En julio del 2020, la Cámara de Diputados iniciaba la discusión del proyecto de retiro de los fondos de pensiones para paliar los efectos desastrosos que el Estado de Excepción Constitucional había dejado en la economía. En esa oportunidad los diputados prometían que este retiro se efectuaría de forma voluntaria y “por única vez”. Todas las miradas estaban puestas en los 13 diputados oficialistas de ese entonces que habían votado a favor de la idea de legislar sobre este proyecto de reforma constitucional. De esto han pasado ya tres años, pero aún estamos debatiendo la idea de seguir efectuando retiros, incluso a sabiendas que un 13% de los afiliados ya no tiene dinero en sus cuentas y un 33% tiene saldos inferiores a 500 mil pesos. Estamos a tiempo de frenar de una vez por todas la idea de seguir retirando los fondos de pensiones, pero al parecer no hay argumento que logre convencer lo suficiente a una parte de la población que quiere su dinero para pagar deudas antiguas o para financiar un tratamiento médico. Si alguno se atreviese a disuadir a las personas de presionar por otro retiro, la discusión se termina con la sentencia: “la plata es mía”. Es verdad que el dinero es de propiedad privada, y que bueno que así sea, pero los retiros anticipados, que fueron aprobados gracias al desenfreno populista del oficialismo, socavaron la propiedad individual de los fondos de pensiones y, con ello, la posibilidad de recibir una pensión acorde al nivel de rentas promedio percibidas durante la vida laboral activa sin tener que traspasar al fisco esa responsabilidad.
Esta situación no se puede resolver por medio de sentencias categóricas populistas en base a la dialéctica público-privada. Es imperante que el país genere recursos suficientes para financiar las pensiones de una población cada vez más longeva en Chile donde la productividad no ha ido aumentando, sino disminuyendo, y la tasa de informalidad laboral en 2022 fue de 32,4%, un 2,5% mayor que en 2021. Por tanto, ya que es un problema de índole económico, no bastan las buenas intenciones, se debe resolver aumentando la riqueza,. ¿Cómo hacemos para aumentar la productividad y reactivar el crecimiento económico? A mi juicio, saber cómo responder esta pregunta es más importante que participar en la pelea chica de si el sistema debe seguir siendo privado, mixto o completamente estatal. Un enfoque del tipo Teoría de Juegos indicaría que al menos un tercio de la población activa chilena preferirá retirar el saldo total de sus cuentas y así obligar a la clase política a legislar para modificar el sistema de pensiones por uno que sea más solidario con ellos. En el otro extremo, un 0,58% de la población que recibe rentas por sobre los 11 millones de pesos mensuales tiene resuelto el tema previsional, pero presionará para retirar sus ahorros privados en caso que el sistema mute a uno puramente estatal. En el medio se encuentra un grupo bastante heterogéneo de chilenos con rentas mensuales entre los 600 mil y los 11 millones de pesos; cuyos ahorros varían considerablemente ya que, o su saldo post retiros es insuficiente para pretender recibir una buena jubilación, o son muy abultados como para traspasarlos a un sistema de reparto. La decisión dominante en la ciudadanía será la de apoyar el sexto retiro con la secreta esperanza de recibir mejores pensiones en el futuro. A pesar que se trata de un razonamiento paradójico, el inconsciente colectivo se apaciguará por un tiempo a la espera que esto se resuelva por medio de la magia de la demagogia, aunque sabemos que la discusión de pensiones seguirá su curso populista por tratarse de un dilema de largo plazo y un problema que ninguno de los políticos realmente vive en carne propia. (sDg)
