buscan amedrentar a la ciudadanía con acciones violentas que son inaceptables.”
En la misma línea, la AGOP declaró su más absoluto rechazo y solicitó a las autoridades reforzar las medidas de seguridad y prevención en las comunidades que habitan la zona.
El evento registrado en las cercanías de la Autopista del Itata, se suma a una seguidilla de hechos que contra la tranquilidad de las personas que viven y trabajan en los distintos puntos de la Macrozona Sur, es por ello que, pese a la negativa del Gobierno de invocar la Ley Antiterrorista en la presentación de sus querellas, los gremios y organizaciones productivas que integran la AGOP, invitan a las autoridades a replantearse esta determinación.
A juicio de los representantes gremiales del Biobío, los atentados que se han registrado esta semana, hablan de una estrategia organizada para infundir temor e impedir los desplazamientos por las rutas férreas y terrestres de nuestra Región, afectando no sólo el desarrollo de los sectores productivos, sino alterando la vida en las comunidades, principales víctimas de una violencia rural que parece no dar tregua en la zona. Por tanto, es fundamental que se invoque la Ley Antiterrrorista, señalan.
Reiteraron la necesidad de endurecer las acciones y líneas de persecución contra quienes resulten responsables de atentados que vulneren a la población, a sus trabajadores y su infraestructura crítica, a fin de mantener las condiciones de seguridad que establece la Constitución y las leyes vigentes.
